30 Julio 2016
Ocho de cada 10 denuncias penalesfueron archivadas en 2015
Casi 100.000 denuncias entraron a los Tribunales provinciales durante el año pasado. Los datos estadísticos divulgados por la presidencia de la Corte Suprema confirman que una cantidad abrumadora de los procesos penales no llega a ningún sitio.
El fuero penal sigue siendo el departamento judicial más demandado por la ciudadanía. En 2015, esta esfera del Poder Judicial de Tucumán recibió 99.280 denuncias, el doble de los juicios iniciados en los demás fueros en el mismo período. ¿Qué pasó con ese caudal de noticias sobre posibles hechos ilícitos? Las fiscalías de Instrucción de la provincia archivaron ocho de cada 10 actuaciones (82.993 expedientes); requirieron la elevación a juicio en 3.225 supuestos y sobreseimientos en 2.509.
El desempeño del fuero penal surge de la estadística que difundió Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, durante la primera semana de actividad tribunalicia normal luego de las vacaciones de invierno (el informe lleva la firma del licenciado Juan Carlos Lencina, director de Estadísticas del alto tribunal). Los datos acompañaron el parte de prensa elaborado para refutar y matizar las críticas de Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y defensores oficiales, quien durante el receso dijo que advertía un “cambalache” judicial.
Asimetría
La mayor cantidad de denuncias ingresó en las diez fiscalías de la capital: 85.262 de las 99.280. Las cuatro fiscalías de Concepción iniciaron 11.375 actuaciones mientras que las dos oficinas de Instrucción de Monteros tramitaron 2.643 presentaciones.
Si se toman en cuenta sólo los números generales (cantidad de denuncias sobre cantidad de fiscalías), es posible decir que cada unidad recibió 6.205 presentaciones a lo largo de 2015. Pero la carga de trabajo es asimétrica: el año pasado, cada despacho de la capital -donde hay tres fiscalías acéfalas- lidió con 8.526 denuncias. El volumen desciende en forma drástica en Concepción (2.843 casos nuevos por unidad) y en Monteros (1.321).
Sólo 9 casos en Monteros
Las estadísticas globales disponibles -las planillas no discriminan por oficina- indican que el 3% de las denuncias radicadas en la capital prosperaron hasta el punto de ser elevadas a juicio. En Concepción, ese porcentaje se duplica hasta alcanzar al 6% de las denuncias. Pero en Monteros el Ministerio Público elevó a juicio sólo el 0,3% de los expedientes -9 causas en 2015-.
El panorama cambia respecto de los requerimientos de sobreseimiento, que es una de las posibilidades de la investigación y procede cuando no hay base (pruebas) para sostener la acusación. El 2,5% de las causas siguieron ese camino en la capital; el 2% en Concepción y el 5% en Monteros.
Situación llamativa
Las fiscalías de Instrucción de Monteros se destacan en la fotografía del conjunto de las oficinas jurisdiccionales. Estos despachos lideran por lejos la tabla de rendimiento de los Tribunales provinciales -ver texto relacionado-. Con una tasa de resolución de conflictos del 143,4%, son, además, las únicas unidades donde salieron -por alguna de las vías posibles de finalización de la investigación- más casos que los que entraron en 2015. La Dirección de Estadísticas de la Corte computó 2.643 expedientes iniciados y 3.791 finalizados. ¿Cómo se explica esta situación? Sucede que los datos publicitados por el presidente de la Corte toman en cuenta situaciones aisladas: ello quiere decir que el archivo, y los requerimientos de sobreseimiento y de elevación a juicio no están referidos necesariamente a las denuncias de 2015. Lo más común es que una investigación precise dos, tres o más años antes de ser elevada a juicio. Lo mismo cabe decir en relación con los demás caminos posibles: archivo y pedido de juicio.
Los archivos suben
¿Cuál es la tendencia? En 2014 ingresaron 92.778 denuncias, siempre según la información oficial. De un año a otro disminuyó ligeramente el número de casos nuevos, pero subió el de archivos. En 2014, cinco de cada diez presentaciones siguieron esa suerte (50.950 en total). En doce meses aumentaron asimismo los requerimientos de elevación a juicio salvo en Monteros (en 2014 hubo 164 solicitudes allí). Hace dos años, ese centro judicial archivó casi tantas causas como Concepción (más de 7.000).
