La Nación apura al PE para que adhiera a la Ley de Acceso a la Información Pública

El macrismo solicitó a la Provincia a que adhiera a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (27.275). El Ministerio de Interior de la Nación invitó por escrito a los 24 distritos del país a que confirmen su compromiso con la transparencia y la difusión de la información del Estado. “Sin dudas aquel gobierno que tiene un compromiso verdadero con la información pública es el que impulsa los mecanismos para que la gente pueda acceder a los informes. El año pasado el gobernador había expresado la voluntad de adherir a la ley en una reunión que hubo en Adepa. Hasta el momento no han avanzado en este sentido”, expresó Marina Carbajal, subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.

En el caso local, Tucumán integra el lote de las siete provincias sin ninguna legislación relativa al acceso a la información, junto a Santa Cruz, Formosa, La Rioja, La Pampa, San Juan y Mendoza.

La funcionaria macrista explicó que la ley nacional busca avanzar contra una tradición de no brindar información pública, sea por temor a represalias o por una costumbre de evitar informar sobre las decisiones de Gobierno. Carbajal relató que, mientras estudiaban la aplicación de la normativa a nivel nacional, descubrieron negocios alrededor de la información: en algunas oficinas públicas negaban la información pero derivaban a una consultora privada que cobraba por difundir expedientes.

- ¿Qué alcances tiene la ley?

- Es la norma que regula el derecho al acceso a la información pública, que es el derecho de todos los argentinos a preguntarle al Estado. Fue una ley que se aprobó el año pasado casi por unanimidad en las dos Cámaras. Casi todo el arco político la respaldó. Es fundamental para el funcionamiento del sistema democrático que los funcionarios expliquen qué hacen cuando administran fondos públicos. Estamos buscando que los mecanismos previstos en la ley nacional se repliquen en todas las provincias.

- ¿Qué respuestas tuvieron?

- La ley en uno de sus últimos artículos invita a las provincias a que se adhieran. Nosotros les enviamos cartas a todos los gobernadores para invitarlos nuevamente a que adhieran. También hicimos un relevamiento de todas las legislaciones provinciales para indicar en qué aspectos y de qué modo cada provincia puede adherirse. Para que haya acceso a la información pública tiene que haber una decisión pública de quien gobierne de facilitar el acceso y brindar la información.

- ¿Cuál es el caso de Tucumán?

- Tucumán no tiene ley de acceso a la información. Si bien hay algunos proyectos en la Legislatura, no han avanzado en ese sentido.

- ¿A qué se deben las demoras?

- Si hubiese voluntad política en esto, se avanza. La Ley de Acceso a la Información Pública fue la primera ley que el presidente Macri envió al Congreso. Se aprobó el año pasado y en octubre de este año va a comenzar a aplicarse. A nivel nacional ya estamos trabajando con los estándares de la ley. Ya creamos un mecanismo a través de internet para pedirle información al Estado nacional. Hasta hace un mes quien quería hacer una consulta tenía que dirigirse a esa oficina o despacho a preguntar. Ahora se puede hacer por internet en www.mininterior.gob.ar/acceso.

- ¿Qué cambios buscaron?

- Nos interesó modificar la cultura del empleado, para que comprendiéramos todos que tenemos la obligación de brindar información. Lo normal debe ser brindar información. A nivel legislativo buscamos que hubiese una ley que tenga el respaldo de todo el marco político, para responder a una demanda de la sociedad que entiende que cuando pide un cambio, pide un gobierno transparente.

- ¿La ley implica la difusión de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos?

- La ley tiene un capítulo de gobierno abierto, que es toda la información que el Estado debe brindar de manera espontánea, sin que la solicite nadie. Y entre esas informaciones tiene que estar la estructura del Estado, el presupuesto, las licitaciones, empleados públicos, planes sociales y declaraciones juradas, por ejemplo. Todo eso tiene que ser público de forma espontánea. Es un avance muy importante hacia la transparencia.

