“Tucumán no es Rosario, pero si no se pone un freno, lo terminará siendo”

El juez Federal Fernando Poviña se acomodó en la silla de su escritorio y disparó: “la situación del narcotráfico en Tucumán es grave y, lo que es peor aún, va creciendo. Aclaro: no es Rosario, pero si no se pone un freno, lo terminará siendo”.

Al magistrado muestra preocupación. Observa todos los días cómo crece a pasos agigantados el ilícito. “Este es buen momento para aunar fuerzas y trabajar más fuerte con el único fin de luchar contra este negocio ilegal”, aseguró en una charla con LA GACETA.

Poviña no recurrió a una solución simplista, sino a un plan integral que llegará -dice- si es que la Provincia declara el estado de emergencia. “En Rosario lo hicieron hace muy pocos días, pero no hay que esperar llegar a ese extremo para actuar”, analizó el juez.

Hay dos caminos para declarar el estado de emergencia. Puede ser dictado por el gobernador Juan Manzur a través de un decreto que debe ser refrendado en la Legislatura. La otra alternativa es que se dicte una ley que debe ser promulgada por el titular del PE.

En los primeros días de julio, la División Antidrogas de la Policía Federal elaboró un informe lapidario sobre lo que ocurría en la provincia y que llegó a manos de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

Antes de que ello ocurriera y luego de que en nuestra provincia se secuestraran importantes cantidad de cocaína, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, aseguró, en mayo, que Tucumán se había transformado en el centro de acopio, procesamiento y distribución de droga de la región.

Ventajas

Poviña, en su análisis, consideró cuáles serían las ventajas si es que se llega a declarar a la provincia en emergencia en la lucha contra el narcotráfico:

- Todas las fuerzas de seguridad que están dedicadas a la lucha contra las drogas actuarían de manera conjunta bajo el mando de una sola cabeza y no de manera independiente como ocurre actualmente. “Eso ayudaría que los resultados sean mucho más efectivos, ya que nos dimos cuenta de que varias veces se está investigando lo mismo; o bien que un procedimiento que realice una fuerza puede arruinar trabajo de meses de otra”, explicó.

- Las fuerzas tendrían mayores recursos humanos y tecnológicos, que son fundamentales en el combate contra las organizaciones que se dedican al tráfico y a la venta de estupefacientes.

- Se podrían crear fiscalías o juzgados dedicados a cuestiones penales únicamente y no multifuero como sucede actualmente. “En Rosario ocurría algo similar y se decidió que dos juzgados sean penales únicamente, lo que permitió que se trabaje con mayor celeridad en este tipo de delitos”, sentenció Poviña.

- Definir que las causas que involucran a grandes organizaciones sean investigadas por la Justicia federal, y que los casos de narcomenudeo queden en manos de la Justicia ordinaria. En Tucumán, la Ley fue sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo, pero por un planteo realizado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, la Corte Suprema decidió suspender su aplicación. “Para que ello se cumpla hay que ser muy claro en los límites para que no se pierda el tiempo de investigación en temas de competencia. Además -agregó- sería fundamental la creación de más fiscalías y también que se le asignen mayores recursos en el fuero local”.

- Con la declaración de la emergencia la provincia podría aspirar a que se concrete un viejo anhelo: la construcción de un penal federal para albergar a los procesados por narcotráfico o comercialización de drogas. “La crisis carcelaria es grave. En esta provincia ubicar a un detenido es problemático. También se está dando a nivel regional. Jujuy, Salta y Santiago del Estero, que tienen sus unidades, tampoco tienen cupos para alojar personas. De La Pampa hacia el sur, sí cuentan con espacio, pero es imposible enviarlos allí”, concluyó.

Amado: "Todo lo que ayude es bien recibido"

“Todo lo que ayude para luchar contra el narcotráfico es bien recibido y sometido a un análisis para ver si se lo pone en práctica”, aseguró Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia.

El funcionario habló con LA GACETA sobre la idea del juez federal Fernando Poviña para que la provincia sea declarada en estado de emergencia. “Hay un fuerte compromiso del gobernador de luchar contra este delito. Y hay acciones claras que demuestran que está comprometida en estas acciones. Una de ellas es la adhesión al programa nacional Argentina sin Narcotráfico”, comentó.

Amado aclaró: “Este plan establece nuevas leyes, con condenas más duras para quienes sean condenados por este delito. También incluye más capacitación, más tecnología y recursos para el personal y, sobre todo, un trabajo articulado entre las policías provinciales y las fuerzas nacionales para que, a través de eso, las tareas de seguridad en las zonas de fronteras sean más efectivas”.

El funcionario fue preciso al indicar que la lucha contra el narcotráfico no se puede lograr desde un solo poder. “Supone un trabajo coordinado y unido de los tres poderes. Por eso me reuní con autoridades de la Justicia federal, de la Justicia ordinaria y con el Poder Legislativo. Entre todos podremos hacerle frente a este flagelo. Coincido con los jueces en que hay que trabajar mancomunadamente para evitar que la droga avance tanto en la provincia como en el país”, aclaró.

Otra acción puntual fue la firma de convenio que Tucumán realizó en Salta, también a fines de agosto, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en donde se creó una nueva dependencia de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). “Irá por detrás de los activos y bienes que maneja el narcotráfico y por medio de los cuales pueden desplegarse. El destino de ese dinero, incautado en los allanamientos, será utilizado para equipar a las fuerzas policiales, locales y federales, y para financiar los centros de recuperación de adictos”, enfatizó el ministro.

Crítica del fiscal Gómez

Por otra parte, el fiscal federal general, Gustavo Gómez, se mostró muy critico sobre la actuación de la Justicia federal -sobre todo de los jueces- de Tucumán en casos relacionados con drogas. Según su opinión, las fallas a la hora de investigar y “la laxitud” con que algunos jueces interpretan las leyes derivaron en que en Tucumán los “transas” crean que tienen una “impunidad garantizada” y que la provincia sea “centro de consumo y distribución de estupefacientes”.

En declaraciones a la emisora radial LV12, el fiscal consideró que sobrevuela una errónea idea de que las penas son leves. “El problema es que los jueces interpretan con laxitud esa pena y dicen que, ‘como es una buena persona’, no es necesario que permanezca preso. Esa persona vuelve a delinquir y se le vuelve a dar la libertad, en forma de prisión domiciliaria. Y vuelve a delinquir. Nunca vamos a acabar con esto si el delincuente cree que tiene la impunidad garantizada”, advirtió.

Otra cuestión que dijo que le preocupaba es la baja cantidad de imputados por venta de drogas que enfrentan a un tribunal. “En Tucumán, entre el 5 y el 10 por ciento de los casos que recibimos relacionados con drogas llegan a un juicio oral y público. Ahí también tenemos un fracaso importante. El otro es que tenemos cientos de personas presas con prisión domiciliaria, esperando el juicio. La conjunción de estos factores como el problema carcelario y las dificultades que tenemos para investigar los casos hacen que Tucumán se transforme en un centro de consumo y distribución de drogas”.

Por último, se hizo eco de una entrevista que LA GACETA le hizo al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Regino Amado, en la que se informó que conocen 100 centros de venta de drogas. “Nosotros no tenemos esa cantidad de causas... ¿Dónde está la falla? Yo creo que en la administración de Justicia. Las Policías hacen lo que pueden con lo que tienen. Evidentemente, si nosotros sólo estamos juzgando y condenando a lo sumo al 10 por ciento de los acusados por narcotráfico, estamos en un problema”, razonó.