Un acuerdo para abaratar un trámite a los jubilados genera discordancia entre abogados

La aplicación en nuestra provincia del programa nacional Reparación Histórica, para el aumento en los haberes de los jubilados, generó confusión entre los interesados. La Defensoría del Pueblo firmó un convenio en conjunto con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Colegio de Abogados del Sur para que los profesionales retirados puedan realizar los trámites y la gestión letrada sea gratuita. Sin embargo, la colegiatura de la Capital rechazó el acuerdo.

“Hubo un pequeño inconveniente sobre la información. Firmamos un convenio conjunto entre la defensoría, el Colegio de Abogados del Sur y funcionarios de Anses de Buenos Aires, en representación del titular Emilio Basavilbaso, para que se realicen las gestiones de la reparación sin que el jubilado pague honorarios. Estamos generando una nómina con los abogados que quieran trabajar con esta metodología. El acuerdo fue rubricado ayer por el titular de Anses, así que ya estamos facultados para iniciar la inscripción”, explicó el ombudsman Fernando Juri Debo. En la semana, grupos de jubilados se acercaron a la sede de la Defensoría del Pueblo (Balcarce primera cuadra), para iniciar los trámites.

Trascendió que algunos abogados protestaron por lo bajo debido a que el convenio podría significar una baja en sus clientes. El Colegio de Abogados de la Capital informó por un comunicado que no firmó el acuerdo: “no (se) firmó ningún convenio con la Anses que se relacione con los honorarios que deben percibir nuestros colegiados por nuestra actuación profesional en los procesos judiciales relativos a la ley de Reparación Histórica con los jubilados. Asimismo aclaramos que en la relación cliente-abogado rige la libertad de contratación de las partes, tanto en la elección del profesional como en cuanto a los emolumentos que debe percibir por la labor comprometida”.

Anses se comprometió a abonar honorarios por $1.146 a los letrados que deseen encarar los trámites para los jubilados que quieran ingresar dentro del programa de reparación jubilatoria, y que no puedan pagar los honorarios. La legislación provincial sobre la profesión establece que se debe pagar la consulta letrada, monto que en la actualidad puede rondar entre los $ 2.000 y los $ 5.000, sea escrita u oral, y dos cuotas de lo que cobre, en este caso, por la reparación. “La idea es que el jubilado que percibe una jubilación baja y la reparación será por un monto no muy significativo, pueda acceder e ingresar al plan del Gobierno nacional y no pague por las gestiones”, explicó Juri Debo. El defensor del Pueblo insistió en que no se afecta el trabajo de los profesionales, ni se direcciona a los clientes, que podrán optar libremente por los profesionales de una nómina.

Otro de los reclamos en contra apuntaban respecto a los aportes a la caja previsional. La ley 6.059 de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la provincia establece entre sus recursos el aporte de un porcentaje de los honorarios: el 8% a cargo de los abogados y procuradores; y el 10% a cargo del obligado directo. La Anses no incluye el porcentaje para los aportes.

“No es que los abogados cobran mal, trabajan con el honorario que creen correspondiente. Lo que buscamos es que el que quiera trabajar para jubilados que cobran poco, puedan inscribirse en una nómina sin que el Colegio les prohíba. Es una medida para la población pasiva que cobra poco y le corresponde la reparación. No vamos contra los clientes de ningún profesional. El listado estará disponible en la Defensoría y en el sitio web”, reforzó Juri Debo.

El presidente del Colegio de Abogados del Sur, Ángel Fara, defendió el convenio. “Es voluntario, no se obliga a ningún colega. El que quiera se anota en un listado, para que los jubilados que lo prefieran puedan elegir en la nómina y empezar el trámite. No se le quita el trabajo al abogado que quiera hacer su trabajo y cobrar los honorarios que considere. No se puede decir al interesado que elija a tal o cual colega, es voluntario para los jubilados y para los abogados que deseen inscribirse”, explicó. Y agregó: “tenemos una consulta mínima que está muy por encima de lo que paga la Anses, pero al ser voluntaria no contradice normas.

La ley de Reparación Histórica sancionada en el Congreso supone un aumento en las jubilaciones del 40% promedio para 2,4 millones de jubilados. Este grupo se compone por aquellos que le ganaron juicios al Estado por liquidaciones incorrectas o que iniciaron procesos. También se incluye a quienes podrían haber iniciado acciones legales, pero no lo hicieron.

En todos los casos, los jubilados deben sellar un acuerdo judicial, asesorados por un abogado. Para eso, debieron inscribirse en la web de la Anses y esperar una respuesta del organismo acerca de si les corresponde o no la actualización de haberes, que llegará en los próximos días.

Basavilbaso firmó esta semana un convenio con la Defensoría General de la Nación para que los interesados no deban abonar honorarios a abogados a cargo del trámite. Se rubricaron acuerdos similares al de Tucumán en otras 10 provincias.