La mitad hace tiempo
¿La elevación a juicio garantiza que el caso terminará con una sentencia? No. Si se comparan las cantidades globales de casos en condiciones de llegar a esa instancia (3.225) con la de fallos dictados por las salas de la Cámara Penal (1.542) -todas de 2015- surge que en principio sólo la mitad de los procesos concluye por una decisión de fondo. ¿Qué ocurre con la otra parte? Un volumen significativo de expedientes elevados a juicio -previa investigación- termina prescripto (ello quiere decir que la posibilidad de juzgar se extingue por el transcurso del tiempo previsto en la ley).
Lecturas combinables
¿Qué significa que ocho de cada diez denuncias penales son archivadas? La estadística no individualiza aún los motivos, pero hay varias lecturas posibles que se combinan entre sí. La primera es la de la insignificancia: un número para nada desdeñable de presentaciones alude a hechos que no configuran delitos, o que refieren a actos formales como la denuncia del extravío de una chequera. En términos institucionales, el archivo “sincera” la imposibilidad evidente de atender todos los casos con la estructura judicial disponible. Pero también desincentiva la comunicación de presuntas situaciones delictivas a quienes han de esclarecerlas.
Hasta comienzos de este año regía el principio de legalidad que obligaba al Ministerio Público a tramitar todas las denuncias, sin importar su entidad. En febrero, la Legislatura sancionó una reforma parcial del Código Procesal Penal solicitada por la Corte que incorpora el llamado principio de oportunidad. Este instituto permite concentrar las energías en los casos relevantes para la política criminal, y canalizar los demás a partir de salidas alternativas como la mediación y la conciliación. Los Tribunales aplicarán la nueva enmienda cuando finalicen los trabajos de adaptación que lleva adelante una comisión ad hoc. En paralelo, la Legislatura analiza una reforma integral al proceso penal cuya elaboración comenzó en 2012. Entre otras modificaciones, el proyecto de código en cuestión oraliza y transparenta el trámite preliminar al juicio.
En simultáneo avanza la cobertura de los nuevos cargos de magistrado del fuero penal creados en los últimos años, entre ellos, cinco nuevas fiscalías. El proceso de normalización de los despachos tiende a ralentizarse: el gobernador Juan Manzur se tomó medio año para ejercer por primera vez la potestad para nombrar jueces -los seis jueces designados aún no juraron en sus cargos-. Los tiempos de las instituciones no son los de los ciudadanos ni los de la criminalidad. En medio de tales circunstancias complejas, donde cada vez retumba con mayor intensidad el reclamo de impunidad, se desenvuelven desde hace más de un año las tensiones entre el Ministerio Público de Edmundo Jiménez y la Corte que preside Antonio Gandur.
El desempeño del fuero penal surge de la estadística que difundió Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, durante la primera semana de actividad tribunalicia normal luego de las vacaciones de invierno (el informe lleva la firma del licenciado Juan Carlos Lencina, director de Estadísticas del alto tribunal). Los datos acompañaron el parte de prensa elaborado para refutar y matizar las críticas de Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y defensores oficiales, quien durante el receso dijo que advertía un “cambalache” judicial.
Asimetría
La mayor cantidad de denuncias ingresó en las diez fiscalías de la capital: 85.262 de las 99.280. Las cuatro fiscalías de Concepción iniciaron 11.375 actuaciones mientras que las dos oficinas de Instrucción de Monteros tramitaron 2.643 presentaciones.
Si se toman en cuenta sólo los números generales (cantidad de denuncias sobre cantidad de fiscalías), es posible decir que cada unidad recibió 6.205 presentaciones a lo largo de 2015. Pero la carga de trabajo es asimétrica: el año pasado, cada despacho de la capital -donde hay tres fiscalías acéfalas- lidió con 8.526 denuncias. El volumen desciende en forma drástica en Concepción (2.843 casos nuevos por unidad) y en Monteros (1.321).
Sólo 9 casos en Monteros
Las estadísticas globales disponibles -las planillas no discriminan por oficina- indican que el 3% de las denuncias radicadas en la capital prosperaron hasta el punto de ser elevadas a juicio. En Concepción, ese porcentaje se duplica hasta alcanzar al 6% de las denuncias. Pero en Monteros el Ministerio Público elevó a juicio sólo el 0,3% de los expedientes -9 causas en 2015-.
El panorama cambia respecto de los requerimientos de sobreseimiento, que es una de las posibilidades de la investigación y procede cuando no hay base (pruebas) para sostener la acusación. El 2,5% de las causas siguieron ese camino en la capital; el 2% en Concepción y el 5% en Monteros.
