28 Junio 2016
La Corte le pide al Poder Ejecutivo cinco jueces penales más
La Legislatura les tomó entrevistas ayer a cinco aspirantes a magistrados. Entre ellos está el penalista Gustavo Romagnoli El alto tribunal, vía acordada, le solicitó al gobernador Juan Manzur la creación de Juzgados de Instrucción y de Defensorías Oficiales.
EN EL EDIFICIO LEGISLATIVO. Legisladores entrevistan al abogado Romagnoli (centro), quien asumirá como camarista. prensa legislatura
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió solicitarle al gobernador, Juan Manzur, a través de la acordada N° 726, que gestione ante la Legislatura la sanción de una ley para la creación de cinco Juzgados de Instrucción en lo Penal para la Capital (el doble de los que funcionan en la actualidad); de cinco Defensorías Oficiales en lo Penal para la Capital; y de una Defensoría Oficial en lo Civil, Laboral y Penal para Monteros.
El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, le confirmó a LA GACETA que la Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo (PE) está analizando el anteproyecto de ley elevado por el alto tribunal. Según explicó, deben estudiar cómo impactaría en el presupuesto provincial la creación de esos 11 despachos judiciales con sus respectivos empleados.
La Corte Suprema, con las firmas de Antonio Gandur, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, remitió el requerimiento al PE sobre la base de dos recientes modificaciones sobre la normativa penal. Por un lado, la ley nacional N° 27.147, que introdujo el criterio de oportunidad, la conciliación penal y la conversión de la acción pública en privada en el Código Penal Argentino. “Se estableció que la acción penal se extingue tanto por aplicación de un criterio de oportunidad, como por conciliación o reparación integral del perjuicio”, detallaron los vocales de la CSJT. Por otro lado, marcaron la vigencia de la ley provincial N° 8.849, sancionada en febrero de este año para poner en consonancia el Código Procesal Penal de Tucumán con las modificaciones al Código Penal Argentino. “Indudablemente, las reformas introducidas por ley N° 27.147 y por ley N° 8.849 requieren, para su eficaz implementación, un número suficiente de órganos que conozcan las causas. En ese sentido, resulta oportuno fortalecer las zonas más sensibles del proceso penal”, añadieron los magistrados del alto tribunal.
En paralelo, los cuatro vocales de la Corte resolvieron el rechazo a una presentación del titular del Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa, Edmundo Jiménez, solicitando designaciones y ascensos de empleados y funcionarios para la cobertura de cargos vacantes en las cinco Fiscalías de Instrucción (tres en la Capital, una en Monteros y otra en Concepción) creadas por ley N° 8.756. “La pretensión de cubrir esos cargos no se ajusta a derecho”, consideró el alto tribunal. Según los cuatro vocales, el pedido de Jiménez implica nombramientos en despachos que, si bien están creados formalmente, “no existen en la realidad”. “Esto obedece a que los procesos de selección de los fiscales que estarán a cargo de dichas unidades judiciales aún no han concluido y distan bastante de su finalización”, explicó la CSJT. Y aclaró que la ausencia de un titular en una oficina recientemente creada “siempre constituyó un límite para que el Poder Judicial pueda realizar los nombramientos de los empleados y funcionarios de ley que desarrollarán sus funciones en esas unidades judiciales aún no existentes”.
Gandur, Estofán, Sbdar y Posse desestimaron además “la pretensión” de Jiménez de poner en funcionamiento las cinco fiscalías de Instrucción a través de la figura del “fiscal subrogante”. “Más allá de no ser una forma normal de poner en funcionamiento una nueva fiscalía de Instrucción, no garantiza una mejor prestación del servicio de justicia; por el contrario, las observaciones señaladas generan el riesgo de que las actuaciones cumplidas por los funcionarios de ley designados de ese modo puedan ser impugnadas de nulidad o generen otros inconvenientes procesales”, indica la acordada N° 679.
En paralelo a estos trámites que realiza la Justicia provincial, en la Legislatura fueron entrevistados ayer los cinco aspirantes preseleccionados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), quienes ya habían sido escogidos por Manzur para su designación. Entre ellos está Gustavo Romagnoli, un abogado penalista que había sido descartado en 10 ternas por el ex gobernador, José Alperovich.
El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, le confirmó a LA GACETA que la Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo (PE) está analizando el anteproyecto de ley elevado por el alto tribunal. Según explicó, deben estudiar cómo impactaría en el presupuesto provincial la creación de esos 11 despachos judiciales con sus respectivos empleados.
La Corte Suprema, con las firmas de Antonio Gandur, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, remitió el requerimiento al PE sobre la base de dos recientes modificaciones sobre la normativa penal. Por un lado, la ley nacional N° 27.147, que introdujo el criterio de oportunidad, la conciliación penal y la conversión de la acción pública en privada en el Código Penal Argentino. “Se estableció que la acción penal se extingue tanto por aplicación de un criterio de oportunidad, como por conciliación o reparación integral del perjuicio”, detallaron los vocales de la CSJT. Por otro lado, marcaron la vigencia de la ley provincial N° 8.849, sancionada en febrero de este año para poner en consonancia el Código Procesal Penal de Tucumán con las modificaciones al Código Penal Argentino. “Indudablemente, las reformas introducidas por ley N° 27.147 y por ley N° 8.849 requieren, para su eficaz implementación, un número suficiente de órganos que conozcan las causas. En ese sentido, resulta oportuno fortalecer las zonas más sensibles del proceso penal”, añadieron los magistrados del alto tribunal.
En paralelo, los cuatro vocales de la Corte resolvieron el rechazo a una presentación del titular del Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa, Edmundo Jiménez, solicitando designaciones y ascensos de empleados y funcionarios para la cobertura de cargos vacantes en las cinco Fiscalías de Instrucción (tres en la Capital, una en Monteros y otra en Concepción) creadas por ley N° 8.756. “La pretensión de cubrir esos cargos no se ajusta a derecho”, consideró el alto tribunal. Según los cuatro vocales, el pedido de Jiménez implica nombramientos en despachos que, si bien están creados formalmente, “no existen en la realidad”. “Esto obedece a que los procesos de selección de los fiscales que estarán a cargo de dichas unidades judiciales aún no han concluido y distan bastante de su finalización”, explicó la CSJT. Y aclaró que la ausencia de un titular en una oficina recientemente creada “siempre constituyó un límite para que el Poder Judicial pueda realizar los nombramientos de los empleados y funcionarios de ley que desarrollarán sus funciones en esas unidades judiciales aún no existentes”.
Gandur, Estofán, Sbdar y Posse desestimaron además “la pretensión” de Jiménez de poner en funcionamiento las cinco fiscalías de Instrucción a través de la figura del “fiscal subrogante”. “Más allá de no ser una forma normal de poner en funcionamiento una nueva fiscalía de Instrucción, no garantiza una mejor prestación del servicio de justicia; por el contrario, las observaciones señaladas generan el riesgo de que las actuaciones cumplidas por los funcionarios de ley designados de ese modo puedan ser impugnadas de nulidad o generen otros inconvenientes procesales”, indica la acordada N° 679.
En paralelo a estos trámites que realiza la Justicia provincial, en la Legislatura fueron entrevistados ayer los cinco aspirantes preseleccionados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), quienes ya habían sido escogidos por Manzur para su designación. Entre ellos está Gustavo Romagnoli, un abogado penalista que había sido descartado en 10 ternas por el ex gobernador, José Alperovich.
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