Un paso más para que las víctimas y sus familiares tengan la protección del Estado

La Legislatura dará un paso adelante en la búsqueda por mejorar el servicio de justicia en los tribunales provinciales para quienes sufren delitos y sus parientes. El anuncio, de todas formas, no sólo genera expectativas, sino también dudas. Y el referente de la comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, Alberto Lebbos, llevó esas preocupaciones a la Nación.

Ayer, el padre de Paulina Lebbos -una joven asesinada en 2006, cuyo caso permanece impune- fue recibido en Ciudad de Buenos Aires por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y por el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares (participó también el legislador macrista Alberto Colombres Garmendia, candidato a diputado de Cambiemos). “Vinimos a pedir ayuda, pero no sólo para nuestras causas, sino para todos los que deben atravesar esta situación”, explicó vía telefónica Lebbos, quien viajó acompañado por otras dos integrantes del comité, Sonia Rojas Edén (madre de José Alberto Rojas Edén, un joven ultimado en 2004) y Eva Giménez (su hijo, Walter Giménez, murió en 2013, en una explosión en una metalúrgica). El referente de los Familiares de Víctimas de la Impunidad comentó que si bien la Legislatura les dará hoy forma de ley a los derechos de los damnificados, se necesitan “respuestas urgentes”. Y eso fue lo que planteó ante las autoridades nacionales. “Todo ha sido recibido de muy buena forma”, indicó Lebbos. Agregó que más allá de la vía que escoja el cuerpo legislativo para poner en vigencia los derechos de las víctimas (existía la alternativa de la adhesión a una ley nacional), es clave que se cumplan tres puntos. “Exigimos asistencia en lo jurídico, en salud mental y física y también en lo económico. Hay familias que tienen que vender rosquetes para pagar fotocopias de la causa, abogados y otros costos. Las familias no pueden seguir esperando los tiempos procesales actuales”, dijo Lebbos. Y remarcó una solicitud puntual. “Se tienen que aplicar las leyes vigentes, como la de Asistencia para Adictos y Narcotráfico. Además, pedimos que se cumpla con el pago de las sentencias firmes para los jubilados. Son temas que no pueden seguir pendientes”, indicó. Advirtió que días atrás, cuando se reunió con legisladores, le habían prometido que avanzarían con esos temas.

En la sesión de hoy está todo listo para que se habiliten a partir del 1 de septiembre los derechos y garantías previstos en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) para las víctimas de delitos. “Creemos que ese capítulo se puede poner en vigencia en forma inmediata”, afirmó el peronista Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, en los fundamentos del proyecto.

El resto de la normativa procesal, que implica una renovación total del sistema de investigación y juzgamiento de los delitos, comenzará a aplicarse en forma paulatina, como requirió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La primera etapa empieza en febrero de 2018, en los tribunales de Concepción y Monteros.