Estallan críticas por el uso de casas de la UNT

“Que tenga que disponerse una auditoría para conocer la situación de ocupación de inmuebles de la universidad es la demostración rotunda del descalabro administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán y de la desaprensión en la administración de sus bienes”, opinó la decana de la facultad de Derecho de la UNT, Adela Seguí.

Ayer, LA GACETA publicó los nombres de quienes aparecen en el listado de ocupantes de las viviendas de Horco Molle, confeccionado por la Dirección de Residencias Universitarias (DGRU). Son más de una decena de casas que están siendo usadas, pero sin que paguen por eso. El complejo de la Residencia Universitaria está compuesto por 36 casas, de las cuales 34 están habitables y dos cerradas por deterioro. También un bloque con habitaciones que funciona como hotel. Son bienes que pertenecen a la UNT desde principios de 1950, cuyo mantenimiento se cubre con fondos que la institución recibe del Estado Nacional y otro porcentaje con los recursos propios que genera la DGRU.

En el listado -el último actualizado- aparecen nombres de funcionarios universitarios, un sindicalista, un camarista federal, docentes, no docentes y dependencias que forman parte de la estructura de la universidad. Un informe de 2014 que se le envió a la rectora, Alicia Bardón, desde la DGRU remarcó que el hecho de tener “inquilinos” que no pagan le generó una pérdida de $ 375.000 a la UNT sólo en 2013.

LA GACETA intentó comunicarse con las autoridades universitarias, pero no obtuvo respuestas: celulares apagados, evasivas y mensajes no respondidos. El mecanismo para acceder a una vivienda comenzaba con un pedido en la DGRU y terminaba con la firma de los rectores. Si el procedimiento se cumplía en su totalidad, entonces, el inquilino firmaba un acta acuerdo en la que se comprometía a abonar el alquiler y devolver el inmueble en condiciones.

Tanto en el informe de la DGRU como en la auditoría interna que mandó a hacer la rectora en 2014 quedó consignado que ese mecanismo muchas veces no se respetaba. Que las viviendas se cedían con solo la autorización de los rectores.

“Los bienes del Estado deben ser resguardados celosamente pues temporalmente han sido puestos bajo custodia y administración de las autoridades, sea el Ejecutivo Universitario o el Consejo Superior. Jamás pueden ser administrados discrecionalmente y a la ligera como si fueran bienes de viuda. Lamentablemente lo referente a las casas de las ciudades universitarias muestra esto último. Somos lo que hacemos”, manifestó el consejero superior por el estamento de los egresados, Ricardo Cisneros.

Por su parte, Seguí, manifestó que esta situación “puede constituir perjuicio patrimonial contra la universidad y ocasionar responsabilidad para las autoridades que permiten esa situación”.

La próxima semana, la UNT retomará su ritmo habitual de actividades. Comenzarán las sesiones del Consejo Superior y este tema, según los entrevistados, no debe ser dejado de lado. “El Consejo Superior debe tomar cartas en el asunto y decidir el destino absolutamente reglado de las casas, las que deben ser restituidas al uso para el que fueron pensadas, absolutamente vinculado a la vida académica de la universidad”, señaló la decana de Derecho. Esas casas estaban pensadas para recibir becarios extranjeros para que desarrollen sus investigaciones en la UNT. Originalmente, el complejo había sido concebido como ciudad hospital, pero el proyecto quedó trunco.

“No se trata de demonizar a quienes fueron beneficiarios del uso que se les vino dando, se trata de reconducir una administración caprichosa, ineficiente e ilegal del patrimonio universitario completamente alejado de los fines de la universidad”, prosiguió.

Cisneros recordó que cuando comenzó el año académico presentó un proyecto para que se reglamentara el uso de las casas y para que también se abriera la posibilidad a los estudiantes de poder participar de los sorteos o alquileres temporales.

El proyecto no fue tratado y en marzo el Rectorado aprobó otro (resolución N°176) que por primera vez vino a reglar el uso de esas viviendas que tienen más de 60 años. Pero ese reglamento no incluye la posibilidad de acceso a los estudiantes universitarios.