Por Carlos Páez de la Torre H
04 Diciembre 2016
EL MENSAJERO DEL CONGRESO. La ilustración de Fortuny representa a Grimau y Gálvez al galope, antes de que lo asaltaran los artiguistas.
Un verdadero problema para el Congreso de las Provincias Unidas, durante su etapa de 1816 en San Miguel de Tucumán., fue la actitud de los diputados por Córdoba. Como se sabe, se trataba de Miguel Calixto del Corro, Eduardo Pérez Bulnes, Juan Antonio Cabrera y Jerónimo Salguero.
Provincianos recalcitrantes, eran francos opositores a un gobierno centralizado en Buenos Aires, y por eso simpatizaban resueltamente con el caudillo oriental, José Gervasio Artigas. Este, aunque no había podido evitar (como lo logró en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) que Córdoba designase diputados al Congreso, ejercía desde tiempo atrás fuerte influencia en su política.
La provincia, por lo demás, estaba en constante agitación. Debió soportar, a lo largo de 1816, dos alzamientos artiguistas, liderados por Juan Pablo Bulnes (hermano del congresal Pérez Bulnes), uno contra el gobernador José Javier Díaz y el otro contra su reemplazante, Ambrosio Funes. Estas graves cuestiones dieron tensión a las deliberaciones del Congreso, e inquietaron tanto a sus integrantes como a los jefes del Ejército del Norte y del Ejército de los Andes.
Asalto al correo
Los problemas, iniciados en agosto de 1816 con el primer motín de Bulnes, se acentuaron al mes siguiente. A comienzos de setiembre, el coronel Cayetano Grimau y Gálvez, quien llevaba a Buenos Aires documentación remitida por el Congreso, fue asaltado y despojado de esos papeles en territorio cordobés y por soldados artiguistas. Agravó la cuestión el hecho de que el congresal Del Corro se hallaba en las proximidades, con escolta armada, y no movió un dedo para impedir el asalto.
El suceso llegó a conocimiento del Congreso en la sesión del día 3, narrado en un oficio del Director Supremo, brigadier Juan Martín de Pueyrredón, quien aseguraba que haría todas las investigaciones para esclarecerlo. Cuando se supo que Pueyrredón había encargado indagar el asunto al gobernador Díaz, objetó esa medida Antonio Sáenz. A su juicio, Díaz era “sospechoso de parcialidad”. Esteban Gazcón lo apoyó y subrayó que el asunto era cuestión del Congreso y no del Director. Propuso que el cuerpo nombrara una comisión para organizar el proceso, y establecer si Del Corro estaba o no “manchado con tan infame nota”. Sin éxito, Cabrera se opuso: entendía que el Congreso “no puede ser juez en causa propia”.
Una “facción”
En la sesión siguiente, del 6, se trató quiénes formarían aquella comisión. Cabrera y Pérez Bulnes se opusieron a que la integraran tres diputados designados por la presidencia, y postularon que fuera uno por cada provincia. Esto suscitó “un incidente desagradable”, dice “El Redactor”, agravado por producirse en sesión pública.
Cabrera insistió en su criterio sobre la comisión, y advirtió que, si no se lo seguía, en nombre de su provincia declaraba nulo cuanto se actuara. El estallido se produjo cuando agregó que recelaba de la existencia de un “partido”, o “parcialidad”.
El diputado Pedro Medrano, indignado, exigió que aclarase si esa “parcialidad” estaba dentro del Congreso, a lo que Cabrera contestó afirmativamente, tras recordar la inviolabilidad de sus opiniones como diputado. El cuerpo halló “injuriosas” sus apreciaciones. José Darregueyra fue más allá. Afirmó que “instauraba querella criminal” contra Cabrera porque, si lo que decía era cierto, él se retiraría de una corporación “incapaz de inspirar confianza a los pueblos”. Además, pidió Antonio Sáenz que el cuerpo declarase “si las expresiones del señor Cabrera eran criminosas y ofensivas de su autoridad y respeto”.
Largos debates
Al día siguiente, el 7, Gazcón propuso que se requirieran explicaciones a Cabrera: si se trataba de una opinión, que la fundase, y si era denuncia, que la probara. Entonces, terció José Mariano Serrano. A su criterio, la palabra de un diputado era inviolable. Si había “facción”, no sólo era libre de denunciarla, sino que constituía su deber hacerlo. Pero no podía obligárselo a presentar pruebas porque, si efectivamente existía “el complot que supone”, nunca podría lograr un fallo justo del Congreso.
