Motín en la ex Brigada: donde había espacio para 42 presos, había 79 detenidos

“¡No pasó nada! ¡Estamos todos bien!”, gritó desaforado uno de los presos mientras era requisado en la entrada de la Alcaidía de la Dirección General de Investigaciones. Horas antes, un compañero intentó realizar una protesta que pudo haber terminado en tragedia.

Cerca del mediodía, mientras pintores le daban una lavada de cara al deteriorado edificio de Junín al 800, en el interior se estaba por desatar un infierno. En uno de los pabellones, un recluso intentó quemar un colchón para protestar porque le habían dictado la prisión preventiva en una causa de tentativa de homicidio. Los otros detenidos apagaron el fuego, pero no pudieron evitar que el revoltoso se cortara el brazo. Por esa herida, fue trasladado al Centro de Salud.

Una fuente judicial confirmó que en el momento en el que se desató el principio de incendio en el lugar estaba ocupado por unos 79 hombres, a pesar de que la capacidad de los dos calabozos que funcionan allí es de 42. También se informó que, luego de este incidente, unos 15 arrestados fueron reubicados en diferentes seccionales de la capital y que en ese lugar quedaron finalmente alojados 64.

La ruidosa esquina de Junín y Sarmiento, con el correr de los minutos, se transformó en el punto de encuentro de los familiares de los detenidos. Iban de un lado a otro esperando encontrar una respuesta sobre el estado de salud de sus seres queridos. “Ellos nos dicen que la están pasando muy mal. No dicen que no tienen camas, sino que no hay colchones y duermen tirados en el piso y las cucarachas les pasan por el cuerpo”, comentó María Laura Díaz, esposa de uno de los hombres que allí estaban alojados.

“Está bien, se mandaron una macana y ahora la están pagando, pero no los pueden tratar como perros. No sólo que no tienen dónde dormir, sino que además muchas veces ni siquiera les llega la comida que les llevamos diariamente”, se quejó Soledad, pareja de un detenido que participó de los incidentes.

Vieja polémica

Los fiscales Adriana Gianonni y Diego López Ávila habían logrado que se dictara un hábeas corpus correctivo a favor de todos los detenidos en dependencias policiales y del personal que los custodia, luego de que dos presos fallecieran en junio del año pasado en un intento de motín en la comisaría de Yerba Buena. La Corte Suprema de Justicia de la provincia instó al PE que paulatinamente vaya trasladando los reclusos al penal de Villa Urquiza, planteo que no se cumplió totalmente. Sí se iniciaron obras que ya deberían haber sido inauguradas. La capacidad del presidio, que actualmente es de 1.140 reclusos, pasará a casi 2.000, según confirmó Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad.

Los fiscales también elaboraron un informe de la situación de cada una de las comisarías. En diciembre pasado pidieron la clausura de las seccionales 5ª y 10ª -días antes de este planteo se habían fugado tres detenidos en la dependencia que está en Villa 9 de Julio- que se su sumaron a la de Marti Coll y a la 11ª.

Sin embargo, en una acordada del 4 de diciembre, la Corte decidió quitarles el control del avance del hábeas corpus a los fiscales y otorgárselo a la Oficina de Derechos Humanos y Justicia para que realice un seguimiento más exhaustivo de la situación.

En abril pasado, Lourdes Bascary, encargada de esa oficina, señaló a LA GACETA que el número de detenidos en dependencias policiales bajó de 700 a 400, pero a su criterio, seguía siendo alto, en relación a la orden que partió de la Justicia el año pasado para que todas las personas alojadas en comisarías sean trasladadas a penales.