Una historiadora habló de la opresión de la lucha obrera

“Lo que se vivió en Tucumán sólo es comparable con la crisis del 2001. El movimiento obrero implementó diversas modalidades de lucha. En Tucumán, con (Juan Carlos) Onganía, se destaca y confronta la política de destrucción de mano de obra. La lucha pasa luego de ser económica a ser también política. Es un caso temprano de oposición a la Dictadura”. La historiadora Silvia Nassif declaró ayer en el juicio por la megacausa “Operativo Independencia” como testigo, para aportar al contexto histórico en el que se cometieron los delitos de lesa humanidad que se abordan. Durante la sexta jornada de debate, la mayoría de los que declararon fueron investigadores de diversas ciencias sociales, varios de ellos del Conicet.

Nassif se especializa en las luchas obreras en la provincia desde la década del ‘60 y hasta la dictadura. Sucede que una porción de las víctimas de esta causa son obreros del surco o de las fábricas azucareras y dirigentes gremiales.

La especialista analizó aspectos del escenario económico-político antes y durante el Operativo Independencia. Hizo hincapié, sobre todo, en la crisis por la superproducción azucarera de 1965 que derivó en que el gobierno de facto de Onganía implementara un plan que incluyó el cierre de 11 de los 27 ingenios de la provincia. Entre las consecuencias de la clausura de las fábricas enumeró: aumento de la desocupación (se perdieron, dijo, 50.000 puestos de trabajo sólo contando a los padres de familia); una “sangría demográfica” (entre 150.000 y 230.000 migraron hacia las ciudades u otras provincias) y el incremento de la desnutrición y la deserción escolar.

“Onganía con su política produce la concentración monopólica. Los puestos se redujeron a la mitad. En las fábricas que quedaron abiertas, se disminuyó el 25% la mano de obra. Por la tecnificación, además, una máquina reemplazaba a más de 200 obreros. La Fotia pedía la reapertura de los ingenios y estaba en contra del desplazamiento de los obreros”, consignó. Repasó los paros y puebladas que se sucedieron y la reacción que esto generó en las autoridades. Explicó que la clase obrera tenía un alto grado de participación política y en las decisiones en las fábricas. “En este período se trata de disciplinarla en función de llevar adelante políticas que redunden en beneficios de los empresarios. El punto de unión es el intento de disciplinamiento mediante los controles en la fábrica y la instauración de políticas represivas mediante el secuestro, tortura y desaparición”, advirtió. Al respecto, consideró que la dirigencia de la Fotia y de los sindicatos que nucleaba fue “diezmada”. Apoyó esta afirmación con cifras de los ingenios Concepción y La Fronterita: “De 25 víctimas en el Ingenio Concepción, el 40% tenía un cargo en la comisión de un gremio. Y en La Fronterita, de 25, la mitad”. En el caso de La Fronterita, detalló, en la propiedad funcionó un centro clandestino.

El antropólogo Santiago Garaño expuso mediante el sistema de teleconferencia desde Buenos Aires. Explicó su tesis sobre la experiencia de conscriptos durante el Operativo. “El monte se convirtió en un teatro para escenificar que hubo una guerra. Los conscriptos experimentaron en su cuerpo el terrorismo de Estado”, aseguró.

El imputado Pedro Burtnik pidió ampliar su declaración. Tal como había expresado antes, aseguró que su ex abogado (de apellido San Emeterio) no habría cumplido con su tarea y que no le había permitido declarar. La Defensa oficial que lo representa ahora pidió que se anule su procesamiento. Adolfo Bertini argumentó que había una sospecha de indefensión. El fiscal Pablo Camuña consideró que esa posibilidad debía rechazarse. “Que su abogado le haya recomendado no ampliar su declaración no anula su defensa”, justificó.