El presidente Pedro Carrasco propuso votar si la inviolabilidad de opiniones protegía cualesquiera expresiones de un diputado, “tengan la trascendencia que tengan, sin estar sujeto a ser juzgado por ellas”. Añadió que no concurriría a acuerdo alguno hasta que no se definiese sí existía o no una “facción” en el cuerpo. Intervino entonces Juan José Paso. Afirmó que si la había, era urgente delatarla; pero constituía “un agravio criminal y punible” imputarla calumniosamente, dado que la libertad de palabra no autorizaba a decir cualquier cosa.
El fundamento
A moción de Paso, en la sesión del 9 el Congreso declaró que el cuerpo no podía desentenderse de la tacha de “facción” y, al contrario, debía investigar semejante agravio. Se acordó que Cabrera fundamentase por escrito su opinión, si era tal. Y si era denuncia, proporcionara pruebas que indicasen el nombre de los comprometidos.
En la sesión del 12 se recibió un oficio de Cabrera. Decía que el concepto de sus expresiones era que “entre los representantes había algunos prevenidos contra el diputado Corro, de cuyo juzgamiento se trataba”.
Daba, como ejemplo, el hecho de que los diputados porteños habían resistido el regreso de Del Corro -a pesar de los reclamos de la diputación de Córdoba- y lo seguían manteniendo comisionado ante Santa Fe, a pesar de que el Congreso no ratificaba los tratados que firmó esa provincia con Buenos Aires. Esta afirmación fue contradicha enérgicamente por Medrano y Tomás de Anchorena. Hubo debate y se resolvió, finalmente, que vista la exposición de Cabrera, “queda el Soberano Congreso libre de la nota de partido, ofensiva de su respeto dignidad y conciencia”.
La acusación
Estaban pendientes, de todos modos, los casos de Pérez Bulnes y de Salguero, quienes opinaban como Cabrera, y el Congreso, el 16, los intimó a expedirse, verbalmente o por escrito. El 17 se tomó conocimiento de que los diputados de Córdoba querían separarse del Congreso y volver a su provincia para requerir instrucciones. Se exigió entonces a Pérez Bulnes y Salguero que especificarán por escrito las causas de esa postura. Las expusieron, y eran similares a las de Cabrera. El cuerpo resolvió debatirlas y, mientras lo hacía, los cordobeses se retiraron. La resolución fue que, por ser falsas sus razones, “se les mande continuar en la asistencia al Congreso, bajo apercibimiento, por lo tocante al señor Cabrera, sin perjuicio de lo que corresponda además providenciar”.
Luego procedieron a votar una proposición: supuesta la falsedad de las causas que exponen los diputados por Córdoba “¿qué providencias se tomarán para precaver los males que amenaza su comportación a la salud pública?”. Se acordó oficiar al Gobierno y Cabildo de Córdoba para que pasaran un pliego de acusación ante la Junta Electoral. El diputado Teodoro Sánchez de Bustamante confeccionaría esa presentación, adjuntando los documentos del caso. Su informe se leyó el 18, tras indicar a los diputados cordobeses que se retirasen de la sala.
Cargos y ausencias
Dichos diputados (luego se hizo la excepción con Salguero) fueron excluidos luego de los debates sobre las medidas militares a tomarse ante el alzamiento de Bulnes. Según un oficio del gobernador Funes (sesión secreta del 29 de octubre), alguien informaba a los insurrectos sobre las disposiciones reservadas del Congreso a su respecto. Y el general Manuel Belgrano (sesión secreta del 13 de setiembre) había afirmado que, sospechosamente, Pérez Bulnes había solicitado al teniente Crisóstomo Lafinur, “un estado de la fuerza del Ejército”.
Cabrera dijo a Pedro Castro Barros -y este lo reveló en sesión secreta del 30 de setiembre- que el Congreso lo había “tratado con ignominia”, y que “le pesarán los efectos” de tal actitud. Además (secreta del 2 de noviembre), afirmó que no dársele intervención en los asuntos de Córdoba (o sea en las medidas contra Bulnes) constituía “un perjuicio” a su provincia y agraviaba la “delicadeza” de su conducta. Y que por eso tachaba de nulo cuanto se resolviera sobre ese tema.
