La estafa de las universidades

Juan María Segura - Columnista invitado

Siguiendo la investigación y denuncia realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan sobre 52 de las 55 universidades nacionales de Argentina, días pasados fui invitado a comentar la noticia en vivo en un canal de televisión. Sin meterme en el detalle de la denuncia, ni en la naturaleza y magnitud de lo investigado, me animaba a participar la oportunidad de hablar del rol que las universidades en una sociedad. Más precisamente, del rol de nuestras universidades en nuestro país. Por muchos motivos (a veces soy tan ingenuo…), me quedé con las ganas, así que aquí van mis reflexiones.

Las universidades nacionales, públicas y privadas, están organizadas en su funcionamiento a través de la Ley de Educación Superior número 24.521, sancionada en 1995. El encuadre normativo y regulatorio del sistema universitario es, en principio, explícito, claro y fácil de controlar. El artículo 29 sostiene que ‘...las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional...’, y el inciso c) sostiene que deben ‘...administrar sus bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes que regulan la materia…’. A su vez, el artículo 30 indica que ‘…las instituciones universitarias nacionales solo pueden ser intervenidas...’ cuando se presentan los siguientes casos: ‘...a) conflicto insoluble del o de la institución que haga imposible su normal funcionamiento, b) grave alteración del orden público, c) manifiesto incumplimiento de la presente ley...’. A su vez, el artículo 48 indica que ‘...las instituciones universitarias nacionales ... solo pueden crearse ... en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa…’. Finalmente, el artículo 58 es contundente al señalar que ‘…corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad…’. Por lo tanto, el texto del artículo 59 que señala que ‘...las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera…’ no significa que puedan hacer lo que quieran con el dinero, sino que posee una libertad administrada, pudiendo asignarlo a aquellas acciones y programas que mejor validen su condición de tales, y que mejor oferta académico-científica reporten para el país y para la comunidad específica que atienden.

Si la denuncia de Marijuan se comprueba en alguna de las instituciones bajo investigación, en principio el camino a seguir parecería claro: intervención establecida por el Congreso, reemplazo de autoridades (seguramente algunos de los responsables deberán dar cuenta de sus actos) y normalización de su funcionamiento como casas de estudio. Tal vez hasta se logre concluir que la creación de alguna de ellas no se corresponde con un estudio de factibilidad previo. Queda claro que las universidades nacionales (y cualquier institución financiada con aportes del Tesoro Nacional) no pueden deambular por la vida creyendo que el dinero llueve, y que pueden hacer con él lo que plazca o mejor convenga al gobierno o amigo de turno.

Dicho esto, me quedo pensando cuál es la verdadera estafa de las universidades: que eventualmente se utilicen algunas de ellas para delinquir, valiéndose de una normativa que pocos observan y de un sistema de auditoría débil o connivente, o que la mayoría de ellas no honre su tarea trascendental de formar ciudadanos capacitados para enfrentar la vida adulta con responsabilidad cívica y herramientas/competencias relevantes. En una encuesta realizada en el II Congreso de Educación y Desarrollo Económico, publicada en junio pasado, se pudo saber que el 63% sostiene que la universidad está mal coordinada con la escuela, el mundo del trabajo, el deporte y las artes; que el 72% sostiene que la universidad no innova en formatos institucionales, utilización de tecnologías, prácticas pedagógicas o diseños curriculares; y que el 76% afirma que la universidad no desarrolla capacidades de emprendedorismo. O sea, no solo a la universidad ingresan exclusivamente quienes poseen recursos económicos suficientes (solo el 1% de los ingresantes al sistema universitario corresponde al último quintil socioeconómico de la población), sino que además son instituciones que se han alejado de la misión fundamental y primaria que las justifica: prepara para el mundo del trabajo y la vida adulta. En la citada encuesta, el 59% sostiene que lo que enseña en las universidades argentinas, a partir de los 5 años ya no tiene valor ni relevancia.

¿Es posible que asistamos pasivamente a esta mega estafa? ¿Es posible que estemos discutiendo si los títulos se obtienen en buena ley, o se ‘compran’? Por supuesto que no todas las universidades son iguales, como tampoco lo son todos los alumnos y profesores. No está bien generalizar, lo sé. Pero, ¿no le resulta sintomático que las universidades argentinas brillen… por su ausencia en los rankings globales? Hace algunas décadas, nuestra universidad pública emblemática, la UBA, formaba premios Nobel como Leloir. En los últimos años debimos incluir cursos de lectocomprensión en el CBC, por la pobre calidad general de los alumnos ingresantes en el dominio de esta competencia. Finalmente, hace solo 4 años mientras trabajaba dentro de una universidad, publiqué una columna en un diario advirtiendo sobre este tema. Imagine dónde terminé…