“La sociedad exige que el delito tenga sentencia”

El oficialismo, la oposición y magistrados del Poder Judicial coincidieron ayer en un punto: la inminente reforma del Código Procesal Penal de la Provincia (CPPP) implicará un cambio de paradigma en el servicio de justicia. El impacto por la modificación en la normativa que rige desde 1991 sin embargo no será inmediato.

“No es algo fácil. Luego de tres años de trabajo interinstitucional llegamos a esta posibilidad de que en poco tiempo sea sancionada la ley (de reforma al CPPP). Pero estamos hablando de tres pasos: a lo normativo hay que unirle modificaciones en la cultura de las personas y de la sociedad, y en la organización del Poder Judicial”, señaló Adriana Giannoni, titular de la Fiscalía de la VIII Nominación de la Capital y representante del Ministerio Público Fiscal en el encuentro de ayer.

La reunión tuvo lugar en el 4° piso del edificio de la Legislatura. Participaron, además de Giannoni y del camarista penal Carlos Caramuti, los legisladores que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales (a cargo del oficialista Marcelo Caponio) y de Seguridad y Justicia (presidida por el también justicialista Javier Pucharras). “Se llegó a un consenso importante”, detalló Giannoni en rueda de prensa.

La magistrada advirtió que los cambios no serán inmediatos. “Esto tenemos que transmitirlo, y también se habló en la reunión. En esta reforma no sólo habrá cambios normativos; también será lo organizacional y lo cultural. Son tres puntos importantes ”, remarcó Giannoni. Calificó la actualización del Código Procesal Penal de la Provincia como “un paso adelante” respecto a diferentes mejoras. “(Esto permitirá) sentencias más rápidas, un servicio de justicia transparente. No será inmediato, pero es importante que se haya logrado con el consenso de los tres poderes del Estado”, explicó la fiscala.

Caponio destacó que en unos 15 días las comisiones de la Legislatura tendrían listo un dictamen sobre el proyecto del nuevo proceso penal provincial. Remarcó que esa iniciativa es producto de tres años de reuniones entre representantes del cuerpo colegiado, de la Justicia, del Ejecutivo, de abogados colegiados, de especialistas en derecho y de diversas organizaciones. “La sociedad está reclamando que los delitos tengan una sentencia definitiva. Es algo necesario. La fiscala Giannoni nos comentó en la reunión que por año a la Fiscalía de Instrucción entran 12.000 causas nuevas, y sólo un índice insignificante llega a juicio. Procuramos con este cambio que no haya impunidad”, manifestó Caponio.

El radical Fernando Valdez, secretario de la comisión de Seguridad y Justicia, advirtió que el cambio normativo no resolverá la inseguridad, y que esto debe estar complementado por otras medidas, como la revisión del régimen policial. “Esto también implica una reforma en la cultura jurídica”, dijo. De todas formas se mostró satisfecho por la labor del comité especial. “El debate y las respuestas tienen que salir de estos trabajos en conjunto”, señaló.

Algunas modificaciones 

Registros digitales, oralidad e inmediatez para dejar atrás el expediente escrito
El expediente escrito desaparecerá con el tiempo de los tribunales penales, señaló el legislador oficialista Marcelo Caponio, titular de la comisión interpoderes que trabajó el anteproyecto del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. “El nuevo sistema se asentará en la oralidad y en la inmediatez”, destacó Caponio. Las audiencias públicas, de todas formas, quedarían registradas mediante dispositivos digitales. Además de este cambio normativo, las instalaciones del fuero penal de la Justicia provincial deberán ser dotadas de más salas de debate y de recursos tecnológicos. 

Adiós a las Fiscalías y Juzgados; llegan los colegios de Fiscales y de Jueces 

La división de las Fiscalías y los Juzgados de Instrucción en oficinas según la nominación (I°, II°, III°, etcétera) será reemplazada por los Colegios de Fiscales y los Colegios de Jueces. “La estructura actual va a desaparecer y se va a trabajar por especialidad de delito, no por turno. Esto implicará un cambio total en el funcionamiento del fuero penal”, destacó Caponio. Remarcó que la intención es imitar el régimen aplicado en la provincia de Santa Fe. “Allí, las Fiscalías están divididas por especialidad en la persecución de hechos ilícitos y en su investigación. Hay oficinas dedicadas a los delitos contra la propiedad; en delitos contra las personas, como lesiones u homicidios; en delitos contra la administración pública; en violencia de género; etcétera”, remarcó Caponio.

En el fuero habrá un fiscal general y, por separado, un defensor oficial general 

En la actualidad, el Ministerio Público Fiscal y Pupilar (cargo que ocupa Edmundo Jiménez) coordina la labor de los fiscales y de los defensores oficiales del fuero. Según el oficialista Caponio, eso también cambiará. “La investigación de los delitos será tratada con este nuevo paradigma. Es el fiscal general quien le dará la impronta a la organización del Colegio de Fiscales. Le transferiremos todas las potestades para que los hechos no queden impunes”, indicó el legislador. Aclaró que el defensor oficial general tendrá bajo su órbita a los representantes de la defensa aportados por el Estado.

Prevén una mayor participación de las víctimas en los procesos penales 

Caponio detalló que las víctimas tendrán más peso en el proceso penal. “Quien pueda sufrir un hecho ilícito tendrá conocimiento fehaciente sobre el fiscal que investiga el caso; sobre los abogados de los defensores; podrá ver a los imputados en las audiencias públicas; y tendrán mayor conocimiento sobre la causa”, relató.