El PRO quiere desafiliar a un edil por el caos en Yerba Buena

Lo sucedido el viernes pasado en Yerba Buena ha sumido al espectro político de esa ciudad en un espiral de acusaciones y de tensiones pocas veces visto desde que el radical Mariano Campero se encuentra al frente de la Intendencia. Al punto que las resonancias políticas han sido abrumadoras. Una de esas repercusiones proviene del consejo directivo del PRO. Según ese órgano, el Gobierno provincial está buscando la intervención, a través de maniobras golpistas.

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Contra ello, el presidente de ese concejo, Alejandro Avila Gallo, ha asegurado que el frente Cambiemos respalda, de forma orgánica, la gestión de Campero y de sus concejales, Marcelo Rojas y Javier Jantus. “Lamentablemente, el otro macrista de ese Concejo Deliberante, Pedro Albornoz Piossek, viene desobedeciendo, desde hace tiempo, las conductas partidarias”, expresa Avila Gallo. Y lo del viernes que pasó fue -según él- la gota que derramó el vaso.

“No vamos a tolerar el golpe institucional que pretende dar un grupo de concejales, entre los que se encuentra Albornoz Piossek. Él y sus colegas Benjamín Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico obtuvieron sus bancas con los votos de Campero y de José Cano. Dicen representar a Cambiemos, pero son títeres”, añade. Los titiriteros -a decir de Avila Gallo- son el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador en uso de licencia -y precandidato a diputado nacional por el Frente Justicialista-, Osvaldo Jaldo, y el legislador Ariel García.

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“Estos ediles fueron comprados por la billetera de Jaldo”, añade. Luego, Avila Gallo asegura que desde el seno del PRO se está impulsando la expulsión de Albornoz Piossek. Incluso, dice que hay otras presentaciones formales efectuadas por afiliados, de modo particular, con ese objetivo.

“Vamos a activar los mecanismos necesarios para expulsarlo. Es un dirigente que no representa nuestros valores”, concluye.

“La corporación actúa así”

Enterado de la movida, el edil sindicado responde que prefiere que lo expulsen, a ser cómplice. Es que, desde su perspectiva, la gestión de Campero es una de las peores en la historia de Yerba Buena. “Vaya a saber porqué razón, decidieron callar y atacar a quién les quería abrir los ojos”, evalúa Albornoz Piossek. Enseguida, se refiere a Avila Gallo para decir que se sorprendió al enterarse de las imputaciones en su contra, a las que calificó de infundadas y cobardes. “Este señor jamás fue a mi despacho. La corporación política actúa así: abroquelándose tras el poder y tratando de dejar afuera al que no participa”, afirma el concejal.

A la hora de justificar sus dichos en contra del radical Campero, Albornoz Piossek describe presuntas irregularidades. Por ejemplo, que el secretario de Gobierno Abierto y Comunicación, Pablo Macchiarola, posea una empresa crediticia (según él); o que el jefe de Gabinete, Manuel Courel, haya ordenado el pago de $ 240.000 a la consultora Realle Dalla Torre; o que la directora de Educación, Victoria Desjardins, lo haya tratado de mentiroso por denunciar que en una escuela municipal faltaban puertas. “¿Será para Avila Gallo desobediencia a las conductas partidarias el haber pedido informe sobre la contratación por $ 1 millón que hizo Campero para alquiler de impresoras?”, cuestiona el edil.

El viernes pasado, la sesión del Concejo debió ser levantada por incidentes. Según consta en la denuncia policial, vecinos se hicieron presentes para exigir la incorporación del candidato que desde el año pasado reclama que le permitan asumir en el décimo escaño, que se halla vacante. Hubo discusiones, gritos y golpes. Además, ese día por la mañana, Zelaya discutió con funcionarios municipales porque le impidieron entrar al despacho de Campero, quien se encontraba ausente por licencia.