Manzur minimizó el debate por la revisión de la ley que prohíbe difundir el patrimonio de los políticos

El gobernador Juan Manzur caminó hoy por Villa Urquiza. Detrás del mandatario, el equipo de Casa de Gobierno y referentes del Partido Justicialista (PJ) también se presentaron en el barrio de la capital como una manera de reforzar la actual gestión gubernamental. Justamente, el PJ perdió ante Cambiemos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13.

“Lo que les digo a los funcionarios, a todo el equipo que hoy me acompaña a gobernar Tucumán, es que hay que estar en contacto con la gente, conversar con ellos. No hay que pasar por las casas, sino entrar a conversar con las familias: ver cómo están, intercambiar propuestas, ver cuáles son sus sueños, sus esperanzas. Y en la medida de las posibilidades también darles soluciones. Hoy ven estos módulos habitaciones que ya están terminados. Es decir, mejor comodidad para las familias, que se denominan familias extendidas. Están los padres, los abuelos, los chicos se casan y la familia se agranda, conviven en el terreno hasta que tienen posibilidades de tener su casa propia. Mientras tanto hay que darles espacios y soluciones”, manifestó en la rueda de prensa.

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El titular del Poder Ejecutivo (PE) resaltó, en esa línea, las “soluciones habitacionales”. “En San Miguel de Tucumán hay que seguir eliminando las letrinas. Entonces, hay que hacer una pieza, hay que hacer un baño como corresponden”, remarcó.

Manzur hizo hincapié en esa tipo de estrategia de gestión, que apunta a la conversación con los integrantes de las familias dentro de las casas, casi las mismas características que el denominado “timbreo” de Cambiemos. Después, luego de puntualizar las necesidades de algunos vecinos, el gobernador minimizó la posibilidad de modificar la ley que prohíbe en la provincia la divulgación de las Ddeclaraciones Juradas (DDJJ) de los funcionarios.

“Es lo mismo; hay que verlo...”, respondió Manzur ante la consulta de si era necesaria la revisión de la norma.

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En nuestra provincia las DDJJ son secretas y su divulgación puede ser castigada, de acuerdo a la Ley 3.981. Desde su sanción (en julio de 1973), el país ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y el Congreso aprobó la Ley de Ética Pública (25.188, en 1999). 

El intendente de la capital, Germán Alfaro, difundió la declaración jurada que había presentado en el Concejo Deliberante cuando asumió en 2015. Informó un patrimonio de $ 2 millones, según el documento, registrado al 30 de septiembre de 2015. Antes, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (Cambiemos), había anunciado que publicarían las declaraciones juradas de todos los funcionarios municipales en el sitio web de la intendencia.