04 Junio 2016
La conferencia “El nuevo sistema de Justicia penal. Impacto social, económico y político” no pudo ser más oportuna. Ocurre que los expertos Alberto Binder (ver nota) y Rafael Blanco Suárez recordaron que una ley, por muy buena que sea, no hace milagros. Ambos disertaron este jueves en la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Antes, se reunieron con consejeros, y con magisrados y legisladores implicados en el rediseño del sistema de persecución del delito que comenzó en 2012. En virtud de ello, la Legislatura se apresta a sancionar un texto que reemplazará al Código Procesal Penal vigente desde 1991.
“Estas reformas llegan para quedarse y hay que ver cómo las instituciones se las arreglan para acompañarlas”, explicó el jurista chileno Blanco Suárez en una entrevista en el hotel Hilton. El decano de la Universidad Alberto Hurtado, de Santiago de Chile, dijo que la superación de la Justicia penal existente exige una transformación procesal sustentable, cuya continuidad sea garantizada por líderes políticos de diferentes colores. “La reforma produce efectos políticos, económicos y sociales. Por eso, hace falta abrir una mesa donde haya ingenieros, administradores y otros profesionales, y no sólo abogados. Hoy se sabe que el cambio funcionó mejor allí donde hubo un enfoque multidisciplinario”, apuntó el académico.
A la preocupación por una implementación “inteligente” y abierta a los aportes de disciplinas no jurídicas, Blanco Suárez suma la cuestión de la estabilidad, que desde luego excede un período de Gobierno. Según su criterio, el nuevo Código precisa paciencia: “sólo la capacidad de mantener ciertos principios e instituciones le permitirá mostrar sus bondades”. A contrario sensu, la experiencia enseña que no funciona la reforma que debe ser intervenida o retocada en forma reiterada como consecuencia del mal diseño o de bajos consensos políticos.
En cuanto al impacto social, el autor de “Litigación estratégica en el nuevo proceso penal” expresó que era clave que la ciudadanía supiese exactamente qué podía y qué no podía esperar del nuevo Código. “La reforma se hace, desde el punto de vista del ciudadano, para lograr mayor celeridad, transparencia y control de la corrupción; para evitar la condena de inocentes, y para facilitar el acceso al sistema y la obtención de sentencias en tiempo oportuno”, definió. Y añadió: “es importante que la sociedad sea consciente de que la supresión del expediente y la oralización del trámite no permitirá acabar con la delincuencia, que implica muchas otras acciones, entre ellas, la reforma de la Policía. Esa expectativa es irreal y puede terminar frustrando a la sociedad”.
Blanco Suárez afirmó que la publicidad y la transparencia del nuevo mecanismo posibilitan un control social más intenso de la actuación de la magistratura. “Es como si los familiares del paciente pudiesen meterse en el quirófano para observar la cirugía. Esto implica toda una revolución para un modelo que viene funcionando a puertas cerradas”, comparó el especialista.
“Estas reformas llegan para quedarse y hay que ver cómo las instituciones se las arreglan para acompañarlas”, explicó el jurista chileno Blanco Suárez en una entrevista en el hotel Hilton. El decano de la Universidad Alberto Hurtado, de Santiago de Chile, dijo que la superación de la Justicia penal existente exige una transformación procesal sustentable, cuya continuidad sea garantizada por líderes políticos de diferentes colores. “La reforma produce efectos políticos, económicos y sociales. Por eso, hace falta abrir una mesa donde haya ingenieros, administradores y otros profesionales, y no sólo abogados. Hoy se sabe que el cambio funcionó mejor allí donde hubo un enfoque multidisciplinario”, apuntó el académico.
A la preocupación por una implementación “inteligente” y abierta a los aportes de disciplinas no jurídicas, Blanco Suárez suma la cuestión de la estabilidad, que desde luego excede un período de Gobierno. Según su criterio, el nuevo Código precisa paciencia: “sólo la capacidad de mantener ciertos principios e instituciones le permitirá mostrar sus bondades”. A contrario sensu, la experiencia enseña que no funciona la reforma que debe ser intervenida o retocada en forma reiterada como consecuencia del mal diseño o de bajos consensos políticos.
En cuanto al impacto social, el autor de “Litigación estratégica en el nuevo proceso penal” expresó que era clave que la ciudadanía supiese exactamente qué podía y qué no podía esperar del nuevo Código. “La reforma se hace, desde el punto de vista del ciudadano, para lograr mayor celeridad, transparencia y control de la corrupción; para evitar la condena de inocentes, y para facilitar el acceso al sistema y la obtención de sentencias en tiempo oportuno”, definió. Y añadió: “es importante que la sociedad sea consciente de que la supresión del expediente y la oralización del trámite no permitirá acabar con la delincuencia, que implica muchas otras acciones, entre ellas, la reforma de la Policía. Esa expectativa es irreal y puede terminar frustrando a la sociedad”.
Blanco Suárez afirmó que la publicidad y la transparencia del nuevo mecanismo posibilitan un control social más intenso de la actuación de la magistratura. “Es como si los familiares del paciente pudiesen meterse en el quirófano para observar la cirugía. Esto implica toda una revolución para un modelo que viene funcionando a puertas cerradas”, comparó el especialista.
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