![Poviña y Sanjuán debaten sobre inseguridad en la Legislatura](https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2016/09/19/970x546_699719_20160919190050.webp)
El juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, y el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones,Ricardo Sanjuán, se encuentran reunidos en la Legislatura con los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Seguridad y Justicia; y Adicciones. Los funcionarios judiciales participan de una reunión en la Cámara para analizar los alcances de la Emergencia en Seguridad.
Poviña y Sanjuán fueron recibidos por el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman. Del encuentro también participa el vicegobernador y titular de la Cámara, Osvaldo Jaldo, en carácter de asistente. Jaldo está a cargo del poder Ejecutivo porque el gobernador, Juan Manzur, se encuentra en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
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El viernes, antes de viajar, se produjo un cruce de mensajes entre Manzur y Jaldo a raíz de la declaración de la Emergencia. Ambos funcionarios anunciaron casi en paralelo medidas similares: Jaldo, el tratamiento de la adhesión al decreto del Poder Ejecutivo Nacional y Manzur, un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ese mismo día por la tarde, en labor parlamentaria las autoridades de la Cámara y los presidentes de todos los bloques políticos acordaron que tratarán la adhesión de la provincia al decreto presidencial que declara la emergencia en seguridad pública. Y definieron una sesión para el jueves en la que solo se tratará este tema. Se prevé el análisis de cinco proyectos de ley (elevados desde diferentes bancadas políticas) y del decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el jefe del PE y su gabinete.
El jueves, el juez federal Poviña había dicho que si no se le ponía un freno al narcotráfico, Tucumán terminaría siendo como Rosario.
Por su parte, Sanjuán fue tajante y manifestó que en la provincia sucedía lo mismo que en la Nación, “no hay una política de Estado”. Y explicó que esto no significaba el avance del narcotráfico, sino “el retroceso del Estado”.
La emergencia que propone el Ejecutivo provincial tendrá un alcance de un año y permitirá que el Gobierno suscriba convenios y protocolos con fuerzas de seguridad nacionales que sean necesarias y adquirir bienes y servicios para cumplir los objetivos.
La declaración de Emergencia de Seguridad Pública decretada por el PEN propone revertir el peligro colectivo generado por el delito complejo y el crimen organizado. Operativos de fronteras, fortalecimiento del control de Puertos, Hidrovías y Mar Argentino. Reglas de Protección Aeroespacial y creación del gabinete de Seguridad Humana.
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