En Concepción revocan la licencia del edil que asumió como funcionario

“Inexplicable y caprichosa”. Así definió el intendente de Concepción Roberto Sánchez (Cambiemos) a la decisión del Concejo Deliberante de esa ciudad de dejar sin efecto la licencia como concejal que beneficiaba a su secretario de Obras Públicas, Miguel Abboud.

El funcionario será notificado de lo resuelto en la jornada de hoy y deberá reintegrarse a su banca en la próxima sesión ordinaria. En su lugar viene desempeñándose Rubén Comolli. Sin embargo, Abboud no descartó que, ante la intempestiva medida, presente su renuncia como edil.

“Lo que hizo el Concejo no es ni siquiera una movida política. No tiene ninguna explicación”, insistió Sánchez. “A Abboud lo necesito en el cargo que asumió. Una vez que recibamos la comunicación del Concejo, veremos la actitud a adoptar”, agregó.

El cuerpo deliberativo tomó la decisión en la sesión del jueves pasado, al aprobar por ocho votos contra cuatro el proyecto presentado por la edil Vanesa Cabrera (FpV).

Abboud salió electo por el frente Cambiemos y a poco de asumir su banca pidió licencia para quedar al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la intendencia local. En esa ocasión, el Concejo -por unanimidad- resolvió concederle el permiso hasta el 2018. Sin embargo, Cabrera planteó la necesidad de que Abboud retorne a cumplir con el cargo legislativo para el que fue elegido. La iniciativa de la oposición se consolidó con el voto de los radicales disidentes José Calcagni y Alfredo Estéfano, que integran el frente Cambiemos.

Intereses políticos

“Aunque aún no recibí la comunicación del Concejo Deliberante, voy a ver si me queda el recurso de apelar a la ordenanza que dispone poner fin a mi licencia, en clara contraposición de otra que me adjudicó un permiso hasta el 2018”, dijo Abboud.

Según entiende, la decisión esconde intereses políticos. “Esta decisión no tiene un sustento sólido o comprensible. Asoma claramente como una reacción a los pedidos de informe de nuestros ediles sobre el manejo de fondos que están llegando al Concejo desde la Provincia. Son dineros para el pago de un Subsidio Social a 110 empleados que iban a ser dejados cesantes por el municipio”, retrucó el aún funcionario”. “Sobre el tema hay muchas cuestiones que se tienen que aclarar y eso al parecer no le gustó a la oposición, principalmente a las autoridades que disponían del dinero”, insistió.

Enseguida, el secretario de Obras Públicas remató: “si no tengo nada que hacer frente a lo dispuesto por los concejales, voy a privilegiar las obras públicas del municipio y presentaré mi renuncia a la banca”. “Tenemos varios frentes de trabajo en la ciudad y por esta cuestión que se me generó no se pueden demorar”, cerró.

A cobrar en la Caja

A causa del polvaredal que desató el pedido de informe de los ediles oficialistas Alejandro Molinuevo y Ramiro Beti, sobre el manejo de los recursos que envía la provincia para el pago de los 110 empleados, el cuerpo apeló a una nueva modalidad de pago a ese personal.

El presidente del organismo deliberativo, Carlos Fúnez, fue facultado a través de un decreto para realizar un convenio con las autoridades de la Caja Popular de Ahorros de la provincia, a fin de que esa entidad sea la que haga efectivo los pagos a las personas que perciben el subsidio otorgado por el gobierno de la provincia.

Fúnez además deberá realizar la apertura de una cuenta en la entidad crediticia y elevar toda la documentación correspondiente a ese procedimiento. A través de la disposición del cuerpo legislativo, se explicó que la medida a la necesidad de “transparentar la situación de los beneficiarios en cuanto al cobro de la asignación, que es de carácter provisorio, y sacar de la órbita del Concejo Deliberante la carga del pago de estos”.

Fúnez ya firmó el convenio con las autoridades de la Caja Popular de Ahorros ayer al mediodía.

En la última sesión, además, el Concejo aprobó un proyecto de ordenanza para que todos los funcionarios públicos municipales deban presentar declaraciones juradas de bienes.

Una prerrogativa constitucional

¿Las licencias tienen sustento legal?
Sí. La posibilidad de que los legisladores y concejales tomen licencia fue incorporada por el alperovichismo a la Constitución provincial durante la reforma de 2006.

¿Qué dice el artículo 61 de la Constitución?
“La Legislatura podrá otorgar licencia a un legislador para desempeñar un cargo o función en otro poder del Estado nacional, provincial o municipal”.

¿La vacante debe ser cubierta?
Sí. El artículo 61 reza que se puede cubrir provisoriamente esa banca durante el tiempo que dure la licencia con el candidato que le suceda en su lista”.

¿Hay un uso masivo de esa posibilidad?
Entre 2011 y 2015, el 20% de los legisladores dejó su banca, amparándose en el artículo que les permite hacer uso de una licencia.

¿La situación se replica en los municipios?
En la Capital, Carolina Vargas Aignasse (secretaria de Gobierno), Armando Cortalezzi (Caja) y Carlos Assán (secretario de Saneamiento) pidieron licencia.

¿Hubo conflictos en otras ciudades?
Sí. En Yerba Buena, la vacante de Lisandro Argiró (es secretario de Gobierno) aún no se cubrió por una puja política entre ediles opositores y la Intendencia.

¿Cómo puede solucionarse esa disputa?
El radical Rodolfo Aranda reclama desde hace ocho meses que el Concejo, en sesión, lo deje asumir. Ante la negativa, acudió al fuero contencioso administrativo.