Alfaro busca 100.000 firmas para que se intervenga a la SAT

El intendente de la Capital, Germán Alfaro, no ceja en su afán de lograr que el Gobierno provincial preste atención al servicio que brinda la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Con ese fin, ahora se propuso reunir 100.000 firmas de vecinos de San Miguel de Tucumán para, así, presentar un proyecto de ley de iniciativa popular que obligue a los parlamentarios a analizar en el recinto la intervención de la empresa estatal.

La participación de la sociedad en la confección de proyectos de ley no está prevista en la Constitución provincial, pero sí en la Carta Magna nacional. Esta, en su artículo 39, establece que los ciudadanos tienen el derecho de presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, y que el Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Luego, en su ley reglamentaria (N° 24.747), fija que la iniciativa popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral.

“El proyecto que impulsamos busca que todos los tucumanos enfrentemos el problema y hace hincapié en la intervención de la SAT, fundamentada en la demostrada ineptitud para administrarla con eficiencia. Proponemos una intervención democrática y que contemple la participación de los usuarios dentro de la estructura de la empresa”, explicó el intendente.

Para facilitar la recolección de firmas, la Municipalidad dispondrá de puestos fijos y móviles que recorrerán los barrios, a partir de mediados de esta semana (Ver “Desde el...”).

“Hoy la SAT no tiene el control de ningún organismo e institución del Estado. Es un agujero negro donde cualquier tucumano podría suponer que la SAT es utilizada como una caja política con fines electorales. Y, lo peor de todo, se les quiere aumentar la tarifa a los usuarios por un servicio que no brindan. No vamos a permitir que se pretenda aumentar la tarifa si es que primero no se realizan las inversiones”, reforzó el jefe municipal.

El texto con que se invita a los ciudadanos de la capital a firmar consta de siete artículos. En el primero, se dispone la intervención de la Sapem (Sociedad Anómina con Participación Estatal Mayoritaria) y el reemplazo del directorio de la SAT por una comisión normalizadora, integrada por tres miembros: dos legisladores (uno por el bloque de mayor representación legislativa y uno por el bloque que represente la primera minoría); y un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores debidamente inscriptas, según la Ley N° 8.479. Este último miembro, añade el texto, será seleccionado por sorteo público.

Esa comisión normalizadora deberá realizar en un plazo de seis meses un diagnóstico de la situación, una auditoría contable, y un informe con el porcentaje de cumplimiento de los planes de inversión y remitirlo al Poder Ejecutivo, a la Cámara y al Tribunal de Cuentas.

El proyecto, entre otras particularidades, también prevé que sea intervenido el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Luego, el interventor de este de control deberá dejar sin efecto cualquier modificación tarifaria por un lapso de seis meses.

Respecto de la administración de la SAT, la iniciativa aclara que la empresa será -a partir de su sanción- sometida al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia (hoy está exenta de esos controles externos).

El último artículo es el que mayor repercusión política promete generar, ya que el intendente promueve una partida de recursos para la intervención de la SAT que salga del Presupuesto de la Legislatura. “A esta intervención se la asignará una suma de $ 500 millones que deberá aportar la Legislatura. Elegimos esta vía de financiación con el convencimiento de que el presupuesto legislativo es el más holgado de la provincia, ya que tiene más de $ 2.000 millones para atender a 49 legisladores, cuando el de la Legislatura de Córdoba representa la cuarta parte para atender a casi el doble de legisladores”, ejemplificó.

Desde el jueves

Muñecas y Mendoza 
San Martín y 25 de Mayo. 
Plaza Yrigoyen
Maipú y San Martín
Plazoleta Mitre
Habrá además un puesto móvil que recorrerá los barrios, también desde el jueves.

Reclamo
Acciones judiciales por las roturas 
No es la primera vez que el intendente de la capital arremete contra el servicio de la SAT. En mayo, Germán Alfaro inició acciones legales por daños y perjuicios, debido a la destrucción de la vía pública por las pérdidas de agua potable y derrames de líquidos cloacales. El monto exigido por el municipio fue de $ 240 millones.