23 Septiembre 2016
LOS CARRASCO. Tras ser desalojadas, las familias se instalaron en la calle porque aseguran que no tenían donde ir. FOTO DE MARIA ELENA CARRASCO.
Esta mañana, tres familias denunciaron haber sido desalojadas de sus casas en El Mollar. Gerardo Enrique, María Elena, Jorge Luis y José Eduardo Carrasco viven en el Potrerillo y junto a 13 menores y una mujer embarazada fueron expulsadas ayer de sus casas por la Policía. Desde el Gobierno se aclaró que la familia estaba instalada en un terreno fiscal.
“Eran como 70 policías los que nos sacaron y no dejaron que busquemos nada de adentro”, dijo Gerardo Enrique. “Nos amenazaron con destruirnos las casas el lunes”, agregó su hija, María Elena.
Los denunciantes afirman que hace 31 años viven en ese lugar y que el terreno está a nombre de ellos. Además aseguran que no recibieron ninguna notificación previa del desalojo y que anoche tuvieron que dormir en la calle, sin comida ni abrigo.
Por su parte, el fiscal federal Daniel Leiva desmintió la situación y dijo que el Supremo Gobierno de la provincia está en juicio con las familias Carrasco desde 1998 y que recién ahora pudieron ganarlo. Hace un mes se les notificó el desalojo por segunda vez y su abogado le pidió a la Justicia unas semanas más para resolver qué iban a hacer.
El delegado comunal de El Mollar, Juan Ramón Vicente, ratificó los dichos de Leiva y además sostuvo que a todos los miembros de las familias se les ofreció comida y alojo en la comuna, que no aceptaron: “por una cuestión humana decidimos cuidarlos. Ellos decidieron quedarse en los terrenos y no ir a dormir donde les dijimos”.
“No es un capricho nuestro sacarlos. Es nuestro deber porque esas tierras le pertenecen a la comunidad. Ese terreno es de la escuela Agrotécnica que se encuentra en frente”, concluyó el fiscal Leiva.
“Eran como 70 policías los que nos sacaron y no dejaron que busquemos nada de adentro”, dijo Gerardo Enrique. “Nos amenazaron con destruirnos las casas el lunes”, agregó su hija, María Elena.
Los denunciantes afirman que hace 31 años viven en ese lugar y que el terreno está a nombre de ellos. Además aseguran que no recibieron ninguna notificación previa del desalojo y que anoche tuvieron que dormir en la calle, sin comida ni abrigo.
Por su parte, el fiscal federal Daniel Leiva desmintió la situación y dijo que el Supremo Gobierno de la provincia está en juicio con las familias Carrasco desde 1998 y que recién ahora pudieron ganarlo. Hace un mes se les notificó el desalojo por segunda vez y su abogado le pidió a la Justicia unas semanas más para resolver qué iban a hacer.
El delegado comunal de El Mollar, Juan Ramón Vicente, ratificó los dichos de Leiva y además sostuvo que a todos los miembros de las familias se les ofreció comida y alojo en la comuna, que no aceptaron: “por una cuestión humana decidimos cuidarlos. Ellos decidieron quedarse en los terrenos y no ir a dormir donde les dijimos”.
“No es un capricho nuestro sacarlos. Es nuestro deber porque esas tierras le pertenecen a la comunidad. Ese terreno es de la escuela Agrotécnica que se encuentra en frente”, concluyó el fiscal Leiva.
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