30 Octubre 2016
El ingreso en el norte es casi 10 veces menor al de la zona central
La desigualdad en el reparto de la riqueza es evidente en las estadísticas que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero también deja al desnudo que las asimetrías entre los ingresos de los trabajadores persisten en las distintas zonas que componen la Argentina.
La Argentina afronta un escenario de desigualdad en la distribución desigual de los ingresos per cápita. Esto lleva a que el 70% de los habitantes del país viva con menos de $ 8.000 al mes. Este segmento de la población reúne poco más del 3% del ingreso total del país. En tanto, el 10% más rico concentra el 23% de los recursos que genera la economía, según relevó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El organismo, que conduce Jorge Todesca, dio a conocer los datos de la Distribución del Ingreso durante el período abril-junio de 2016, en base a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Para confeccionar el mapa de la distribución de recursos, el Indec dividió la muestra por deciles, según las escalas de ingresos que perciben los asalariados.
De este modo, el primer decil de las personas que menos ganan, hasta $1.900 mensuales, abarca a poco más del 15% de la población, quienes a su vez reúnen el 3,3% del ingreso total. En tanto el decil más rico, que gana desde $15.000 mensuales en adelante, abarca al 6,2% de la población, y concentra el 23% del ingreso total, según consignó la agencia Télam.
Para interpretar por qué existe esta brecha que separa los ingresos de los trabajadores más pobres de los más ricos, es clave revisar los criterios de distribución de las riquezas que genera la economía. Y en este punto, es fundamental que el Gobierno no sólo reduzca la inflación, sino también que logre mantener una tasa estable en el tiempo para que los asalariados recuperen su poder de consumo. Así lo expresó el economista, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, quien también enfatizó en la necesidad de crear condiciones para que el sector privado participe del proceso de producción de bienes y de servicios, mediante inversiones que generen empleo real.
“La Argentina sigue siendo un territorio desigual en términos de distribución de ingresos. La renta per cápita de un habitante de la Capital Federal promedia los U$S 31.000 anuales ($ 470.700). La de una persona que vive en el norte del país, por ejemplo, oscila entre U$S 3.000 y U$S 5.000 anuales (entre $ 45.500 y $ 75.900). La brecha de ingresos es enorme”, observó el asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante una entrevista con LA GACETA.
Por otro lado, Di Pace -quien moderó las disertaciones en el encuentro Emprender del Bicentenario, que se desarrolló esta semana en Tucumán- destacó que el Indec reconozca que la distribución inequitativa de ingresos. “Esto ayudará a que en la Argentina se pueda planificar una economía que este ligada al desarrollo de las distintas regiones del país”, subrayó.
Distribución eficiente
Los países que estaban en vías de desarrollo, y que pasaron a ser desarrollados, no pudieron lograrlo sin antes agregarle valor a la materia prima y a los insumos que producen. “Este factor genera una mayor renta y permite a los gobiernos compensar los ingresos que perciben los trabajadores”, señaló el experto.
Para alcanzar este propósito, Di Pace remarcó que la Argentina tiene que volver a explotar de manera eficiente los bienes que produce, y agregarles valor. “En especial porque es el octavo territorio del mundo. Si en el mediano o largo plazo, la economía argentina consigue una extracción más eficaz de sus materias primeras y de sus insumos podrá mejorar las condiciones de vida y ingresos de la población que vive en la pobreza”, insistió el consultor.
“Se dice que la Argentina es un país rico. Pero no lo es, porque un país rico es el que genera su riqueza de un modo inteligente y que la distribuye de forma equitativa entre sus habitantes”, añadió.
Di Pace recalcó que la extracción eficiente de las materias primas y de las riquezas generará empleo. Y aquí recalcó la importancia de generar condiciones para que alentar las inversiones por parte del sector privado.
“El 66% del PBI argentino está representado por el consumo, y esto involucra al sector público y al privado. Pero la realidad es que tenemos mucho más de consumo que de inversión. En la actualidad, la inversión en relación al PBI está en el orden del 16%. Para que la Argentina sea un país desarrollado necesita 25% de inversión sobre el PBI, durante 25 años”, observó.
El camino de los precios
Para que mejorar el nivel de ingresos de la población vulnerable y, en consecuencia su calidad de vida, es necesario que el equipo económico del Gobierno reduzca la inflación y que la tasa se mantengan en niveles estables.
