18 Agosto 2016
JURAMENTO. Pedicone estrecha la mano de Gandur ante la mirada de Goane, Estofán (tapado) y Posse. la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo)
Con un decreto de dos líneas, Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cerró el caso disciplinario iniciado por el ministro público Edmundo Jiménez contra el camarista Enrique Pedicone. “Conforme a las constancias de autos, surge acreditado que deben tenerse por agotadas -sin más- las presentes actuaciones de superintendencia”, dijo el 3 de agosto pasado.
Fuentes judiciales explicaron que Gandur consideró saldada la cuestión con las expresiones conciliadoras que emitió Pedicone, quien ingresó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción en junio de 2015. Tales manifestaciones habían resultado insuficientes para jefe de los fiscales y de los defensores oficiales, que en julio reiteró su pedido de sanción para el vocal con el que chocó por el nombramiento de un fiscal subrogante de la Cámara de Apelaciones para el caso “Lebbos” (ver página 12 de esta edición).
“Tengo que analizar los fundamentos del decreto. Recién entonces analizaré qué hacer”, explicó Jiménez ayer durante una consulta telefónica. Si persistiese en su descontento, el ministro público podría impugnar el decreto de Gandur ante la propia Corte o bien solicitar la destitución del juez en la Legislatura. Fuentes judiciales acotaron que el titular del alto tribunal había adoptado su decisión previa consulta con sus pares René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.
Otra pugna por papeles
El conflicto entre Jiménez y Pedicone comenzó en junio pasado, y creció al calor de una serie de intercambios por escrito, que la Corte siguió “en directo” a partir de las copias que recibía del camarista. La tensión obedeció al control de unos papeles ligados al expediente de la víctima Paulina Lebbos. Mediante la remisión de al menos cuatro notas distintas, el camarista había exigido la devolución de los documentos necesarios para proseguir el trámite del caso, que el ex ministro de Gobierno y de Justicia de José Alperovich tenía en su poder por la inhibición del fiscal Alejandro Noguera.
En medio de ese tironeo, el ministro público pidió una audiencia con la Cámara de Apelaciones, que la vocal Liliana Vitar fijó para el 4 de julio y luego dejó sin efecto. En ese punto del conflicto, Jiménez alegó que las solicitudes de documentación de Pedicone eran ilegales porque no habían sido firmadas por Vitar y que, por ello, ordenaba extraer copias a los fines que “correspondiere”. El camarista aludido expresó que constaba en el expediente que Vitar había salido de la Cámara para ir a cuidar a su hermano. Y añadió no podía tolerar que Jiménez impusiese silencio por medio de veladas amenazas, que son reincidentes en él.
El 7 de julio y luego de reunirse con la Corte para pedir una sanción para Pedicone, Jiménez entregó los papeles. Una semana después, el camarista informó a Gandur que había recibido la documentación. “No escapa a mi consideración que en el propósito de cumplir con nuestro deber como tribunal de alzada -descuento que tenemos tanto interés como el Ministerio Público- se pudieron haber deslizado algunos vocablos inoportunos que no se compadecen, con seguridad, con el dictado de nuestra conciencia”, explicó.
Fuentes judiciales explicaron que Gandur consideró saldada la cuestión con las expresiones conciliadoras que emitió Pedicone, quien ingresó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción en junio de 2015. Tales manifestaciones habían resultado insuficientes para jefe de los fiscales y de los defensores oficiales, que en julio reiteró su pedido de sanción para el vocal con el que chocó por el nombramiento de un fiscal subrogante de la Cámara de Apelaciones para el caso “Lebbos” (ver página 12 de esta edición).
“Tengo que analizar los fundamentos del decreto. Recién entonces analizaré qué hacer”, explicó Jiménez ayer durante una consulta telefónica. Si persistiese en su descontento, el ministro público podría impugnar el decreto de Gandur ante la propia Corte o bien solicitar la destitución del juez en la Legislatura. Fuentes judiciales acotaron que el titular del alto tribunal había adoptado su decisión previa consulta con sus pares René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.
Otra pugna por papeles
El conflicto entre Jiménez y Pedicone comenzó en junio pasado, y creció al calor de una serie de intercambios por escrito, que la Corte siguió “en directo” a partir de las copias que recibía del camarista. La tensión obedeció al control de unos papeles ligados al expediente de la víctima Paulina Lebbos. Mediante la remisión de al menos cuatro notas distintas, el camarista había exigido la devolución de los documentos necesarios para proseguir el trámite del caso, que el ex ministro de Gobierno y de Justicia de José Alperovich tenía en su poder por la inhibición del fiscal Alejandro Noguera.
En medio de ese tironeo, el ministro público pidió una audiencia con la Cámara de Apelaciones, que la vocal Liliana Vitar fijó para el 4 de julio y luego dejó sin efecto. En ese punto del conflicto, Jiménez alegó que las solicitudes de documentación de Pedicone eran ilegales porque no habían sido firmadas por Vitar y que, por ello, ordenaba extraer copias a los fines que “correspondiere”. El camarista aludido expresó que constaba en el expediente que Vitar había salido de la Cámara para ir a cuidar a su hermano. Y añadió no podía tolerar que Jiménez impusiese silencio por medio de veladas amenazas, que son reincidentes en él.
El 7 de julio y luego de reunirse con la Corte para pedir una sanción para Pedicone, Jiménez entregó los papeles. Una semana después, el camarista informó a Gandur que había recibido la documentación. “No escapa a mi consideración que en el propósito de cumplir con nuestro deber como tribunal de alzada -descuento que tenemos tanto interés como el Ministerio Público- se pudieron haber deslizado algunos vocablos inoportunos que no se compadecen, con seguridad, con el dictado de nuestra conciencia”, explicó.
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