Cabrera empezó a espaciar demasiado su concurrencia a las sesiones. El 11 de noviembre se resolvió intimarlo otra vez a concurrir. El 12 -tres días antes del segundo alzamiento de Bulnes en Córdoba- se negó a votar “hasta que se le conteste una propuesta que ha hecho”. En cuanto a Del Corro, se presentó el 14 de enero de 1817, trayendo los poderes del diputado por San Luis, Juan José de Isasa. Pero el diputado Paso objetó su presencia en la sala. En la sesión secreta de ese día, Sáenz dijo que, “como se hacía en todo cuerpo colegiado”, correspondía que se mandase retirar a Del Corro del recinto, al existir una causa criminal en su contra por el asalto al mensajero del Congreso.
La cesantía
Es sabido que el Congreso, a comienzos de 1817, trasladó su sede a Buenos Aires. Los diputados por Córdoba se opusieron a la mudanza. Cabrera sostenía, sintetiza Enrique Udaondo, “que el propósito encubierto de los que querían llevarlo a Buenos Aires, era el de trabar sus operaciones y restringir su libertad”.
La última sesión pública de Tucumán se realizó el 24 de enero de 1817, y la última secreta el 4 de febrero. La preparatoria en Buenos Aires fue el 12 de abril y la solemne de apertura el 12 de mayo. Los diputados Cabrera, Pérez Bulnes y Del Corro no habían aceptado la mudanza y pasaron de Tucumán a Córdoba, no sin que varios de sus colegas (especialmente los porteños) respiraran aliviados. El procurador de Córdoba, Antonio de Arredondo, pidió que se los declarara cesantes, cosa que hizo el Congreso. En cambio, Salguero partió a la capital con sus colegas.
Recién el 25 de noviembre de 1817 llegaron los nuevos diputados por Córdoba. Juró Salguero como reelecto, y luego lo hicieron los flamantes, licenciado Benito Lascano y doctor Alejo Villegas. Los debates sobre “la facción” y sobre el caso Del Corro no se reiteraron y nunca se resolvieron definitivamente. Otras preocupaciones concentraron la atención del Congreso en Buenos Aires. Sobre todo, el dictado de una Constitución.
Provincianos recalcitrantes, eran francos opositores a un gobierno centralizado en Buenos Aires, y por eso simpatizaban resueltamente con el caudillo oriental, José Gervasio Artigas. Este, aunque no había podido evitar (como lo logró en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) que Córdoba designase diputados al Congreso, ejercía desde tiempo atrás fuerte influencia en su política.
La provincia, por lo demás, estaba en constante agitación. Debió soportar, a lo largo de 1816, dos alzamientos artiguistas, liderados por Juan Pablo Bulnes (hermano del congresal Pérez Bulnes), uno contra el gobernador José Javier Díaz y el otro contra su reemplazante, Ambrosio Funes. Estas graves cuestiones dieron tensión a las deliberaciones del Congreso, e inquietaron tanto a sus integrantes como a los jefes del Ejército del Norte y del Ejército de los Andes.
Asalto al correo
Los problemas, iniciados en agosto de 1816 con el primer motín de Bulnes, se acentuaron al mes siguiente. A comienzos de setiembre, el coronel Cayetano Grimau y Gálvez, quien llevaba a Buenos Aires documentación remitida por el Congreso, fue asaltado y despojado de esos papeles en territorio cordobés y por soldados artiguistas. Agravó la cuestión el hecho de que el congresal Del Corro se hallaba en las proximidades, con escolta armada, y no movió un dedo para impedir el asalto.
El suceso llegó a conocimiento del Congreso en la sesión del día 3, narrado en un oficio del Director Supremo, brigadier Juan Martín de Pueyrredón, quien aseguraba que haría todas las investigaciones para esclarecerlo. Cuando se supo que Pueyrredón había encargado indagar el asunto al gobernador Díaz, objetó esa medida Antonio Sáenz. A su juicio, Díaz era “sospechoso de parcialidad”. Esteban Gazcón lo apoyó y subrayó que el asunto era cuestión del Congreso y no del Director. Propuso que el cuerpo nombrara una comisión para organizar el proceso, y establecer si Del Corro estaba o no “manchado con tan infame nota”. Sin éxito, Cabrera se opuso: entendía que el Congreso “no puede ser juez en causa propia”.