Sobre este punto, Di Pace afirmó que la inflación reflejó un leve descenso en los últimos meses. Sin embargo, advirtió que esta desaceleración aún no impactó en los precios de los artículos de la canasta básica y de los alimentos, dos insumos escenciales para la población.
El especialista señaló que, además de continuar con la política monetaria restrictiva, para terminar de retirar el sobrante de billetes que circulan por la economía, es necesario revisar la estructura de comercialización de productos esenciales en la Argentina.
“Hay empresas oligopólicas que son formadoras de los precios de referencia de la economía. La realidad es que hay una desaceleración de la inflación, pero el sector privado aún no la ve, no tiene la expectativa que el Gobierno. Y esto se debe a la experiencia pasada. Los grandes empresarios siguen ajustando los costos por si las dudas, porque aún no hay confianza en las metas de inflación que trazó el Gobierno”, observó Di Pace.
Y aquí puso énfasis en las diferencias de expectativas que separan al Gobierno de las grandes empresas formadoras de precios, respecto de la inflación y de las pautas salariales para 2017. “En el Presupuesto de 2014, el Gobierno proyectó una inflación del 17% y una pauta salarial del 17%. Las grandes empresas proyectan una inflación del 24% y un pauta de aumento salarial de entre el 27% y el 29%”, argumentó.
A juzgar por lo que describió Di Pace, los desafíos para el Gobierno son complejos. En septiembre, el Indec volvió a difundir los datos de pobreza y precisó que en el segundo semestre del año este flagelo abarcó al 32,2% de los habitantes del país. Entre ellos, el 6,3% son indigentes, es decir, que no les alcanzan los ingresos para adquirir la cantidad mínima de alimentos. Los Índices de pobreza se volvieron a medir luego de un “apagón” estadístico de tres años.
Cuando se anunció el indicador, el presidente, Mauricio Macri, había destacado que “ahora sabemos cuál es la realidad”. “Saber que uno de cada tres argentinos se encuentra bajo la línea de la pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca. Hay que comprometerse a trabajar juntos para que cada día podamos reparar más y más situaciones; caminar juntos hacia pobreza cero”, había expresado el mandatario.
El Indec también informó que la desocupación, durante el segundo trimestre, alcanzó al 9,3% mientras que el 33,4% de los asalariados no tiene aportes jubilatorios. Precisamente en relación al trabajo informal, la tasa del 33,4% promedio del país encontró su nivel más alto en las provincias del norte, en especial en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en La Rioja y en Catamarca, que registraron una tasa promedio del 39%. La medición más bajó se detectó en la Patagonia, con el 16% de informalidad laboral.
El organismo, que conduce Jorge Todesca, dio a conocer los datos de la Distribución del Ingreso durante el período abril-junio de 2016, en base a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Para confeccionar el mapa de la distribución de recursos, el Indec dividió la muestra por deciles, según las escalas de ingresos que perciben los asalariados.
De este modo, el primer decil de las personas que menos ganan, hasta $1.900 mensuales, abarca a poco más del 15% de la población, quienes a su vez reúnen el 3,3% del ingreso total. En tanto el decil más rico, que gana desde $15.000 mensuales en adelante, abarca al 6,2% de la población, y concentra el 23% del ingreso total, según consignó la agencia Télam.
Para interpretar por qué existe esta brecha que separa los ingresos de los trabajadores más pobres de los más ricos, es clave revisar los criterios de distribución de las riquezas que genera la economía. Y en este punto, es fundamental que el Gobierno no sólo reduzca la inflación, sino también que logre mantener una tasa estable en el tiempo para que los asalariados recuperen su poder de consumo. Así lo expresó el economista, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, quien también enfatizó en la necesidad de crear condiciones para que el sector privado participe del proceso de producción de bienes y de servicios, mediante inversiones que generen empleo real.
“La Argentina sigue siendo un territorio desigual en términos de distribución de ingresos. La renta per cápita de un habitante de la Capital Federal promedia los U$S 31.000 anuales ($ 470.700). La de una persona que vive en el norte del país, por ejemplo, oscila entre U$S 3.000 y U$S 5.000 anuales (entre $ 45.500 y $ 75.900). La brecha de ingresos es enorme”, observó el asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante una entrevista con LA GACETA.
Por otro lado, Di Pace -quien moderó las disertaciones en el encuentro Emprender del Bicentenario, que se desarrolló esta semana en Tucumán- destacó que el Indec reconozca que la distribución inequitativa de ingresos. “Esto ayudará a que en la Argentina se pueda planificar una economía que este ligada al desarrollo de las distintas regiones del país”, subrayó.
