Cuestionan la actuación de una perito oficial

Un planteo defensivo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene por imputado al intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga (FPV), derivó en una polémica que incluye la participación de profesionales colegiados.

Ricardo Scheuermann, abogado del jefe municipal y de sus familiares, había planteado ante el juez de Instrucción de Monteros, Mario Velázquez, la nulidad de los informes contables realizados por la perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Patricia Ladetto. Esos documentos le habían servido como elemento de prueba a Velázquez para arribar a la hipótesis de que Yapura Astorga se enriqueció ilegalmente mediante el ejercicio de su cargo, utilizando como supuestas “pantallas” a su pareja, Nerina Julieta Mustafá, y a su hijo, Jorge Yapura Astorga (h).

“Hemos planteado la nulidad de esa medida. La contadora no aparece en los registros del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Por lo tanto, no está habilitada para efectuar un informe con las características del que consta en la causa”, le había dicho Scheuermann a este diario.

Representantes de dos organismos se contactaron con este diario para confirmar la versión del letrado. Si bien expresaron que querían mantenerse al margen de la cuestión política, señalaron su preocupación por la actuación de la perito oficial Ladetto.

Patricia Manso, presidenta de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), expresó que la mesa del organismo “observó con asombro” la situación. “Es un tema recurrente en el Estado, en todas las profesiones”, señaló. Y agregó que todos los profesionales deben estar matriculados en sus respectivos organismos para poder ejercer, ya sea en forma autónoma o bajo relación de dependencia. “Son los Colegios quienes habilitan a los profesionales para el ejercicio. El Estado provincial, nacional o municipal debería obligar a sus empleados profesionales a la matriculación, ya que se les paga título”, manifestó Manso a LA GACETA, a través de un correo electrónico.

En los registros del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas no figura el número de matrícula de la contadora Ladetto. Ante esto, el titular del ente profesional, Abelardo García, recordó que se trata de un trámite esencial. “El Estado le ha asignado (a este órgano) el poder de policía sobre los profesionales en Ciencias Económicas. Así, nuestros matriculados se encuentran en situación subordinada respecto del Colegio”, indicó el contador. Aseguró que la obligación de inscribirse surge de la ley nacional N° 20.488 y de la ley provincial N° 4.209. “La razón que fundamenta esta obligación es que los servicios profesionales se encuentran sujetos a responsabilidades especiales, tanto penales como civiles, administrativas y éticas, debido a su vinculación con intereses públicos que deben prestarse personalmente, no siendo delegables. La relación de dependencia no es causal de atenuación ni menos aún exclusión de dichas responsabilidades”, añadió García.

El abogado Scheuermann está a la espera de que Velázquez defina su planteo de nulidad.

De todas formas, el magistrado contaría con otros elementos de prueba que podrían complicar la situación del intendente Yapura Astorga, de la pareja de este y del hijo de ambos. Desde que fue abierta la pesquisa, en 2015, el juez obtuvo informes de la Municipalidad de Tafí del Valle en los que constan las compras directas al negocio “Floppy III”, que pertenece a Mustafá. Además, recibió documentación de la Anses y de AFIP sobre los bienes declarados por los tres imputados. La causa fue iniciada a raíz de una denuncia del dirigente tafinisto Sebastián Luna y del ex candidato a legislador del peronismo disidente, Oscar López.