21 Julio 2016
El historial del uso de las viviendas universitarias de Horco Molle contiene nombres de funcionarios universitarios, docentes y hasta personas sin relación de dependencia con la UNT, quienes por años ocuparon casas sin pagar alquiler.
En los registros de la Dirección General de Residencias Universitarias (DGRU), a cargo de Ricardo Krebs (desde 2001), constan los pedidos de devolución que en algunos casos se reiteraron durante varios años. Un informe confeccionado por esa dependencia en 2014 señaló que las adjudicaciones de las casas “se desarrollaron de manera anárquica”, y que significaron $ 375.000 que no ingresaron a las arcas universitarias, sólo en 2013.
Al asumir, en 2014, la rectora, Alicia Bardón, había solicitado una auditoría para conocer el estado de las cuentas de la DGRU y de las viviendas. La revisión interna detectó que16 casas estaban ocupadas, pero sus inquilinos no pagaban el alquiler. La situación, sin embargo, no es nueva. Incluso, quien firmó la auditoría, Adriana Alvillos, el 30 de octubre de 2003 fue intimada por esa dirección para que desalojara la vivienda N° 17. Se reiteró el pedido en mayo de 2005, pero fuentes de la dependencia explicaron que la vivienda no fue desocupada sino hasta 2007, y que esta funcionaria la poseía desde fines de los 90. Alvillos es la actual directora de la Unidad de Auditoría Interna de la UNT, quien en el informe se refirió a la falta de cumplimiento en el pago de los cánones, lo cual obligaba a la UNT a asumir los gastos de mantenimiento que podían ocasionar perjuicios económicos a la institución.
A 15 kilómetros de la ciudad, emplazado en el pedemonte de las sierras de San Javier, se encuentra este complejo habitacional que fue pensado como ciudad hospital, pero quedó trunco luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. Las 36 viviendas iban a destinarse como casas para los médicos y el edificio de la residencia universitaria (que se encuentra en el mismo predio) como sitio para las enfermeras. Al caerse el proyecto, la residencia pasó a funcionar como hotel y las viviendas se alquilaron al personal universitario y a investigadores extranjeros. En la teoría cada inquilino debía firmar un acta acuerdo con la UNT que establecía plazos, condiciones de uso y el monto mensual. Pero en la práctica se hizo corriente que las autoridades universitarias las cedieran sin cargo, dándoles un uso político. Así lo reconoció Krebs y también el actual secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, área de la que depende la DGRU.
Recién en marzo de este año se aprobó una reglamentación para el uso de las viviendas de Horco Molle y se actualizó el precio del alquiler. Montos comparativamente bajos para la zona. Por mes, desde abril la tarifa pasó a $ 2.750 (antes era de $ 1.750).
En los registros de la Dirección General de Residencias Universitarias (DGRU), a cargo de Ricardo Krebs (desde 2001), constan los pedidos de devolución que en algunos casos se reiteraron durante varios años. Un informe confeccionado por esa dependencia en 2014 señaló que las adjudicaciones de las casas “se desarrollaron de manera anárquica”, y que significaron $ 375.000 que no ingresaron a las arcas universitarias, sólo en 2013.
Al asumir, en 2014, la rectora, Alicia Bardón, había solicitado una auditoría para conocer el estado de las cuentas de la DGRU y de las viviendas. La revisión interna detectó que16 casas estaban ocupadas, pero sus inquilinos no pagaban el alquiler. La situación, sin embargo, no es nueva. Incluso, quien firmó la auditoría, Adriana Alvillos, el 30 de octubre de 2003 fue intimada por esa dirección para que desalojara la vivienda N° 17. Se reiteró el pedido en mayo de 2005, pero fuentes de la dependencia explicaron que la vivienda no fue desocupada sino hasta 2007, y que esta funcionaria la poseía desde fines de los 90. Alvillos es la actual directora de la Unidad de Auditoría Interna de la UNT, quien en el informe se refirió a la falta de cumplimiento en el pago de los cánones, lo cual obligaba a la UNT a asumir los gastos de mantenimiento que podían ocasionar perjuicios económicos a la institución.
A 15 kilómetros de la ciudad, emplazado en el pedemonte de las sierras de San Javier, se encuentra este complejo habitacional que fue pensado como ciudad hospital, pero quedó trunco luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. Las 36 viviendas iban a destinarse como casas para los médicos y el edificio de la residencia universitaria (que se encuentra en el mismo predio) como sitio para las enfermeras. Al caerse el proyecto, la residencia pasó a funcionar como hotel y las viviendas se alquilaron al personal universitario y a investigadores extranjeros. En la teoría cada inquilino debía firmar un acta acuerdo con la UNT que establecía plazos, condiciones de uso y el monto mensual. Pero en la práctica se hizo corriente que las autoridades universitarias las cedieran sin cargo, dándoles un uso político. Así lo reconoció Krebs y también el actual secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, área de la que depende la DGRU.
Recién en marzo de este año se aprobó una reglamentación para el uso de las viviendas de Horco Molle y se actualizó el precio del alquiler. Montos comparativamente bajos para la zona. Por mes, desde abril la tarifa pasó a $ 2.750 (antes era de $ 1.750).
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