“La corrupción es el reto judicial más importante”

Alberto Binder, gurú del Derecho Procesal Penal, ha vuelto a esta ciudad, esta vez para inaugurar el ciclo lectivo de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), junto al jurista chileno Rafael Blanco Suárez (ver texto relacionado). Binder conoce como pocos los entramados tribunalicios de Tucumán: en 2012, la organización que preside, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), colaboró para poner en marcha un plan piloto de reforma procesal penal en Monteros y Concepción, que a último momento fue abortado. El proyecto promovido por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán terminó dando pie a la constitución de la comisión especial interpoderes que redactó el anteproyecto de Código Procesal Penal que la Legislatura prometió sancionar próximamente.

Binder sabe de inercias y de resistencias al cambio. Y aunque celebra que la pretensión de modernizar la persecución del delito no haya quedado en la nada, advierte que un nuevo Código excelentísimo -tan excelente como el de 1991, que hoy está en vigor- no resolverá por sí solo las falencias de la Justicia. “Hay que tomarse en serio la implementación de las reformas. Yo temo a los tiempos judiciales”, confiesa durante un diálogo en el hotel Hilton.

La imposiblidad de adaptar a la realidad el proceso penal previsto en el Código tucumano que había sido celebrado como un hito jurídico llevó al estado de frustración del presente. “Una herramienta que debió funcionar como una plataforma de expansión se fue convirtiendo en una especie de corsé. Queremos que Tucumán recupere el liderazgo judicial que tuvo en el Norte”, explica Binder. Hoy casi todas las provincias están replanteándose las reglas de funcionamiento de los Tribunales. “Salta ha avanzado más pese a que no tiene una universidad como la de Tucumán. Santiago del Estero, en cierto modo, también ha dado algunos pasos positivos”, observa Binder a partir de los seguimientos del Inecip. Respecto de Tucumán, el catedrático evalúa que la transformación fue demorada -al menos tres años- y que el proyecto legislativo en discusión, si bien es el resultado de amplios consensos, sigue la dirección del fallido plan piloto en cuanto a oralidad, transparencia, salidas alternativas al juicio oral, posibilidad de fijar una política criminal, etcétera.

“Pero no hay soluciones mágicas”, avisa Binder. Según su criterio, la sociedad afronta desafíos judiciales mayúsculos. “Entre ellos, la corrupción es el más importante”, define. Luego añade que en Argentina todavía no ha habido experiencias interesantes de persecución de este fenómeno, pero que el caso de Guatemala, donde ello sí ha sucedido, demuestra que la posibilidad existe. “No estamos incapacitados para investigar la corrupción”, afirma.

-¿En qué medida esto depende del reclamo social?

-En términos generales, la sociedad está más atenta a la Justicia penal. Soy de los que creen que los medios de comunicación cumplen una función positiva en este sentido: si no estuviesen encendiendo la luz sobre la administración de justicia, el retroceso sería mayor.

-¿Qué opina de la revisión del kirchnerismo que llevan adelante los jueces federales de Comodoro Py (Ciudad de Buenos Aires) desde el cambio de Gobierno?

-La Justicia Federal tiene deficiencias históricas terribles. Comodoro Py se ha convertido en un centro de prácticas mafiosas; de utilización política de los gobiernos que se han sucedido en los últimos 20 años, y de vínculos espurios entre los sistemas de inteligencia y la Justicia penal. Es uno de los agujeros negros de degradación institucional más grandes que hay en este país.

-¿Tiene expectativas de que esto cambie con Cambiemos?

-Cada gobierno usó a los jueces federales porteños y estos se dejaron usar hasta llegar a la situación obscena del presente. Cuando parece que estos magistrados comienzan a investigar, lo que están haciendo es litigar para los medios. En dos o tres años, cuando las causas de interés institucional enfrenten el juego judicial en serio, aparecerán todas las nulidades. La prueba está en que no hay condenas importantes. La crisis de Comodoro Py llegó a un punto terminal y muy profundo durante el Gobierno anterior. Teníamos la expectativa de que este Gobierno no pactara otra vez, pero las denuncias sobre el rol (de operador) que juega el empresario Daniel Angelici; el retorno de la oscuridad a los servicios de inteligencia y la parálisis de la reforma procesal penal indican que estamos frente a otra reedición del pacto espurio.

-¿Qué haría usted con la jefa de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó?

-No hay problema en que haya cierta afinidad entre el titular del Ministerio Público y el partido gobernante, la cuestión clave es la independencia de los fiscales. Hoy se discute algo que me parece importante en términos institucionales y es que el cargo de procurador no sea vitalicio. La idea de un período de entre seis y ocho años ya fue adoptada en Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Chile. Esta limitación es indispensable y debería existir en los ministerios públicos de todas las provincias.

-¿Qué le dice el hecho de que, fuera de un policía o de un inspector, la Justicia tucumana no haya condenado nunca a un funcionario público por corrupción?

-Eso provoca un deterioro terrible de la calidad democrática. Necesitamos un Ministerio Público con mayor coraje cívico y que la ciudadanía se organice. Insisto conque este es el desafío judicial más importante porque tenemos sectores empresariales altamente corrompidos. Hoy nos escandalizamos con la situación de Lázaro Báez, pero, en 2005, Roberto Lavagna se alejó del Ministerio de Economía diciendo que la obra pública estaba cartelizada...

-En Tucumán hubo, en el último año, un récord de denuncias contra magistrados. Esto coloca a la Justicia en la obligación de investigarse a sí misma y, por lo que se ve, los casos no avanzan.

-Hay que generar otro tipo de herramientas parlamentarias. Por supuesto que los legisladores pueden tener que ver con la cuestión (judicial), pero en la Legislatura se pueden abrir comisiones de investigación o nombrar fiscales especiales. Tal vez haya que pensar en un fiscal anticorrupción nombrado con una mayoría especial. No hay soluciones mágicas. Los medios de comunicación son fundamentales, lo mismo que el periodismo de investigación. Digo que, dado el poderío que tiene el sector económico sobre la política, hoy primero se piensa en el negocio y, después, se gesta el mecanismo institucional que lo posibilita. Tenemos arquetipos de comprensión de la corrupción que han quedado antiguos para la gravedad actual del problema.