Distribución eficiente
Los países que estaban en vías de desarrollo, y que pasaron a ser desarrollados, no pudieron lograrlo sin antes agregarle valor a la materia prima y a los insumos que producen. “Este factor genera una mayor renta y permite a los gobiernos compensar los ingresos que perciben los trabajadores”, señaló el experto.
Para alcanzar este propósito, Di Pace remarcó que la Argentina tiene que volver a explotar de manera eficiente los bienes que produce, y agregarles valor. “En especial porque es el octavo territorio del mundo. Si en el mediano o largo plazo, la economía argentina consigue una extracción más eficaz de sus materias primeras y de sus insumos podrá mejorar las condiciones de vida y ingresos de la población que vive en la pobreza”, insistió el consultor.
“Se dice que la Argentina es un país rico. Pero no lo es, porque un país rico es el que genera su riqueza de un modo inteligente y que la distribuye de forma equitativa entre sus habitantes”, añadió.
Di Pace recalcó que la extracción eficiente de las materias primas y de las riquezas generará empleo. Y aquí recalcó la importancia de generar condiciones para que alentar las inversiones por parte del sector privado.
“El 66% del PBI argentino está representado por el consumo, y esto involucra al sector público y al privado. Pero la realidad es que tenemos mucho más de consumo que de inversión. En la actualidad, la inversión en relación al PBI está en el orden del 16%. Para que la Argentina sea un país desarrollado necesita 25% de inversión sobre el PBI, durante 25 años”, observó.
El camino de los precios
Para que mejorar el nivel de ingresos de la población vulnerable y, en consecuencia su calidad de vida, es necesario que el equipo económico del Gobierno reduzca la inflación y que la tasa se mantengan en niveles estables.
Sobre este punto, Di Pace afirmó que la inflación reflejó un leve descenso en los últimos meses. Sin embargo, advirtió que esta desaceleración aún no impactó en los precios de los artículos de la canasta básica y de los alimentos, dos insumos escenciales para la población.
El especialista señaló que, además de continuar con la política monetaria restrictiva, para terminar de retirar el sobrante de billetes que circulan por la economía, es necesario revisar la estructura de comercialización de productos esenciales en la Argentina.
“Hay empresas oligopólicas que son formadoras de los precios de referencia de la economía. La realidad es que hay una desaceleración de la inflación, pero el sector privado aún no la ve, no tiene la expectativa que el Gobierno. Y esto se debe a la experiencia pasada. Los grandes empresarios siguen ajustando los costos por si las dudas, porque aún no hay confianza en las metas de inflación que trazó el Gobierno”, observó Di Pace.
Y aquí puso énfasis en las diferencias de expectativas que separan al Gobierno de las grandes empresas formadoras de precios, respecto de la inflación y de las pautas salariales para 2017. “En el Presupuesto de 2014, el Gobierno proyectó una inflación del 17% y una pauta salarial del 17%. Las grandes empresas proyectan una inflación del 24% y un pauta de aumento salarial de entre el 27% y el 29%”, argumentó.
A juzgar por lo que describió Di Pace, los desafíos para el Gobierno son complejos. En septiembre, el Indec volvió a difundir los datos de pobreza y precisó que en el segundo semestre del año este flagelo abarcó al 32,2% de los habitantes del país. Entre ellos, el 6,3% son indigentes, es decir, que no les alcanzan los ingresos para adquirir la cantidad mínima de alimentos. Los Índices de pobreza se volvieron a medir luego de un “apagón” estadístico de tres años.
Cuando se anunció el indicador, el presidente, Mauricio Macri, había destacado que “ahora sabemos cuál es la realidad”. “Saber que uno de cada tres argentinos se encuentra bajo la línea de la pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca. Hay que comprometerse a trabajar juntos para que cada día podamos reparar más y más situaciones; caminar juntos hacia pobreza cero”, había expresado el mandatario.
El Indec también informó que la desocupación, durante el segundo trimestre, alcanzó al 9,3% mientras que el 33,4% de los asalariados no tiene aportes jubilatorios. Precisamente en relación al trabajo informal, la tasa del 33,4% promedio del país encontró su nivel más alto en las provincias del norte, en especial en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en La Rioja y en Catamarca, que registraron una tasa promedio del 39%. La medición más bajó se detectó en la Patagonia, con el 16% de informalidad laboral.