El acuerdo propuesto por el Gobierno nacional a los empresarios tiene un
efecto suspensivo para 90 días, la mitad del período establecido por el proyecto de ley que el Frente para la Victoria y otros bloques promueven en el Congreso. El Poder Ejecutivo, a través del ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, anticipó el veto a esa iniciativa si es sancionada por la Cámara Baja. Pero, ¿qué efectos reales pueden tener una y otra propuesta?
- El acta rubricada ayer en la Casa Rosada es tan solo un compromiso que más de 200 empresas están dispuestas a cumplir para sostener el nivel de empleo. Si bien el Ejecutivo espera que, en los próximos días, se sumen otras compañías, particularmente las PyME, la iniciativa oficial no establece ningún tipo de sanciones para aquellos que falten a su palabra. No tiene efectos jurídicos.
- En cambio, la norma promovida por la oposición en el Congreso establece la prohibición de despidos durante 180 días, con efectos legales. Por esa razón, los gremios sostienen la necesidad de una cobertura jurídica para sus representados, más que una expresión de deseos, como han definido al acuerdo oficial.
- Las cuestiones de posicionamiento político se mezclan en el debate acerca del cepo laboral. Mientras que desde el oficialismo sostienen que la emergencia ocupacional es utilizada por el kirchnerismo para sostenerse políticamente, de la misma manera la oposición considera que el presidente
Mauricio Macri busca -con el pacto social- recuperar terreno en la opinión pública, cedido con la aplicación de remedios macroeconómicos que han minado su popularidad (reajustes de tarifas o aumentos de las naftas, entre otras).
- La clave es que ingresen inversiones con el fin de ampliar la capacidad productiva, reactivar las obras públicas y privadas que generan empleo y brindar ciertos incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas (PyME), una franja muy expuesta ante los vaivenes económicos, especialmente
en períodos de freno de la actividad o recesión económica.
- Los indicadores oficiales no evidencian una ola de despidos en la Argentina, aunque la baja de la actividad ha golpeado con fuerza al sector de la construcción que, en el último año, ha experimentado una baja de 26.600 puestos formales en el sector privado. Esto fue compensado por el registro de empleados en el comercio (unos 20.900 en el país). En esa comparación interanual, la cartera laboral denuncia que hubo un aumento de 28.500 puestos en febrero pasado respecto de igual mes de 2015.
- En la comparación de febrero de 2016 con respecto al mes anterior los sectores que verificaron mayor incremento en el número de trabajadores fueron: agricultura, ganadería, caza y silvicultura (poco más de 8.500 trabajadores formales nuevos); enseñanza (cerca 7.900); y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5.300), dice un reporte del Ministerio de Trabajo de la Nación.
- Por su parte, la dinámica contractiva se concentró básicamente en los siguientes sectores: hoteles y restaurantes (un reducción de cerca de 4.000 trabajadores), construcción (3.600 trabajadores menos) y comercio (1.300 trabajadores menos).