Denuncian a Campero y a los 10 concejales de Yerba Buena por RDT

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, su jefe de Gabinete, Manuel Courel, y los 10 concejales de esa ciudad han sido denunciados ante la Justicia Penal, debido a la contratación de la consultora Reale Dalla Torre (RDT). La acusación fue presentada por un dirigente político, quien los acusa de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y encubrimiento.

En el escrito, el denunciante, Sebastián Luna, argumenta que Campero y Courel “idearon y materializaron” el acuerdo con RDT mediante un procedimiento irregular pues -considera él- se hizo una contratación directa, cuando debió haberse recurrido a licitación pública, debido al monto de la operación. Para ello -prosigue Luna- falsearon un domicilio para RDT. En otro párrafo, cuestiona que se haya empleado a una empresa que está siendo investigada por jueces por peculado, falsificación de documentos y lavado de activos.

Luego, les dedica unas líneas a los concejales, al decir que sólo se inmiscuyeron tibiamente. “A Héctor Aguirre y Walter Araóz les pareció ‘tan grave’, que únicamente le mandaron una nota al presidente del Concejo, Javier Jantus; éste tampoco hizo nada”, se lee. Sobre Pedro Albornoz Piossek y Lucas Cerúsico, observa que “se tomaron el trabajo” de constatar los domicilios de RDT en Buenos Aires y en Miami, pero advierte que no han hecho una acusación judicial. Con respecto a Maximiliano García, José Macome, Benjamín Zelaya, Marcelo Rojas y Lisandro Argiró (al momento de la contratación todavía no había renunciado a su cargo para asumir como secretario de Gobierno del municipio) ha escrito, en mayúsculas, lo siguiente: "no hicieron absolutamente nada".

Después de exponer el caso -desde su punto de vista- y de escribir sus conclusiones, Luna solicita una serie de medidas, como las liquidaciones de los sueldos de Campero, de Courel y de los ediles. Pide, asimismo, que se llame a una serie de personas a que brinden declaraciones testimoniales. Tras eso, insta al fiscal correspondiente a que cite a los denunciados en calidad de imputados.

Puesto que Campero posee privilegios constitucionales, su accionar tiene que ser investigado por cuerda separada a la del resto, sostiene Luna. Finalmente, amplía el alcance a cualquier otro u otros que resulten coautores, cómplices o encubridores de los delitos detallados por él.

"Me presenté como un vecino común. Creo que el intendente incurrió en un delito. Hay muchas irregularidades. Y lo peor de todo es que los concejales sólo 'vedetizaron' la historia", dice Luna, cuando se le pregunta en carácter de qué efectuó la denuncia y qué es lo que lo ha motivado. En su texto fijó un domicilio especial en la calle Santo Domingo al 1.600, donde vive.

A pesar de su definición de vecino simple, Luna tiene experiencia en militancia política: preside, en Tafí del Valle, el partido municipal Valles Calchaquíes. De hecho, esta no es la primera vez que acude a la Justicia en contra de un intendente. En mayo del año pasado, denunció al jefe municipal de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, por presunto incremento patrimonial injustificado y por unas supuestas compras irregulares.

La contratación de RDT fue noticia los primeros días de octubre, cuando un empleado municipal concurrió al domicilio que se había fijado para la empresa en suelo yerbabuenense, en Paraguay al 1.200, con la intención de entregar una nota. Como no encontró la numeración, Despacho de la Municipalidad inició un expediente.

El contrato entre RDT y la intendencia había sido firmado el 25 de agosto. Campero le encomendó a la consultora un análisis sobre la “situación político, social y económica” de los ciudadanos, con vistas al proceso de reforma del Código de Ordenamiento Urbano.

Se hizo una contratación directa por $ 223.000. Sin embargo, en ese municipio se puede recurrir a este mecanismo si el monto de la operación no supera los $ 14.000. Campero explicó que se valió del artículo séptimo, inciso cuarto, de la ordenanza número 1.299, que regula las contrataciones. Ese párrafo establece que, por excepción, también puede emplearse de forma directa a artistas, técnicos o científicos. El caso fue valorado como una contratación profesional.

En su página en internet, la agencia se describe con experiencia en publicidad, marketing político y planificación de medios. Entre sus clientes, figuran municipios, políticos y la Policía Metropolitana, entre otros. A fines del año pasado, la consultora fue denunciada, en Buenos Aires, por mal manejo de la publicidad porteña. Se abrió una causa por presunto desvío de fondos de propaganda que debían ir a medios comunitarios. Sus dueños, Jorge Reale y Adriano Dalla Torre, figuran como aportantes de la campaña del presidente Mauricio Macri. Campero había declarado, a mediados de octubre que, en menos de un mes -desde aquel entonces-, la consultora iba a presentarle al municipio su informe.