06 Enero 2017
CRUCE. Jaldo habilita el puente del río Singuil (Escaba). La lluvia hizo estragos allí en 2016, como en Aguilares. twitter @OsvaldoJaldo
“Desde hace 12 años, durante los tres meses del verano, los habitantes de este vecindario nos dedicamos a sobrevivir y a ver cómo, inexorablemente, los escasos bienes materiales que podemos adquirir son devorados por las aguas, ante la desidia de nuestras autoridades”.
Quienes describen ese dramático escenario son seis vecinos de un barrio Santa Rosa, de Aguilares. En representación de las 120 familias que sufren los desbordes del río Chico, los ciudadanos Cristian Jesús Coronel, Paula del Valle Orqueda, Josefa Rosa Ovejero, Hilda Verónica Campos, Jesús Orlando Nieva y Antonia Felisa Toranzo plantearon una acción de amparo colectivo en mesa de entradas de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Por esa vía, exigen que el Gobierno provincial “cese en su omisión (de realizar obras), que lleva más de una década, ante las inundaciones recurrentes y periódicas, que se repitieron de forma sistemática en los últimos 12 períodos estivales, y tome los recaudos necesarios, sin dilaciones ni excusas burocráticas”.
Con el patrocinio de los abogados Bárbara Steimberg y Macario Santamarina, los pobladores del barrio Santa Bárbara, situado a la vera de la ruta 38, solicitaron a los vocales Horacio Castellanos y Salvador Ruiz que consideren la demanda en contra de la Provincia como caso de feria, debido a que consideran sus bienes y sus vidas en riesgo permanente.
Unos 500 vecinos
El vecindario está situado a cinco kilómetros de la ciudad de Aguilares. Allí residen unos 500 pobladores, de los cuales 15 sufren discapacidades físicas o mentales. “Ponemos en conocimiento (del tribunal) este dato relevante, para que se evalúe que la situación dramática aquí expuesta tiene todos los aditamentos necesarios para convertirse en una tragedia”, describieron. Y añadieron: “si a la fecha no lamentamos la pérdida de vidas humanas es de pura casualidad, y no podemos suponer que la ‘suerte’ estará siempre a nuestro favor”.
Si bien aclararon que los desbordes y sus graves consecuencias llevan más de una década, remarcaron que lo vivido en 2016 fue muy grave. “Desesperados porque el nivel de las aguas no bajaba y nadie venía a ayudarnos, salvo los bomberos (voluntarios de Aguilares), realizamos un corte en el terraplén y calzada de la ruta 38, para crear un conducto por donde el agua pudiera salir”, recordaron. Expusieron que, debido a la interrupción en el tránsito, autoridades nacionales, provinciales y municipales rubricaron un acta acuerdo para “realizar obras que permitan solucionar la situación”. “Tristemente, una vez restituido el paso vehicular, nada más se hizo. Y los olvidados de siempre seguimos olvidados”, cuestionaron los vecinos. Señalaron que incluso debieron subirse a los techos en ocasiones para salvarse de que los llevara la corriente.
A modo de prueba, adjuntaron informes según los cuales el agua alcanza 1,80 metro de altura. Esos documentos detallan que hubo dos inundaciones en 15 días en el último verano, y que en la segunda crecida “estas familias lo perdieron absolutamente todo, ya que los daños ocasionados por el agua son irreparables en algunas viviendas, al igual que (la destrucción) de electrodomésticos, ropa, calzados, etcétera”. Con estos argumentos, pidieron que la Provincia asegure los derechos de los vecinos del barrio Santa Bárbara. “(Requerimos) la garantía de que un poco de agua no se va a llevar todo, otra vez”, plantearon.
Quienes describen ese dramático escenario son seis vecinos de un barrio Santa Rosa, de Aguilares. En representación de las 120 familias que sufren los desbordes del río Chico, los ciudadanos Cristian Jesús Coronel, Paula del Valle Orqueda, Josefa Rosa Ovejero, Hilda Verónica Campos, Jesús Orlando Nieva y Antonia Felisa Toranzo plantearon una acción de amparo colectivo en mesa de entradas de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Por esa vía, exigen que el Gobierno provincial “cese en su omisión (de realizar obras), que lleva más de una década, ante las inundaciones recurrentes y periódicas, que se repitieron de forma sistemática en los últimos 12 períodos estivales, y tome los recaudos necesarios, sin dilaciones ni excusas burocráticas”.
Con el patrocinio de los abogados Bárbara Steimberg y Macario Santamarina, los pobladores del barrio Santa Bárbara, situado a la vera de la ruta 38, solicitaron a los vocales Horacio Castellanos y Salvador Ruiz que consideren la demanda en contra de la Provincia como caso de feria, debido a que consideran sus bienes y sus vidas en riesgo permanente.
Unos 500 vecinos
El vecindario está situado a cinco kilómetros de la ciudad de Aguilares. Allí residen unos 500 pobladores, de los cuales 15 sufren discapacidades físicas o mentales. “Ponemos en conocimiento (del tribunal) este dato relevante, para que se evalúe que la situación dramática aquí expuesta tiene todos los aditamentos necesarios para convertirse en una tragedia”, describieron. Y añadieron: “si a la fecha no lamentamos la pérdida de vidas humanas es de pura casualidad, y no podemos suponer que la ‘suerte’ estará siempre a nuestro favor”.
Si bien aclararon que los desbordes y sus graves consecuencias llevan más de una década, remarcaron que lo vivido en 2016 fue muy grave. “Desesperados porque el nivel de las aguas no bajaba y nadie venía a ayudarnos, salvo los bomberos (voluntarios de Aguilares), realizamos un corte en el terraplén y calzada de la ruta 38, para crear un conducto por donde el agua pudiera salir”, recordaron. Expusieron que, debido a la interrupción en el tránsito, autoridades nacionales, provinciales y municipales rubricaron un acta acuerdo para “realizar obras que permitan solucionar la situación”. “Tristemente, una vez restituido el paso vehicular, nada más se hizo. Y los olvidados de siempre seguimos olvidados”, cuestionaron los vecinos. Señalaron que incluso debieron subirse a los techos en ocasiones para salvarse de que los llevara la corriente.
A modo de prueba, adjuntaron informes según los cuales el agua alcanza 1,80 metro de altura. Esos documentos detallan que hubo dos inundaciones en 15 días en el último verano, y que en la segunda crecida “estas familias lo perdieron absolutamente todo, ya que los daños ocasionados por el agua son irreparables en algunas viviendas, al igual que (la destrucción) de electrodomésticos, ropa, calzados, etcétera”. Con estos argumentos, pidieron que la Provincia asegure los derechos de los vecinos del barrio Santa Bárbara. “(Requerimos) la garantía de que un poco de agua no se va a llevar todo, otra vez”, plantearon.
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