03 Enero 2017
Lázaro Báez, nuevamente procesado. ARCHIVO.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que la Justicia procesó al empresario Lázaro Báez por evasión de aportes previsional y que dictó el embargo por $ 33 millones.
A través de un comunicado, al destacar que se trató de una causa iniciada por el organismo, la AFIP hizo hincapié en que la ley Penal Tributaria prevé una pena de dos a seis años de prisión para este tipo de delitos.
El viernes pasado, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, decretó el procesamiento de Báez -en calidad de autor o instigador- del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 33 millones.
También fueron procesados Martín Báez, hijo de Lázaro, y el abogado Julio Mendoza, a quienes se les trabó embargo por $ 29 y $ 24 millones, respectivamente.
El procesamiento y embargo alcanzó a las empresas Austral Construcciones, Alternativa, Alucom Austral, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesión de Biancalani Adelmo, Epsur, Don Francisco, M&P, Valle Mitre y Servicios Integrales Alem, destacó la AFIP.
“La resolución fue adoptada en función de haber corroborado que 15 empresas del denominado Grupo Báez habían retenido los aportes correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia por una suma cercana a los $ 230 millones, los cuales no eran ingresados al Fisco o se ingresaban con posterioridad a los plazos establecidos por ley, configurando en ambos supuestos el delito previsional", resaltó la AFIP.
El ente recaudador remarcó que, a criterio del juez, "todas las sociedades habrían estado integradas por personas físicas que habrían intervenido en las mismas a pedido de Lázaro Báez, quien además en algunas de aquellas, poseía la calidad de socio privilegiado, en otras de representante legal y en otras la de administrador de hecho".
También se destacó la presencia de diversos actos societarios de firmas relacionadas económicamente entre sí, que obedecen a una voluntad social similar y en relación a la misma obligación tributaria.
Lázaro Báez está preso desde abril último, en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en un expediente en donde tiene dos procesamientos confirmados y el juez Sebastián Casanello pretende que su caso sea llevado a juicio oral.
El empresario también fue procesado hace una semana junto con la ex presidenta Cristina Fernández, por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado.
A través de un comunicado, al destacar que se trató de una causa iniciada por el organismo, la AFIP hizo hincapié en que la ley Penal Tributaria prevé una pena de dos a seis años de prisión para este tipo de delitos.
El viernes pasado, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, decretó el procesamiento de Báez -en calidad de autor o instigador- del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 33 millones.
También fueron procesados Martín Báez, hijo de Lázaro, y el abogado Julio Mendoza, a quienes se les trabó embargo por $ 29 y $ 24 millones, respectivamente.
El procesamiento y embargo alcanzó a las empresas Austral Construcciones, Alternativa, Alucom Austral, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesión de Biancalani Adelmo, Epsur, Don Francisco, M&P, Valle Mitre y Servicios Integrales Alem, destacó la AFIP.
“La resolución fue adoptada en función de haber corroborado que 15 empresas del denominado Grupo Báez habían retenido los aportes correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia por una suma cercana a los $ 230 millones, los cuales no eran ingresados al Fisco o se ingresaban con posterioridad a los plazos establecidos por ley, configurando en ambos supuestos el delito previsional", resaltó la AFIP.
El ente recaudador remarcó que, a criterio del juez, "todas las sociedades habrían estado integradas por personas físicas que habrían intervenido en las mismas a pedido de Lázaro Báez, quien además en algunas de aquellas, poseía la calidad de socio privilegiado, en otras de representante legal y en otras la de administrador de hecho".
También se destacó la presencia de diversos actos societarios de firmas relacionadas económicamente entre sí, que obedecen a una voluntad social similar y en relación a la misma obligación tributaria.
Lázaro Báez está preso desde abril último, en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en un expediente en donde tiene dos procesamientos confirmados y el juez Sebastián Casanello pretende que su caso sea llevado a juicio oral.
El empresario también fue procesado hace una semana junto con la ex presidenta Cristina Fernández, por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado.
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