09 Mayo 2017
Un parte de prensa breve comunicó la marcha atrás. Facundo Maggio no será juez de Instrucción en lo Penal N°2 de esta capital. El gobernador Juan Manzur desistió del nombramiento y, según anunció, hoy retirará el pliego que había remitido a la Legislatura para que prestara su acuerdo. Por medio de la página web de la Secretaría de Comunicación Pública, el Gobierno explicó que, si bien la postulación de Maggio no había recibido objeciones en el proceso de preselección sustanciado en el Consejo Asesor de la Magistratura, daba de baja la designación “por los reclamos surgidos de distintos ámbitos de la sociedad”. El proceso fue detenido justo cuando la comisión legislativa se disponía a analizar el pliego.
“No me parece prudente hacer comentarios”, dijo Maggio ayer. La primera resistencia a su nombramiento provino de los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf. “La decisión confirma lo que venimos advirtiendo: el oficialismo se cubre de cualquier investigación instalando a sus amigos en los puestos clave”, dijo Canelada la semana pasada. “Con la designación del sobrino de Edmundo Jiménez se muestra la continuidad de un camino que se ha iniciado hace 12 años, y que Manzur avala y refuerza: un camino para asegurarse impunidad y, paralelamente, para aniquilar la Justicia independiente”, insistió.
El Poder Ejecutivo decidió convertir a Maggio, defensor de imputados de delitos de lesa humanidad, en juez penal en coincidencia con la emisión de la sentencia polémica “Muiña”: el destinatario del nombramiento incluso fue el primero en solicitar en Tucumán la aplicación del beneficio del 2x1 para su cliente Carlos Eduardo Trucco (se informa por separado). Este proceder alimentó las críticas en los organismos de derechos humanos. La propia secretaria gubernamental del área, Érica Brunotto, había repudiado el fallo “Muiña”.
Maggio, quien es oriundo de Buenos Aires, se radicó en la provincia al contraer matrimonio con Eloísa Rodríguez Campos, relatora y sobrina del ministro público fiscal Jiménez. Durante la gestión de José Alperovich, y mientras su tío político era ministro de Justicia y de Gobierno, Maggio ingresó al Poder Ejecutivo para alejarse en 2012 por la polémica que generó su intervención como defensor de imputados en el juicio “Arsenales II-Jefatura II”. Humberto Rava, entonces secretario de Derechos Humanos, consideró que aquel rol era incompatible con la pertenencia al Gobierno de Alperovich.
A partir de entonces, Maggio ejerció la abogacía (intervino en los procesos penales resonantes “Rigourd” y “Viroche”) y la docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Este año había ingresado en la terna para el Juzgado N°2 que lidera Carolina Ballesteros y cierra Juan Carlos Nacul. A los 20 días de recibir el terceto, Manzur se decantó por Maggio. La vuelta atrás revive las chances de la defensora Ballesteros y del letrado Nacul de controlar un despacho sensible para el fuero penal de Tucumán y vapuleado por las auditorías recientes con resultados negativos, que está acéfalo desde 2012.
“No me parece prudente hacer comentarios”, dijo Maggio ayer. La primera resistencia a su nombramiento provino de los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf. “La decisión confirma lo que venimos advirtiendo: el oficialismo se cubre de cualquier investigación instalando a sus amigos en los puestos clave”, dijo Canelada la semana pasada. “Con la designación del sobrino de Edmundo Jiménez se muestra la continuidad de un camino que se ha iniciado hace 12 años, y que Manzur avala y refuerza: un camino para asegurarse impunidad y, paralelamente, para aniquilar la Justicia independiente”, insistió.
El Poder Ejecutivo decidió convertir a Maggio, defensor de imputados de delitos de lesa humanidad, en juez penal en coincidencia con la emisión de la sentencia polémica “Muiña”: el destinatario del nombramiento incluso fue el primero en solicitar en Tucumán la aplicación del beneficio del 2x1 para su cliente Carlos Eduardo Trucco (se informa por separado). Este proceder alimentó las críticas en los organismos de derechos humanos. La propia secretaria gubernamental del área, Érica Brunotto, había repudiado el fallo “Muiña”.
Maggio, quien es oriundo de Buenos Aires, se radicó en la provincia al contraer matrimonio con Eloísa Rodríguez Campos, relatora y sobrina del ministro público fiscal Jiménez. Durante la gestión de José Alperovich, y mientras su tío político era ministro de Justicia y de Gobierno, Maggio ingresó al Poder Ejecutivo para alejarse en 2012 por la polémica que generó su intervención como defensor de imputados en el juicio “Arsenales II-Jefatura II”. Humberto Rava, entonces secretario de Derechos Humanos, consideró que aquel rol era incompatible con la pertenencia al Gobierno de Alperovich.
A partir de entonces, Maggio ejerció la abogacía (intervino en los procesos penales resonantes “Rigourd” y “Viroche”) y la docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Este año había ingresado en la terna para el Juzgado N°2 que lidera Carolina Ballesteros y cierra Juan Carlos Nacul. A los 20 días de recibir el terceto, Manzur se decantó por Maggio. La vuelta atrás revive las chances de la defensora Ballesteros y del letrado Nacul de controlar un despacho sensible para el fuero penal de Tucumán y vapuleado por las auditorías recientes con resultados negativos, que está acéfalo desde 2012.
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