16 Noviembre 2016
DENTRO DEL DEPÓSITO. Mitre sacó fotos de las cajas que estaban en su local. En ellas estaba escrito que eran recibos de subsidios legislativos de 2015.
Son varias cajas grandes de cartón. En su interior deberían estar los miles de comprobantes relativos a los $ 615,6 millones repartidos en subsidios por la Legislatura el año pasado. La semana pasada, el comerciante Hernán Mitre se presentó como testigo ante la Justicia Federal y relató -con fotos y actas de una escribana- que esos papeles habían permanecido en su local, ubicado en Corrientes primera cuadra, entre fines de agosto y los primeros días de este mes. El dato generó revuelo en la Cámara; sin embargo, no era nuevo.
Según consta en la investigación por presunta evasión impositiva, que impulsa el fiscal federal Carlos Brito, un informante anónimo (en realidad identificado con un pseudónimo, Pedro Namidro) había hecho llegar una nota a los Tribunales federales el 25 de octubre pasado dando esos y otros detalles.
En el texto, el ciudadano había anticipado que las cajas con comprobantes estaban en el depósito de calle Corrientes 45. La versión es coincidente con la de Mitre, dueño de ese local, quien 10 días después del escrito anónimo -es decir, el jueves pasado- testificó por el traslado de la supuesta documentación clave.
Las autoridades de la Cámara remarcaron estos días que todos los recibos están actualmente en la sede legislativa de calle Muñecas 951. Incluso, se habría certificado su permanencia mediante un escribano público.
A fines de 2015, LA GACETA reveló, mediante fotos y documentos, que la plata para los denominados “gastos sociales” de la Legislatura -durante el último tramo del actual gobernador, Juan Luis Manzur, como vicegobernador- había sido llevada desde un banco hasta la sede parlamentaria en valijas (en cada una cabían $ 6 millones).
A raíz del presunto manejo irregular de esos fondos, se iniciaron causas en diversos fueros. Una de ellas, impulsada por el peronista disidente Oscar López, apunta a una posible evasión impositiva. La hipótesis es que los subsidios eran destinados en realidad a sobresueldos de legisladores y funcionarios de la anterior composición parlamentaria; de esta forma, según el ex candidato a legislador del ApB, se habría perjudicado al fisco en una suma millonaria.
El jueves pasado, el comerciante Mitre se presentó ante el fiscal federal Brito y le entregó fotos de las cajas en su local. Relató que el subtesorero de la Cámara, Diego de Piero, le había pagado $ 5.000 mensuales entre agosto y noviembre por la renta del depósito, ubicado detrás de un comercio desocupado que está en calle Corrientes 45. Mitre les había entregado a sus “inquilinos” el control remoto del portón eléctrico que está en esa misma propiedad. Él sospecha que, ingresando a la cochera, el personal que respondería a la Legislatura habría introducido las cajas en el local desde el 26 de agosto (es decir, cuatro días después de que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunciara la eliminación de los “gastos sociales”). Mitre se percató de que las cajas tenían la leyenda “Legislatura-Subsidios 2015”. Ante la preocupación de quedar vinculado a un presunto delito, resolvió entregarle al fiscal federal fotos y un recibo con la supuesta firma de de Piero por el acuerdo “de palabra” por la renta.
Pseudónimo
Esta versión había llegado en octubre a la Justicia Federal. El informante, bajo el pseudónimo de Namidro (no aparece en ningún registro oficial de la web, incluidas redes sociales), aseguró que la documentación respaldatoria de las ayudas sociales había sido retirada de la Legislatura entre el 26 y el 28 de agosto. Para efectuar el traslado, según consta en la causa, “se anularon las cámaras de seguridad (de la Legislatura) desde las horas 22 de cada uno de esos días, y también las cámaras de seguridad de las calles por donde circuló el rodado que las transportó”. Añadió que los papeles estaban “en un depósito de Corrientes 45”.
Como la Cámara Federal de Apelaciones debe resolver una serie de cuestiones procesales en la causa por presunta evasión, el fiscal federal le giró el relato del testigo anónimo al juez federal Daniel Bejas.