Situación llamativa
Las fiscalías de Instrucción de Monteros se destacan en la fotografía del conjunto de las oficinas jurisdiccionales. Estos despachos lideran por lejos la tabla de rendimiento de los Tribunales provinciales -ver texto relacionado-. Con una tasa de resolución de conflictos del 143,4%, son, además, las únicas unidades donde salieron -por alguna de las vías posibles de finalización de la investigación- más casos que los que entraron en 2015. La Dirección de Estadísticas de la Corte computó 2.643 expedientes iniciados y 3.791 finalizados. ¿Cómo se explica esta situación? Sucede que los datos publicitados por el presidente de la Corte toman en cuenta situaciones aisladas: ello quiere decir que el archivo, y los requerimientos de sobreseimiento y de elevación a juicio no están referidos necesariamente a las denuncias de 2015. Lo más común es que una investigación precise dos, tres o más años antes de ser elevada a juicio. Lo mismo cabe decir en relación con los demás caminos posibles: archivo y pedido de juicio.
Los archivos suben
¿Cuál es la tendencia? En 2014 ingresaron 92.778 denuncias, siempre según la información oficial. De un año a otro disminuyó ligeramente el número de casos nuevos, pero subió el de archivos. En 2014, cinco de cada diez presentaciones siguieron esa suerte (50.950 en total). En doce meses aumentaron asimismo los requerimientos de elevación a juicio salvo en Monteros (en 2014 hubo 164 solicitudes allí). Hace dos años, ese centro judicial archivó casi tantas causas como Concepción (más de 7.000).
La mitad hace tiempo
¿La elevación a juicio garantiza que el caso terminará con una sentencia? No. Si se comparan las cantidades globales de casos en condiciones de llegar a esa instancia (3.225) con la de fallos dictados por las salas de la Cámara Penal (1.542) -todas de 2015- surge que en principio sólo la mitad de los procesos concluye por una decisión de fondo. ¿Qué ocurre con la otra parte? Un volumen significativo de expedientes elevados a juicio -previa investigación- termina prescripto (ello quiere decir que la posibilidad de juzgar se extingue por el transcurso del tiempo previsto en la ley).
Lecturas combinables
¿Qué significa que ocho de cada diez denuncias penales son archivadas? La estadística no individualiza aún los motivos, pero hay varias lecturas posibles que se combinan entre sí. La primera es la de la insignificancia: un número para nada desdeñable de presentaciones alude a hechos que no configuran delitos, o que refieren a actos formales como la denuncia del extravío de una chequera. En términos institucionales, el archivo “sincera” la imposibilidad evidente de atender todos los casos con la estructura judicial disponible. Pero también desincentiva la comunicación de presuntas situaciones delictivas a quienes han de esclarecerlas.
Hasta comienzos de este año regía el principio de legalidad que obligaba al Ministerio Público a tramitar todas las denuncias, sin importar su entidad. En febrero, la Legislatura sancionó una reforma parcial del Código Procesal Penal solicitada por la Corte que incorpora el llamado principio de oportunidad. Este instituto permite concentrar las energías en los casos relevantes para la política criminal, y canalizar los demás a partir de salidas alternativas como la mediación y la conciliación. Los Tribunales aplicarán la nueva enmienda cuando finalicen los trabajos de adaptación que lleva adelante una comisión ad hoc. En paralelo, la Legislatura analiza una reforma integral al proceso penal cuya elaboración comenzó en 2012. Entre otras modificaciones, el proyecto de código en cuestión oraliza y transparenta el trámite preliminar al juicio.
En simultáneo avanza la cobertura de los nuevos cargos de magistrado del fuero penal creados en los últimos años, entre ellos, cinco nuevas fiscalías. El proceso de normalización de los despachos tiende a ralentizarse: el gobernador Juan Manzur se tomó medio año para ejercer por primera vez la potestad para nombrar jueces -los seis jueces designados aún no juraron en sus cargos-. Los tiempos de las instituciones no son los de los ciudadanos ni los de la criminalidad. En medio de tales circunstancias complejas, donde cada vez retumba con mayor intensidad el reclamo de impunidad, se desenvuelven desde hace más de un año las tensiones entre el Ministerio Público de Edmundo Jiménez y la Corte que preside Antonio Gandur.
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