El Gobierno podría pagar los terrenos de las familias desalojadas en San Pedro

El delegado comunal de San Pedro de Colalao, Luis Andrada, dijo que existe la posibilidad de que el Gobierno provincial realice una mediación en el conflicto que se desató en esa localidad tras el desalojo de 16 familias. Esta situación puso en estado de alerta a las comunidades indígenas de toda la provincia.

Ayer, la Justicia hizo efectivo un desalojo en un predio cercano al río Tipa, en esa localidad del norte tucumano. Allí vivían 16 familias que integran una comunidad originaria. Según Andrada, la Comuna les había dado tenencias precarias de terrenos a estas personas. Según él, en los planos comunales, esas tierras figuran como fiscales.

“La paz social se quebró en estos momentos. Esta gente no tiene dónde vivir. La colonia sería uno de los lugares posibles para alojarlos, pero hasta ahora no tuvimos respuesta del ministro (de Educación, Juan Pablo Lichtmajer). El legislador (oficialista) Enrique Bethencourt está mediando en la situación y el Gobierno tendría la buena predisposición de pagar por los terrenos”, explicó el delegado.

El delegado comunal explicó que las personas desalojadas constituyen un grupo social muy desfavorable. “Es gente que no tiene trabajo, que vive de changas. Ahora están en casas de parientes, no tienen a dónde ir. A mí, como delegado comunal, nunca me vinieron a plantear por qué metí gente en una finca", agregó. 

Según se informó, la medida fue solicitada por la fiscal Adriana Cuello Reinoso, de la Fiscalía de Instrucción de la VI Nominación del Centro Judicial de la capital. El desalojo, ordenado finalmente por el juez de Instrucción II Eduardo Albo.

Por su parte, Juan Luis Fernández Valderrábano, el dueño de las tierras que fueron desalojadas, acusó al delegado comunal de haber entregado sus terrenos de manera ilegal: "es algo insólito lo que pasó. Andrada vende tierras que son mías con total libertad y nadie hace nada", protestó.