- Usted denunció que su subsecretaría “fue usada para adoctrinar con el relato k”, ¿los gobernadores kirchneristas se opondrán a la ley?

- Esta secretaría estaba dedicada a realizar tareas de adoctrinamiento político y toda la información que había en la secretaría en la nube, que se guardaba en servidores y en internet, fue borrada en el momento que asumimos. Es algo que se dio en todas las dependencias.

- ¿Eso no es un delito?

-Sí, pero es muy complejo. No debería destruirse la información pública, pero si está destruida es muy difícil determinar qué información existió. Una diputada kirchnerista me dijo, antes de salir al aire en un programa de tv: ‘eso es normal, es normal que cuando un ministro se va que destruyese toda la información para que no la tuviese el que seguía. Es lógico, no sé de que se quejan’. Lo veía como algo natural. Queremos cambiar esa cultura. Durante años quienes gobernaron se sintieron dueños del estado, cuando el gobernante es apenas un administrador temporal de los bienes del estado.

- ¿Los gobernadores k se opondrán a la ley?

- Recién enviamos las cartas a los gobernadores, porque claramente después de que se aprobó la ley no hubo movimientos en favor de las adhesiones provinciales. Queremos incentivarlos para que respondan a una demanda ciudadana. Creemos que, antes o después, los gobernantes van a tener que rendir cuentas y van a tener que dar explicaciones sobre cómo gobernaron. Es fundamental que en este momento, en el que vamos a elegir nuestros representantes, tenga en cuenta qué es lo esencial para que nuestro país prospere. Lo esencial es que las instituciones brinden información y previsibilidad. Este es el camino y no tiene retrocesos. Durante 10 años se debatió la ley y no se avanzó. Había un decreto que no se cumplía, por eso es importante que la gente se apropie de su derecho a conocer la información del estado.

Escasos avances locales

El lote sin normativas de transparencia.- Según el relevamiento realizado por el Ministerio de Interior de la Nación, Tucumán se encuentra entre las siete provincias que no cuentan con ningún tipo de ley o normativa que garantice el acceso a la información sobre la gestión de gobierno. Nuestra provincia comparte el lote junto con Santa Cruz, Formosa, La Rioja, La Pampa, San Juan y Mendoza. Desde el macrismo buscan que estos gobiernos adhieran a la ley de Acceso a la Información Pública y que encaren reformas al sistema político y electoral. Un caso testigo es el de Santa Cruz. En el acuerdo fiscal firmado recientemente con la gobernadora Alicia Kirchner, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, le reclamó que adhiriera a la ley para darle transparencia a las cuentas públicas y que derogue la ley de lemas. Una situación similar sucedió cuando el gobernador, Juan Manzur, se encontraba en Casa Rosada junto con un grupo de intendentes tucumanos, y el presidente, Mauricio Macri, pidió eliminar el sistema de acoples.

Más de 40 años de declaraciones juradas secretas.- En Tucumán las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos que están obligados a presentarlas son secretas. Así lo establece la ley 3.981, sancionada el 27 de julio de 1973. La normativa provincial nunca fue reformada, pese a que en los casi 44 años desde su aprobación en el país se ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), y el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999). En el apartado s) del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), se establece que las declaraciones juradas de los funcionarios obligados a presentarlas deben estar disponibles en las páginas web de los organismos y despachos públicos.

Feput había presentado un proyecto de ley de ética pública.- La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) presentó en 2013, a través del entonces legislador José Páez (Democracia Cristiana), una iniciativa de Ética Pública. Entre otros puntos, el proyecto de ley promovido por la organización establecía la “La incompatibilidad de los funcionarios mencionados y la integración en empresas concesionarias de obra pública o proveedores del estado, incluyendo cónyuges y parientes hasta el 2º grado”. La iniciativa no llegó a recinto aún.