Una “facción”
En la sesión siguiente, del 6, se trató quiénes formarían aquella comisión. Cabrera y Pérez Bulnes se opusieron a que la integraran tres diputados designados por la presidencia, y postularon que fuera uno por cada provincia. Esto suscitó “un incidente desagradable”, dice “El Redactor”, agravado por producirse en sesión pública.
Cabrera insistió en su criterio sobre la comisión, y advirtió que, si no se lo seguía, en nombre de su provincia declaraba nulo cuanto se actuara. El estallido se produjo cuando agregó que recelaba de la existencia de un “partido”, o “parcialidad”.
El diputado Pedro Medrano, indignado, exigió que aclarase si esa “parcialidad” estaba dentro del Congreso, a lo que Cabrera contestó afirmativamente, tras recordar la inviolabilidad de sus opiniones como diputado. El cuerpo halló “injuriosas” sus apreciaciones. José Darregueyra fue más allá. Afirmó que “instauraba querella criminal” contra Cabrera porque, si lo que decía era cierto, él se retiraría de una corporación “incapaz de inspirar confianza a los pueblos”. Además, pidió Antonio Sáenz que el cuerpo declarase “si las expresiones del señor Cabrera eran criminosas y ofensivas de su autoridad y respeto”.
Largos debates
Al día siguiente, el 7, Gazcón propuso que se requirieran explicaciones a Cabrera: si se trataba de una opinión, que la fundase, y si era denuncia, que la probara. Entonces, terció José Mariano Serrano. A su criterio, la palabra de un diputado era inviolable. Si había “facción”, no sólo era libre de denunciarla, sino que constituía su deber hacerlo. Pero no podía obligárselo a presentar pruebas porque, si efectivamente existía “el complot que supone”, nunca podría lograr un fallo justo del Congreso.
El presidente Pedro Carrasco propuso votar si la inviolabilidad de opiniones protegía cualesquiera expresiones de un diputado, “tengan la trascendencia que tengan, sin estar sujeto a ser juzgado por ellas”. Añadió que no concurriría a acuerdo alguno hasta que no se definiese sí existía o no una “facción” en el cuerpo. Intervino entonces Juan José Paso. Afirmó que si la había, era urgente delatarla; pero constituía “un agravio criminal y punible” imputarla calumniosamente, dado que la libertad de palabra no autorizaba a decir cualquier cosa.
El fundamento
A moción de Paso, en la sesión del 9 el Congreso declaró que el cuerpo no podía desentenderse de la tacha de “facción” y, al contrario, debía investigar semejante agravio. Se acordó que Cabrera fundamentase por escrito su opinión, si era tal. Y si era denuncia, proporcionara pruebas que indicasen el nombre de los comprometidos.
En la sesión del 12 se recibió un oficio de Cabrera. Decía que el concepto de sus expresiones era que “entre los representantes había algunos prevenidos contra el diputado Corro, de cuyo juzgamiento se trataba”.
Daba, como ejemplo, el hecho de que los diputados porteños habían resistido el regreso de Del Corro -a pesar de los reclamos de la diputación de Córdoba- y lo seguían manteniendo comisionado ante Santa Fe, a pesar de que el Congreso no ratificaba los tratados que firmó esa provincia con Buenos Aires. Esta afirmación fue contradicha enérgicamente por Medrano y Tomás de Anchorena. Hubo debate y se resolvió, finalmente, que vista la exposición de Cabrera, “queda el Soberano Congreso libre de la nota de partido, ofensiva de su respeto dignidad y conciencia”.
La acusación
Estaban pendientes, de todos modos, los casos de Pérez Bulnes y de Salguero, quienes opinaban como Cabrera, y el Congreso, el 16, los intimó a expedirse, verbalmente o por escrito. El 17 se tomó conocimiento de que los diputados de Córdoba querían separarse del Congreso y volver a su provincia para requerir instrucciones. Se exigió entonces a Pérez Bulnes y Salguero que especificarán por escrito las causas de esa postura. Las expusieron, y eran similares a las de Cabrera. El cuerpo resolvió debatirlas y, mientras lo hacía, los cordobeses se retiraron. La resolución fue que, por ser falsas sus razones, “se les mande continuar en la asistencia al Congreso, bajo apercibimiento, por lo tocante al señor Cabrera, sin perjuicio de lo que corresponda además providenciar”.
