El fiscal Gómez pide investigar al Ipvdu

Las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) tomaron cuerpo ayer en la Justicia Federal de Tucumán. Según pudo determinar LA GACETA, el fiscal general Gustavo Antonio Gómez actuó de oficio ante las declaraciones de la senadora nacional Silvia Elías de Pérez. El miércoles pasado, “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA en Canal 10, así como las sucesivas ediciones de este diario, dieron cuenta -entre otros informes- de las acusaciones de la parlamentaria radical, quien sostiene que el interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, el coordinador de Programas Federales del organismo, Lucas Barrionuevo; y el coordinador de Políticas Habitacionales de la cartera, Miguel Jiménez Augier, manejan “una estructura paralela” de la repartición.

“Lo que muestra la causa del Ipvdu es un montón de delitos a simple vista: funcionarios que han inventado empresas como Marán Constructora SRL, que en realidad son canales de corrupción”, puntualizó Elías de Pérez a LA GACETA. Ella será citada como testigo.

“Los registros de firmas como esa no coinciden, nada de nada, en ninguno de los asientos oficiales. Por ejemplo, consignan un monto de obra en el registro provincial de contratistas, pero en el Ipvdu apuntan un monto completamente diferente, y finalmente declaran un tercer monto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos”, subrayó la parlamentaria. “En los bancos, además, sus movimientos son casi nulos. Y a pesar de que la Nación se maneja casi exclusivamente mediante transferencias específicas, en estos casos encontramos enormes montos que se depositan en efectivo y por ventanilla”, recalcó.

El jefe de los fiscales federales tucumanos entiende, a partir de las declaraciones de la senadora, que se podría estar frente a la posible comisión de los delitos de estafa en perjuicio del Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de activos y evasión agravada al fisco.

Por ello, ayer le pidió al juez federal número 1, Daniel Bejas, la habilitación de la feria para actuar y le elevó el requerimiento de instrucción, es decir, la autorización para investigar si se cometieron los delitos mencionados. La presunta comisión de estos ilícitos es lo que configura, a criterio de Gómez, un caso federal.

Cuando se refiere en particular a la supuesta comisión del delito de estafa, el fiscal general sostiene que el damnificado sería no sólo el Estado nacional. A su criterio, también serían víctimas, en caso de confirmarse el ilícito, los adjudicatarios de viviendas del Ipvdu, por cuanto habrían terminando pagando por sus casos valores más elevados que los que habrían agrontado si el trámite se hubiera dado de manera transparente.