El PJ ventila que acordó con la Corte una reforma clave

El texto de la ley 8.983, que dividió el Ministerio Público y habilitó la creación de un jefe para los fiscales y de otro para los defensores oficiales, permaneció un mes y una semana con su formato original.

Ayer, como consecuencia de los planteos judiciales de la oposición y de una polémica acordada emitida por la Corte Suprema de Justicia provincial (CSJT), el bloque oficialista Tucumán Crece se vio obligado a plantear modificaciones en esa norma, con el fin de intentar que deje de ser “inaplicable”, como había declarado el alto tribunal.

Entre otros cambios, se “reintegró” el poder de superintendencia a la CSJT por encima del ministro fiscal y del ministro de la defensa -es decir, se limitó la autonomía de estos nuevos órganos-; se estableció que los funcionarios de estas áreas se incorporarán mediante concurso; y se reformuló la denominación de algunos puestos estratégicos, con miras a la implementación del reformado Código Procesal Penal de Tucumán.

Las correcciones, sin embargo, no dejaron satisfechos a todos los opositores, que terminaron votando divididos. Según un sector de la UCR y del PRO, la norma sigue favoreciendo al icónico ex funcionario de la gestión de José Alperovich, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien ejerce a la vez como ministro de la defensa (el cargo, recién creado, está acéfalo).

Más allá de las polémicas, el oficialismo ventiló que, para avanzar con esta “re-reforma” judicial, hizo consultas a la Corte Suprema y al Ministerio Público, aunque no se dieron a conocer en los últimos días reuniones formales con esos magistrados por este tema.

“Este proyecto viene a modificar la ley que incorporó el desdoblamiento del Ministerio Público en Ministerio Fiscal y Ministerio de la Defensa”, explicó el justicialista Fernando Juri, autor de la iniciativa. Señaló que, con miras a la aplicación del nuevo régimen procesal penal provincial, es crucial que cada órgano tenga su propio jefe. Y reconoció que, a partir de una acordada de la CSJT y de los planteos judiciales de la oposición, se decidió readecuar el texto vigente. “Hemos iniciado una serie de gestiones con miembros de la Corte, con el mismo ministro fiscal actual, con legisladores y con funcionarios judiciales, a fin de lograr lo mejor para la aplicabilidad de esta ley”, remarcó Juri. Agregó que, con los cambios propuestos, se quedaba a salvo de cualquier objeción.

José María Canelada, jefe del bloque de la UCR, propuso un dictamen de minoría con una estructura alternativa. Advirtió que, más allá de las alteraciones, la declaración de inconstitucionalidad sigue “latente” en el texto oficialista. Sus “correligionarios” Adela Estofán, Eudoro Aráoz y Rubén Chebaia votaron con él por la negativa. También el macrista Luis Brodersen. El resto de la oposición acompañó al bloque Tucumán Crece, luego de que se modificara un párrafo del proyecto, tras una propuesta del radical Fernando Valdez.

Las claves de la disputa

¿Qué es el Ministerio Público?
Es el órgano que representa los intereses de la sociedad en la Justicia. Tiene dos funciones: la acusación y la defensa oficial. 

¿Quiénes lo conforman?
El Ministerio Público prepara y promueve la acción de la Justicia a través de los fiscales y los defensores oficiales. Hasta febrero tenían el mismo titular.

¿En qué órbita del Estado funciona?
Forma parte del Poder Judicial de Tucumán. Tiene un estatus jurídico semejante al que poseen la Junta Electoral y el Consejo Asesor de la Magistratura.

¿Cuándo comenzó el conflicto?
Cuando el oficialismo dividió por ley el Ministerio Público en dos y emancipó a los órganos de los controles administrativos que ejercía la Corte Suprema

¿Por qué fue dividido?
El Ministerio Público unificado (defensores y fiscales) es incompatible con el Código Procesal Penal provincial aprobado en 2016. 

¿Cuál fue la polémica?
Opositores objetaron el grado de autonomía administrativa otorgado a los ministros públicos. La Corte indicó (vía acordada) que el texto era inaplicable

¿Qué modificaciones se aprobaron?
El oficialismo aprobó la modificatoria que ordena que sea la Corte la que ejerza la superintendencia, como marca el artículo 121 de la Constitución provincial. 

¿Se zanjó la polémica?
No, porque algunos opositores insisten en que la división continúa favoreciendo al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez. 

¿Quiénes asumen en los dos órganos?
Edmundo Jiménez contiunará como jefe de los fiscales. Estará a cargo de los defensores oficiales hasta que se designe al jefe de ese Ministerio Público.