Luego procedieron a votar una proposición: supuesta la falsedad de las causas que exponen los diputados por Córdoba “¿qué providencias se tomarán para precaver los males que amenaza su comportación a la salud pública?”. Se acordó oficiar al Gobierno y Cabildo de Córdoba para que pasaran un pliego de acusación ante la Junta Electoral. El diputado Teodoro Sánchez de Bustamante confeccionaría esa presentación, adjuntando los documentos del caso. Su informe se leyó el 18, tras indicar a los diputados cordobeses que se retirasen de la sala.
Cargos y ausencias
Dichos diputados (luego se hizo la excepción con Salguero) fueron excluidos luego de los debates sobre las medidas militares a tomarse ante el alzamiento de Bulnes. Según un oficio del gobernador Funes (sesión secreta del 29 de octubre), alguien informaba a los insurrectos sobre las disposiciones reservadas del Congreso a su respecto. Y el general Manuel Belgrano (sesión secreta del 13 de setiembre) había afirmado que, sospechosamente, Pérez Bulnes había solicitado al teniente Crisóstomo Lafinur, “un estado de la fuerza del Ejército”.
Cabrera dijo a Pedro Castro Barros -y este lo reveló en sesión secreta del 30 de setiembre- que el Congreso lo había “tratado con ignominia”, y que “le pesarán los efectos” de tal actitud. Además (secreta del 2 de noviembre), afirmó que no dársele intervención en los asuntos de Córdoba (o sea en las medidas contra Bulnes) constituía “un perjuicio” a su provincia y agraviaba la “delicadeza” de su conducta. Y que por eso tachaba de nulo cuanto se resolviera sobre ese tema.
Cabrera empezó a espaciar demasiado su concurrencia a las sesiones. El 11 de noviembre se resolvió intimarlo otra vez a concurrir. El 12 -tres días antes del segundo alzamiento de Bulnes en Córdoba- se negó a votar “hasta que se le conteste una propuesta que ha hecho”. En cuanto a Del Corro, se presentó el 14 de enero de 1817, trayendo los poderes del diputado por San Luis, Juan José de Isasa. Pero el diputado Paso objetó su presencia en la sala. En la sesión secreta de ese día, Sáenz dijo que, “como se hacía en todo cuerpo colegiado”, correspondía que se mandase retirar a Del Corro del recinto, al existir una causa criminal en su contra por el asalto al mensajero del Congreso.
La cesantía
Es sabido que el Congreso, a comienzos de 1817, trasladó su sede a Buenos Aires. Los diputados por Córdoba se opusieron a la mudanza. Cabrera sostenía, sintetiza Enrique Udaondo, “que el propósito encubierto de los que querían llevarlo a Buenos Aires, era el de trabar sus operaciones y restringir su libertad”.
La última sesión pública de Tucumán se realizó el 24 de enero de 1817, y la última secreta el 4 de febrero. La preparatoria en Buenos Aires fue el 12 de abril y la solemne de apertura el 12 de mayo. Los diputados Cabrera, Pérez Bulnes y Del Corro no habían aceptado la mudanza y pasaron de Tucumán a Córdoba, no sin que varios de sus colegas (especialmente los porteños) respiraran aliviados. El procurador de Córdoba, Antonio de Arredondo, pidió que se los declarara cesantes, cosa que hizo el Congreso. En cambio, Salguero partió a la capital con sus colegas.
Recién el 25 de noviembre de 1817 llegaron los nuevos diputados por Córdoba. Juró Salguero como reelecto, y luego lo hicieron los flamantes, licenciado Benito Lascano y doctor Alejo Villegas. Los debates sobre “la facción” y sobre el caso Del Corro no se reiteraron y nunca se resolvieron definitivamente. Otras preocupaciones concentraron la atención del Congreso en Buenos Aires. Sobre todo, el dictado de una Constitución.
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