Jueces y letrados exigen un veto al gobernador

En el mismo día y como hacía años no ocurría, una ley sancionada con impulso del oficialismo cosechó el rechazo -por separado- de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) y del Colegio de Abogados de la Capital. Ambas instituciones exigieron al gobernador Juan Manzur que vete la reforma que agrava el proceso de destitución de jueces en el Jurado de Enjuiciamiento o Jury. Tanto la AMT que encabeza la camarista Marcela Ruiz como el Colegio que preside Marcelo Billone criticaron que el órgano encargado de destituir a los magistrados haya sido modificado en forma inconsulta y reiteraron que el cambio lesiona la independencia judicial. La entidad profesional fue todavía más lejos, y pidió además al gobernador que impida la puesta en marcha de los nuevos juzgados de primera instancia en lo laboral y en lo contencioso administrativo.

En la penúltima sesión del año, el oficialismo remodeló el Jurado, instituto incorporado a la Constitución en la reforma de 2006 que nunca llegó a juzgar a ningún juez acusado de mal desempeño. La ley hasta ayer no promulgada suspende en forma automática al magistrado acusado en la comisión de Juicio Político de la Legislatura y le impide recusar a los jurados -esa facultad permanece en pie sólo para el denunciante-. Responden al Gobierno nueve de los 12 miembros del comité legislativo y cinco de los ocho integrantes del Jury. Respecto de esta reforma, tanto el Colegio como la Asociación expresaron que carece de justificación suficiente y que no se entiende su premura.

“La reforma del Jurado de Enjuiciamiento impone restricciones arbitrarias; desnaturaliza el proceso de enjuiciamiento, y abre paso a un eventual avasallamiento de los principios máximos de inocencia, igualdad, defensa en juicio, además de propiciar la vulneración del sistema republicano y federal previsto en la Constitución de la Nación”, dijeron la presidenta Ruiz y el secretario Hernán Molina. Las autoridades de la AMT precisaron que la enmienda cuestionada no tenía parangón en el resto del país. Y advirtieron: “si no es vetada, los magistrados se verán inhibidos de fallar de manera imparcial, y de cumplir correctamente sus deberes y funciones por temor a ser removidos”.

Respecto de la creación de la primera instancia laboral y en lo contencioso administrativo, Billone y el secretario Guillermo Arévalo dijeron a Manzur que esa modificación del organigrama debió ser tratada por la comisión de reforma procesal no penal que encabeza el legislador oficialista Marcelo Caponio, coautor de las leyes objetadas -los otros son Julio Silman y Guillermo Gassenbauer-. Las autoridades del Colegio sostuvieron que en lo atinente al fuero laboral se dejaba sin efecto apresuradamente un mecanismo con más de 20 años de vigencia y que fue pionero en la materia, sin que pueda vislumbrarse la ventaja: “ni siquiera hay un diagnóstico serio sobre los problemas que afronta dicho fuero y cómo vendría esta reforma a solucionarlos. En cuanto a la creación de juzgados en lo contencioso administrativo, luce aún más precario el criterio seguido en tanto pareciera que el único beneficiado de esta propuesta sería el Estado”.

Preocupación en el foro

La reacción de las entidades acaece un día después de que trascendiera que el oficialismo prepara otra ley para habilitar el nombramiento discrecional de jueces temporarios o subrogantes. Ese panorama generó inquietud en el Colegio, que ayer también pidió al vicegobernador Osvaldo Jaldo la remisión de la iniciativa que, si prospera, permitirá al Gobierno saltear los concursos para cubrir los despachos judiciales acéfalos -también por la suspensión automática del magistrado sometido al Jury-, tanto en el caso de las oficinas existentes como de las creadas recientemente.

Sin contar los 18 juzgados nuevos en lo laboral y en lo contencioso administrativo, hay 234 cargos de jueces de primera y de segunda instancia, de fiscales y de defensores oficiales. En el presente existen 58 oficinas vacantes (el 25% del total): el Gobierno acumula nueve ternas pendientes de definición -en mayo nombró jueces por primera y última vez- mientras que el Consejo Asesor de la Magistratura sustancia 49 procesos de preselección de magistrados.

Los cambios que aprobó la Legislatura

¿Qué implica la modificación a la ley de Jury?

Una vez promulgada la norma, si la comisión de Juicio Político de la Legislatura eleva la acusación al Jury, se procederá a la suspensión automática del magistrado.

¿Cuántos votos requerirá esa suspensión?

Para ratificar una acusación, la comisión legislativa de Juicio Político necesita ocho de los 12 votos posibles. El oficialismo tiene nueve miembros en ese comité.

¿Hubo otros cambios al Poder Judicial?

Sí. El oficialismo impulsó la creación de 18 juzgados de primera instancia: 12 en el fuero laboral y seis en lo contencioso administrativo. 

¿Cuáles fueron los argumentos del cambio?

Los legisladores oficialistas afirmaron que la modificación respondía a la necesidad de instaurar la “doble instancia” de revisión judicial en esos fueros.

¿Qué postularon los opositores?

Salvo el sector afín al intendente Alfaro, que apoyó al oficialismo, la oposición advirtió que el gobierno busca “colonizar” el fuero contencioso y amedrentar a jueces.