Ediles de Concepción suben un 300% sus ingresos

El Concejo Deliberante de Concepción aprobó una ordenanza que promete aumentar la escalada de tensión con el Departamento Ejecutivo municipal. La norma, si bien autoriza a la Intendencia a ampliar con la Provincia la vigencia del Pacto Social, incorpora un artículo que impone la obligación de que se destine a las cuentas del órgano deliberativo, y en concepto de gastos de funcionamiento, un 1,75% de todo lo que ingrese a las arcas municipales. En esencia, la nueva disposición -aprobada con nueve votos a favor- representará un incremento del 300% de los fondos que reciben los ediles para cubrir los gastos de papelería, de buffet y sociales, entre otros.

Hasta ahora, al Concejo local se le acreditaban mensualmente unos $ 178.000. Pero, con la nueva medida, ese monto ascendería a aproximadamente $ 531.000, según aseguró el secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera. Este total se deduce de los $ 394,5 millones anuales que involucra la firma del Pacto Social con la Provincia. De acuerdo al funcionario, el cuerpo legislativo demanda al municipio por año, con pago de dietas a los ediles, sueldos a empleados y asesores, $ 21 millones. Ahora, con los $ 6,9 millones que representará ese 1,75% otorgado, se elevará a $ 28 millones.

“El incremento es una barbaridad. Con esta medida, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad pasa a constituirse en el más caro de la provincia”, acotó Herrera, a la vez presidente de la junta de Gobierno local de la Unión Cívica Radical (UCR).

El secretario de Gobierno municipal adelantó que el intendente, Roberto Sánchez (Cambiemos), está dispuesto a vetar el artículo incorporado a la ordenanza de ampliación del Pacto Social. “Es irritante además que la ampliación del convenio sólo sea por tres meses, cuando en todos los municipios se lo aprueba por año. Esto genera, como ahora, demoras en la efectivización del pago de haberes. Y si la vetamos en forma parcial, la postergación de pago será por mucho más tiempo”, advirtió el funcionario.

El Pacto Social es una herramienta de auxilio financiero que instrumenta la Provincia en algunos municipios, que comprometen sus fondos de coparticipación, y que les permite garantizar el pago de sueldos. Cada Concejo Deliberante debe facultar a los intendentes a suscribir con el Gobierno el convenio de adhesión al Pacto.

“Hacemos una vaquita”

“Lo que pedimos no es ninguna exorbitancia porque en otros municipios el porcentaje que se le garantiza a los concejos ronda el 3% de lo que ingresa al municipio. Aquí se nos viene depositando de acuerdo al capricho del intendente”, retrucó el edil Adolfo Saracho (FpV), vicepresidente del órgano deliberativo.

“Esta decisión va de la mano de la necesidad de autonomía de nuestro cuerpo. No es posible que para conseguir recursos para nuestro funcionamiento tengamos que andar mendigando en la Intendencia”, apuntó. “Tampoco es admisible que cada vez que tenemos que asistir a alguna persona frente a alguna urgencia, o también frente a otras necesidades, entre todos nos veamos obligados a hacer vaquita”, graficó Saracho. “En la Intendencia a mucha gente no se la atiende y por eso recurren a nosotros. Entonces, además de realizar nuestra tarea legislativa debemos hacer contención social”, justificó el edil.

La decisión del Concejo de incorporar un artículo que obligue a la Intendencia a depositar el 1,75% de lo ingresa al municipio contó con el apoyo de todos los ediles del Frente para la Victoria (siete en total) más dos de los radicales disidentes José Calcagni y Alfredo Estéfano, indentificados con la línea del legislador Ariel García. En contra votó el macrista Ramiro Beti, único oficialista que se encontraba en el recinto durante la votación.

“Va a quedar firme”

La disposición de los concejales, a pesar del veto parcial que tiene en mente el intendente Sánchez, puede quedar firme.

Saracho aseguró que el cuerpo tiene mayoría para rechazar el veto del Ejecutivo. En consecuencia, la ordenanza entraría en vigencia por la insistencia del Concejo. “Hasta ahora todo indica que la ordenanza va a entrar en vigencia. Al menos los números nos favorecen. Esto siempre y cuando no ocurran cosas raras y asomen algunas sorpresas”, advirtió el edil.

Este nuevo conflicto entre el cuerpo legislativo y ejecutivo municipal estuvo precedido por los chisporroteos que desató la decisión de los ediles de dejar sin efecto la licencia de concejal que beneficiaba al secretario de Obras Públicas de la intendencia, Miguel Abboud. La medida obligó al funcionario a renunciar a su banca la semana pasada.