15 Noviembre 2016
El interventor del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, desestimó la versión de los auditores de la Secretaría de la Vivienda y Hábitat de la Nación, repartición a cargo de Domingo Amaya, con respecto a supuestas “preferencias electorales” al momento de adjudicar mejoras o casas del programa federal “Mejor Vivir II”. “La totalidad de los postulantes a ser beneficiados por módulos son personas de escasos recursos. Desde el punto de vista social, no existe un beneficiado que no necesite un módulo”, indicó Durán en un informe.
El texto fue girado en agosto por el interventor del Ipvdu a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que preside el oficialista Marcelo Caponio. Tomó estado público la semana pasada, cuando fue repartido a los demás miembros del comité. En reunión de Asuntos Constitucionales, además, se desestimó un pedido de interpelación que habían planteado radicales, encabezados por Ariel García, en contra de Durán.
Entre el 16 y el 20 de mayo, por encargo de Amaya, una comisión de funcionarios de la Secretaría de Vivienda se instaló en esta provincia para supervisar el avance de 12 obras del programa “Mejor Vivir II”, de las cuales cuatro habían sido concluidas y ocho seguían en construcción. “Según el personal de distintas áreas del IPV, en la primera designación de beneficiarios, cuya lista no es revisada ni verificada, intervienen preferencias electorales”, destacaron los auditores, sin dar precisiones. Añadieron que detectaron “numerosas inconsistencias en los planos”. Pusieron como ejemplo “cuatro obras terminadas, en las que (los planos) no incluían la cantidad total de módulos previstos en el pliego, y seis obras en ejecución donde la cantidad de módulos en los planos era menor a la cantidad en construcción”.
En agosto, luego de que LA GACETA difundiera ese informe, Durán le envió una serie de documentación a la comisión de Asuntos Constitucionales para desmentir esa situación. Desestimó además cada uno de los cuestionamientos efectuados por los inspectores de la Nación. “La población destinataria del programa Mejoramiento de Viviendas (Mejor Vivir) reviste características especiales por tratarse de grupos familiares con déficit habitacional cualitativo”, señaló. Y aclaró que “se trabaja con relevamientos efectuados por personal del Ipvdu, que a veces son modificados y/o ampliados por las peticiones de autoridades locales”. Luego justificó la participación de esos políticos. “(Estas) conocen la real necesidad de la gente a través de un trato directo e inmediato con cada grupo familiar y la posterior constatación (se realiza) mediante personal de este Instituto, quienes establecen una verificación in situ establecen prioridades”, añadió.
Además, negó haber utilizado el término “preferencias electorales”. “Dicha expresión surge del informe de auditoría realizado por la Nación y del diario (en alusión a LA GACETA), pero jamás fue avalada por mí”, aseveró. Garantizó luego que los postulantes son sometidos a una evaluación “mediante la cual se verifican los extremos requeridos para acceder a la asistencia a través de la construcción de un módulo”. “Jamás fue otorgado un beneficio sin un análisis de las necesidades”, remarcó.
El texto fue girado en agosto por el interventor del Ipvdu a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que preside el oficialista Marcelo Caponio. Tomó estado público la semana pasada, cuando fue repartido a los demás miembros del comité. En reunión de Asuntos Constitucionales, además, se desestimó un pedido de interpelación que habían planteado radicales, encabezados por Ariel García, en contra de Durán.
Entre el 16 y el 20 de mayo, por encargo de Amaya, una comisión de funcionarios de la Secretaría de Vivienda se instaló en esta provincia para supervisar el avance de 12 obras del programa “Mejor Vivir II”, de las cuales cuatro habían sido concluidas y ocho seguían en construcción. “Según el personal de distintas áreas del IPV, en la primera designación de beneficiarios, cuya lista no es revisada ni verificada, intervienen preferencias electorales”, destacaron los auditores, sin dar precisiones. Añadieron que detectaron “numerosas inconsistencias en los planos”. Pusieron como ejemplo “cuatro obras terminadas, en las que (los planos) no incluían la cantidad total de módulos previstos en el pliego, y seis obras en ejecución donde la cantidad de módulos en los planos era menor a la cantidad en construcción”.
En agosto, luego de que LA GACETA difundiera ese informe, Durán le envió una serie de documentación a la comisión de Asuntos Constitucionales para desmentir esa situación. Desestimó además cada uno de los cuestionamientos efectuados por los inspectores de la Nación. “La población destinataria del programa Mejoramiento de Viviendas (Mejor Vivir) reviste características especiales por tratarse de grupos familiares con déficit habitacional cualitativo”, señaló. Y aclaró que “se trabaja con relevamientos efectuados por personal del Ipvdu, que a veces son modificados y/o ampliados por las peticiones de autoridades locales”. Luego justificó la participación de esos políticos. “(Estas) conocen la real necesidad de la gente a través de un trato directo e inmediato con cada grupo familiar y la posterior constatación (se realiza) mediante personal de este Instituto, quienes establecen una verificación in situ establecen prioridades”, añadió.
Además, negó haber utilizado el término “preferencias electorales”. “Dicha expresión surge del informe de auditoría realizado por la Nación y del diario (en alusión a LA GACETA), pero jamás fue avalada por mí”, aseveró. Garantizó luego que los postulantes son sometidos a una evaluación “mediante la cual se verifican los extremos requeridos para acceder a la asistencia a través de la construcción de un módulo”. “Jamás fue otorgado un beneficio sin un análisis de las necesidades”, remarcó.
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