“Empieza a surgir la voz de las víctimas que fuimos selectivamente olvidadas”

El juicio oral denominado “Operativo Independencia”, que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del golpe militar gestado en la fase final del gobierno de Estela Martínez de Perón, contiene en sus expedientes los nombres de más de 270 víctimas del terrorismo de estado y de al menos 18 acusados por distintos hechos. Ayer, sin embargo, en el recinto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), se escuchó otra cara de la historia.

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar del atentado familiar, de la figura de mi papá, ante un tribunal. Entonces, siento que la voz de las víctimas que hemos sido selectivamente olvidadas empieza a surgir. Aunque más no sea porque me citaron como testigo de contexto”, le narró a LA GACETA Silvia Ibarzábal. Su padre, el coronel (post mortem) Jorge Roberto Ibarzábal, fue ultimado en 1974, luego de permanecer unos 10 meses secuestrado. Según Silvia, existen pruebas de que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue responsable de su asesinato. Por eso, la bonaerense, que es vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina, reclama que esos hechos también sean revisados judicialmente. Ayer, por lo pronto, les entregó a los miembros del tribunal una carta escrita por su padre y varias fotografías referidas al lugar donde estuvo secuestrado.

Los captores interceptaron a entonces el teniente coronel Ibarzábal en Azul, provincia de Buenos Aires, en enero de 1974, y lo ejecutaron en la localidad de Quilmes, en noviembre de ese año, durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, en un control vial, según relató la hija de Ibarzábal ante la Justicia Federal de Tucumán.

- ¿Cómo vivió su declaración?

- Aunque parezca raro, lo viví muy bien. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar del atentado familiar. Fue para explicar cómo era el contexto de la época, nuestra experiencia familiar. Primero me preguntaron cómo habían sido los hechos. Mi papá estuvo secuestrado 300 días, y finalmente lo mataron. Lo hizo el ERP. Yo (en aquel momento) tenía 18 años, así que no era una criatura. Y además pude entregar una carta de mi papá, que me la aceptaron (como prueba). Porque por él no pedían dinero, sino un canje por guerrilleros que habían sido detenidos de forma legal. En esas cartas dice que en general lo trataban bien, pero mi papá pesaba 35 kilos menos cuando lo mataron. Ellos lo tenían en pozos, debajo de sótanos, y pasó dos o tres meses en estos jaulones (exhibe las fotocopias de las fotos). Estas cárceles “del pueblo” no se conocen.

- ¿Cómo murió su padre?

- Lo matan en un control de ruta. Él iba metido dentro de un armario metálico, amordazado, con los ojos vendados. Lo estaban cambiando de una cárcel “del pueblo” a otra. En un control de ruta se produce un tiroteo (entre los captores y las fuerzas de seguridad). Entonces, quien conducía el vehículo, abrió el armario y lo mató de tres tiros en la cara con una “Magnum .357”.

- ¿Siente que debería existir un ámbito judicial en el que pueda narrar estos hechos desde otra perspectiva, no como testigo?

- Creo que cada vez sale más en los medios el tema de la década de los 70. Y creo que es un tema que está pendiente. Somos una importante cantidad de personas que han sido asesinadas, mutiladas; de familias destrozadas. Y somos selectivamente olvidadas. Es una responsabilidad y una deuda que tiene la dirigencia política, incluso para con generaciones más jóvenes. Tienen que saber qué pasó en Argentina, sin ideologizar, y determinar “acá pasó esto”. Y que luego cada uno saque sus conclusiones.

- En Tucumán y en cuerpos legislativos de todo el país se está determinando por ley que fueron 30.000 los desaparecidos durante la dictadura. ¿Por qué no hay una cifra divulgada sobre las víctimas de grupos revolucionarios?

- Los números nosotros los tenemos. Pero de verdad nos costó mucho en la última década publicarlo. Muchos tratan de ocultar lo ocurrido con anterioridad a 1976. Pero los números están ahí y los ha difundido en su momento un portal de noticias (a su lado, un cartel consigna “1.094 civiles muertos por el terrorismo”). Pero sí necesitamos que se instale, como los otros números. Me refiero a los de la Conadep. No a los 30.000 que ahora nos quieren obligar a mentir por ley.