Según fuentes judiciales, el magistrado resolvió el envío a mesa de entradas del texto porque Brito no había especificado la conexidad con la pesquisa principal. Ante esto, Brito elevó un dictamen en el que planteó un recurso de revocatoria -ya rechazado-, que debido a una apelación llegó a Cámara Federal. “En este caso, el juez federal dificulta la investigación, al no devolver las actuaciones para la continuación de la misma, ni reasume la dirección delegada. Con el envío de la causa al Tribunal Superior, genera una demora injustificada en la pesquisa, impidiendo su normal desarrollo”, marcó el fiscal federal en el escrito.
Según consta en la investigación por presunta evasión impositiva, que impulsa el fiscal federal Carlos Brito, un informante anónimo (en realidad identificado con un pseudónimo, Pedro Namidro) había hecho llegar una nota a los Tribunales federales el 25 de octubre pasado dando esos y otros detalles.
En el texto, el ciudadano había anticipado que las cajas con comprobantes estaban en el depósito de calle Corrientes 45. La versión es coincidente con la de Mitre, dueño de ese local, quien 10 días después del escrito anónimo -es decir, el jueves pasado- testificó por el traslado de la supuesta documentación clave.
Las autoridades de la Cámara remarcaron estos días que todos los recibos están actualmente en la sede legislativa de calle Muñecas 951. Incluso, se habría certificado su permanencia mediante un escribano público.
A fines de 2015, LA GACETA reveló, mediante fotos y documentos, que la plata para los denominados “gastos sociales” de la Legislatura -durante el último tramo del actual gobernador, Juan Luis Manzur, como vicegobernador- había sido llevada desde un banco hasta la sede parlamentaria en valijas (en cada una cabían $ 6 millones).
A raíz del presunto manejo irregular de esos fondos, se iniciaron causas en diversos fueros. Una de ellas, impulsada por el peronista disidente Oscar López, apunta a una posible evasión impositiva. La hipótesis es que los subsidios eran destinados en realidad a sobresueldos de legisladores y funcionarios de la anterior composición parlamentaria; de esta forma, según el ex candidato a legislador del ApB, se habría perjudicado al fisco en una suma millonaria.
El jueves pasado, el comerciante Mitre se presentó ante el fiscal federal Brito y le entregó fotos de las cajas en su local. Relató que el subtesorero de la Cámara, Diego de Piero, le había pagado $ 5.000 mensuales entre agosto y noviembre por la renta del depósito, ubicado detrás de un comercio desocupado que está en calle Corrientes 45. Mitre les había entregado a sus “inquilinos” el control remoto del portón eléctrico que está en esa misma propiedad. Él sospecha que, ingresando a la cochera, el personal que respondería a la Legislatura habría introducido las cajas en el local desde el 26 de agosto (es decir, cuatro días después de que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunciara la eliminación de los “gastos sociales”). Mitre se percató de que las cajas tenían la leyenda “Legislatura-Subsidios 2015”. Ante la preocupación de quedar vinculado a un presunto delito, resolvió entregarle al fiscal federal fotos y un recibo con la supuesta firma de de Piero por el acuerdo “de palabra” por la renta.
Pseudónimo
Esta versión había llegado en octubre a la Justicia Federal. El informante, bajo el pseudónimo de Namidro (no aparece en ningún registro oficial de la web, incluidas redes sociales), aseguró que la documentación respaldatoria de las ayudas sociales había sido retirada de la Legislatura entre el 26 y el 28 de agosto. Para efectuar el traslado, según consta en la causa, “se anularon las cámaras de seguridad (de la Legislatura) desde las horas 22 de cada uno de esos días, y también las cámaras de seguridad de las calles por donde circuló el rodado que las transportó”. Añadió que los papeles estaban “en un depósito de Corrientes 45”.
Como la Cámara Federal de Apelaciones debe resolver una serie de cuestiones procesales en la causa por presunta evasión, el fiscal federal le giró el relato del testigo anónimo al juez federal Daniel Bejas.
Según fuentes judiciales, el magistrado resolvió el envío a mesa de entradas del texto porque Brito no había especificado la conexidad con la pesquisa principal. Ante esto, Brito elevó un dictamen en el que planteó un recurso de revocatoria -ya rechazado-, que debido a una apelación llegó a Cámara Federal. “En este caso, el juez federal dificulta la investigación, al no devolver las actuaciones para la continuación de la misma, ni reasume la dirección delegada. Con el envío de la causa al Tribunal Superior, genera una demora injustificada en la pesquisa, impidiendo su normal desarrollo”, marcó el fiscal federal en el escrito.
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