Manzur dijo que Tucumán no resignará más recursos

Los celulares de la mayor parte de los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) estuvieron más que activos para realizar interconsultas de lo que puede ser una cumbre que se hará entre mañana y pasado en Buenos Aires. “Estoy muy preocupado por el impacto que el reclamo de María Eugenia Vidal puede significar para el resto de las provincias”, explicó ayer el gobernador Juan Manzur a LA GACETA, cuando fue consultado acerca del pedido de actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense que hizo la mandataria de Cambiemos. Precisamente, los gobernadores que responden al PJ están preparando la estrategia común para defender los recursos asignados de aquel fondo, ante el planteo judicial bonaerense, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien la convocatoria estaba orquestada, en un principio, entre jefes territoriales del PJ, no se descartaba que pudieran sumarse mandatarios no peronistas como el santafesino Miguel Lifschitz o el rionegrino Alberto Weretilneck.

Fuentes del peronismo señalaron a la agencia DyN que la cumbre se realizaría por la mañana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el centro porteño, o en alguna de las casas de las provincias, en línea con los encuentros que los mandatarios vienen manteniendo en los últimos meses. Hasta ayer, la fecha no estaba definida y, según reconoció el propio Manzur a LA GACETA, estarían dispuestos a esperar un día más para que al cónclave se sumen más gobernadores.

El viernes último, los fiscales de Estado de distintas provincias ratificaron en una cita su “acuerdo” para “ejercer las defensas jurídicas que le correspondan a cada una de las provincias ante la Corte Suprema, en resguardo del patrimonio provincial y los intereses de sus ciudadanos”.

En ese encuentro, el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, sostuvo que el planteo de Vidal alinea a administraciones de distinto signo -incluidos los distritos de Cambiemos- respecto a la “gran preocupación” que genera la posibilidad de que un fallo favorable a la provincia de Buenos Aires precipite un desfinanciamiento de las arcas provinciales.

En la reunión que mantuvieron a principios de este mes, los gobernadores del PJ convocaron al resto de sus pares no peronistas a acompañar la defensa de las arcas provinciales ante el reclamo de Vidal, al invitarlos a que se sumen a la posición que el sector presentará ante el máximo tribunal. Sobre esa línea de acción avanzaron en términos formales los fiscales de Estado que se congregaron el viernes último, en la antesala de la cumbre que concretarán los mandatarios peronistas.

En la demanda que realizó el año pasado ante la Corte Suprema, Vidal pidió la eliminación del tope de $ 650 millones del Fondo del Conurbano, una cifra que fue impuesta en 1995, por lo que, si el reclamo avanzara, obtendría una actualización del orden de los $ 53.000 millones.

Semanas atrás, luego de las PASO, la gobernadora aseguró que continuará con su reclamo más allá del resultado electoral. “Pelear el Fondo del Conurbano es mi responsabilidad, mi obligación. Y debió ser la obligación, que no se cumplió, de los anteriores gobernadores”, afirmó.

Manzur, en ese sentido, dijo que así como su par bonaerense defiende los derechos de su distrito, de la misma manera el resto de los mandatarios no resignarán ingresos sin compensación alguna. “Tucumán hoy no está en condiciones de resignar los $ 3.200 millones de ingresos que representan al año ese esquema fiscal”, manifestó el tucumano. Una alternativa es que sea la Nación la que contribuya a zanjar la diferencia con una compensación financiera a las jurisdicciones del interior del país.

Reclamo histórico

El Fondo del Conurbano fue sancionado en 1991 ante el reclamo del entonces vicepresidente, Eduardo Duhalde, de más recursos a la provincia de Buenos Aires como condición para presentarse como candidato a gobernador. En un principio, establecía que, además de los porcentajes fijados en la ley de Coparticipación, Buenos Aires recibiría el 10% de lo que la Nación recaudara por impuesto a las Ganancias. Como esa recaudación se incrementó mucho más que el resto de los impuestos coparticipables, en pocos años Buenos Aires tuvo un aumento de transferencias nacionales mayor a los demás estados, que plantearon su disconformidad al gobierno nacional.

El conflicto se saldó en 1995, cuando se dispuso fijar un tope de transferencias a Buenos Aires por el Fondo de $ 650 millones (por entonces equivalentes a la misma cantidad de dólares) y que el excedente se repartiera entre el resto de las provincias.

Los bonaerenses se consideraron perjudicados con la posterior depreciación del peso, ya que mientras la recaudación de Ganancias aumentó en términos nominales, siguen percibiendo los $ 650 millones de hace 22 años, en tanto el resto de las provincias reciben más recursos que antes.