02 Febrero 2017
NISMAN. La Justicia retomó la causa presentada por el fallecido fiscal. REUTERS
BUENOS AIRES. Tras dos años de permanecer paralizada, ayer se reactivó la causa que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex miembros del Gobierno por presunto “encubrimiento” de ciudadanos iraníes imputados por el atentado a la AMIA.
El juez federal Ariel Lijo ordenó que se concreten 49 medidas de prueba. Esas posibles evidencias habían sido dejadas de lado por el ex juez de la causa, Daniel Rafecas, cuando cerró el expediente, después de la muerte de Nisman.
Entre las pruebas pedidas por el juez hay allanamientos, citaciones de testigos y cruces de llamados entre los denunciados.
Lijo decidió también delegar la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá llevar adelante las medidas. Pollicita había sido quien solicitó originalmente la producción de las pruebas, el 13 de febrero de 2015 mediante un dictamen de 62 carillas.
El 29 de diciembre, la Sala I de Casación Penal -integrada por los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- ordenó desarchivar el caso.
El 14 de enero de 2015, Nisman había denunciado a Fernández de Kirchner, al entonces canciller Héctor Timerman; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque; al dirigente Luis D’Elía; al referente de Quebracho, Fernando Esteche; al supuesto agente de la ex SIDE Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia.
En la presentación, basada en escuchas telefónicas, Nisman los acusó de intentar exculpar a los acusados iraníes por el ataque a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento entre la Casa Rosada y Teherán (2013). El objetivo, sostenía, era incrementar los negocios bilaterales. Cuatro días más tarde y en la víspera de presentarse ante el Congreso para defender su acusación, el fiscal apareció muerto en su departamento, hecho que se investiga en otra causa para determinar si se suicidó o lo mataron. (Télam)
El juez federal Ariel Lijo ordenó que se concreten 49 medidas de prueba. Esas posibles evidencias habían sido dejadas de lado por el ex juez de la causa, Daniel Rafecas, cuando cerró el expediente, después de la muerte de Nisman.
Entre las pruebas pedidas por el juez hay allanamientos, citaciones de testigos y cruces de llamados entre los denunciados.
Lijo decidió también delegar la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá llevar adelante las medidas. Pollicita había sido quien solicitó originalmente la producción de las pruebas, el 13 de febrero de 2015 mediante un dictamen de 62 carillas.
El 29 de diciembre, la Sala I de Casación Penal -integrada por los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- ordenó desarchivar el caso.
El 14 de enero de 2015, Nisman había denunciado a Fernández de Kirchner, al entonces canciller Héctor Timerman; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque; al dirigente Luis D’Elía; al referente de Quebracho, Fernando Esteche; al supuesto agente de la ex SIDE Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia.
En la presentación, basada en escuchas telefónicas, Nisman los acusó de intentar exculpar a los acusados iraníes por el ataque a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento entre la Casa Rosada y Teherán (2013). El objetivo, sostenía, era incrementar los negocios bilaterales. Cuatro días más tarde y en la víspera de presentarse ante el Congreso para defender su acusación, el fiscal apareció muerto en su departamento, hecho que se investiga en otra causa para determinar si se suicidó o lo mataron. (Télam)
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