El nuevo proceso penal regirá en el sur y a partir de 2018

Los actores del Poder Judicial de Tucumán -y buena parte del poder político de la provincia- habían marcado en su calendario el 1 de septiembre. A partir de ese día estaba previsto que comenzara a ser aplicado el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), normativa que sustenta la investigación y el juzgamiento de los delitos perpetrados en la provincia. Ayer, sin embargo, se redefinió esa fecha. Además, se resolvió el lugar y la forma en que será instrumentada la normativa aprobada en 2016.

Los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur -presidente- y Antonio Estofán visitaron ayer la sede del Poder Legislativo, donde fueron recibidos por los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales -a cargo del oficialista Marcelo Caponio- y de Seguridad y Justicia -su titular es el peronista Javier Pucharras-. Tras una hora de reunión, las autoridades acordaron que el Código Procesal Penal de Tucumán debutará en los centros judiciales de Concepción y de Monteros, de manera conjunta, a partir de febrero o marzo de 2017. Con esto, según se anunció luego, los magistrados y los legisladores confían que se logrará avanzar con el novedoso régimen penal.

El presidente subrogante de la Legislatura, el oficialista Julio Silman, anunció tras el encuentro que estos asuntos serán tratados en el recinto en las próximas dos semanas. “(Es un tema) que genera expectativas. Para que los vecinos entiendan, la idea es que si se produce una (detención en) situación de flagrancia, que en dos o tres meses ya pueda haber una sentencia”, apuntó Silman.

Además de prorrogar la fecha de aplicación del nuevo CPPT, el cuerpo legislativo tratará tres proyectos de ley: uno para la creación del Colegio de Jueces; otro para la formación de la Oficina de Gestión Administrativa; y una tercera para establecer la modalidad de conclusión de causas ya en curso.

Estofán señaló que “lo operativo no es sencillo”. “Un sinnúmero de situaciones deben ser consideradas”, afirmó. Enunció, por ejemplo, que los operadores del sur tienen que ser capacitados respecto de las funciones que desarrollarán. El viernes, añadió, Gandur y el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, se reunirán con representantes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales para avanzar en ese sentido. “Lo que tenemos casi listo es la estructura inmobiliaria”, detalló Estofán. Estimó que llevará al menos un par de años “concientizar a la sociedad” sobre el nuevo régimen. “Hoy, quien formula una denuncia penal quiere ver preso al denunciado; con el nuevo código no siempre va a ocurrir eso. Se va a llamar a una audiencia de conciliación, con fiscales especializados, y quizás el tema se soluciona evitando una sanción”, indicó, en alusión a delitos menores, como hurtos. Y, tras una consulta periodística, afirmó que “si mejora el proceso judicial va a mejorar el tema de la seguridad”. Pero aclaró: “no es el único índice; nosotros no hacemos prevención, actuamos cuando se produjo el delito”.

Caponio anticipó que las comisiones legislativas ya están abocadas en la entrada en vigencia del CPPT. “Esa es la decisión política, queremos que en Tucumán no exista más la impunidad”, indicó.