Qué dice la cláusula gatillo en los acuerdos salariales que preocupa a la Provincia

La inflación no cesa y mantiene en vilo a la provincia. Sucede que a los inconvenientes económicos que genera en la población y en los sectores productivos se suma que todos los acuerdos salariales cerrados con los diferentes sectores de los trabajadores estatales incluyen una cláusula “gatillo”.

La disposición permite efectuar ajustes en los números si es que el índice anual supera hasta fines de año el 23%, porcentaje promedio de incremento acordado por el Ejecutivo y los gremios para los más de 100.000 empleados públicos. El Gobierno incluyó un sistema inédito de doble revisión, que implicará que en el caso de que la inflación siga creciendo las sumas se acomoden de manera automática, sin necesidad de que se reabran las negociaciones.

Preocupación

El secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin, reconoció que la inflación es un tema de “enorme preocupación” por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en general. “Si cae el mercado interno y la recaudación, complica al sector privado, a las arcas del Estado y es el peor de los escenarios. Creemos que algunas de las medidas de la macropolítica económica deberían apuntar a recuperar el mercado interno”, consideró el funcionario.

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, explicó que efectivamente existe la preocupación por el indicador económico. “Siempre dijimos que queremos que a la Nación le vaya bien y este es uno de los puntos: que acierte la política económica porque, de lo contrario, los problemas son para todos los argentinos; no distingue de provincia ni de bandería política. Es lo que más nos preocupa”, manifestó.

Doble revisión

En las actas de los acuerdos firmados se estipula reconocer la diferencia entre la tasa de inflación acumulada desde enero 2017 (calculada como la variación en el nivel general del índice de Precios al Consumidor publicada por el Indec) y el porcentaje de suba otorgado. Amado detalló que las revisiones automáticas se harán en septiembre y en noviembre. “Será tanto para el básico, como para las sumas fijas para los trabajadores que las tengan. Si está muy por encima del 17% a fin del año quedará más que probado que le erraron a las políticas económicas y a eso lo sufre todo el país”, afirmó el ministro.

Esto determinará que, por ejemplo, si la inflación en septiembre ya suma el 25%, se sumarán a los salarios dos puntos extra de suba.

Descreimiento

Tanto parte de los gremios como los funcionarios reconocieron que el máximo previsto por la Nación, del 17%, para todo el año, no era creíble. “Nunca creímos que la inflación sería menor, por eso acordamos con los gremios esta cláusula. Igual estos puntos que podrían sumarse no solucionan el problema, quiere decir que estamos en problemas”, concluyó Amado.

David Toledo, representante de ATEP en el Frente Gremial Docente, aseguró que siguen de cerca los números de la economía. No dudó en que los porcentajes pactados deberán ser ajustados. Explicó que, entendía, el ajuste se realizaría una vez alcanzado el 18% de inflación.

“Ya veíamos venir esta situación”, lamentó Marcelo Sánchez, de ATE. “Estábamos convencidos de que los tarifazos de los servicios serían un disparador de la inflación. A esto se suma la falta de compromiso de los empresarios y comerciantes con la gente y de los grandes capitales, como los supermercados. Es insostenible. Seguramente la inflación alcanzará el 30%”, pronosticó.

Francisco Osorio, secretario de negociación de UPCN, admitió que están muy preocupados. “No vemos que cuanto menos se está manteniendo. Tememos que cuando se den estos nuevos aumentos en los servicios, el resto de la suba ya haya sido comida por la inflación. El tema es que frenen la inflación porque nos está poniendo en una situación muy difícil”, expresó.

De acuerdo con un informe difundido por el Indec hace una semana, la inflación de abril fue de 2,6% y alcanzó 27,5% en los últimos 12 meses en el área metropolitana.

Mientras que respecto de diciembre de 2016, la inflación acumula un incremento este año del 9,1%. Más de la mitad de la meta fijada por el Gobierno para todo el año (del 17%, según la proyección del Banco Central).