13 Abril 2016
La cúpula del Poder Judicial provincial estableció pautas para aplicar los últimos cambios introducidos al proceso penal. Respecto de la mediación, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán consensuó que esta proceda en forma voluntaria (cuando las partes así lo quieran) y que los honorarios del mediador sean sufragados por el Estado, según comentó ayer el presidente Antonio Gandur a posteriori de la reunión en la que participaron los vocales y Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.
En paralelo, las autoridades de la Justicia designaron una nueva camada de ayudantes fiscales (prosecretarios) a partir del orden de mérito surgido de un concurso reciente. También hubo avances respecto de la implementación de la conciliación y del principio de oportunidad (permite destinar la energía y los recursos a la investigación de casos relevantes para la política criminal), otros dos institutos añadidos al Código Procesal Penal en marzo y a modo de anticipo de la reforma integral en estudio en la Legislatura (ver nota en esta edición).
Previamente, miembros del alto tribunal se habían reunido con representantes del Ministerio Público para acordar los términos de la puesta en marcha de las modificaciones ya sancionadas. Por medio de una nota, un grupo de fiscales había promovido la creación de dos oficinas de apoyo en el ámbito de Jiménez: una de Decisión Temprana, para el análisis de los casos ingresados y la aplicación de criterios de oportunidad, y otra de Salidas Alternativas, para los acuerdos de conciliación y de reparación.
En paralelo, las autoridades de la Justicia designaron una nueva camada de ayudantes fiscales (prosecretarios) a partir del orden de mérito surgido de un concurso reciente. También hubo avances respecto de la implementación de la conciliación y del principio de oportunidad (permite destinar la energía y los recursos a la investigación de casos relevantes para la política criminal), otros dos institutos añadidos al Código Procesal Penal en marzo y a modo de anticipo de la reforma integral en estudio en la Legislatura (ver nota en esta edición).
Previamente, miembros del alto tribunal se habían reunido con representantes del Ministerio Público para acordar los términos de la puesta en marcha de las modificaciones ya sancionadas. Por medio de una nota, un grupo de fiscales había promovido la creación de dos oficinas de apoyo en el ámbito de Jiménez: una de Decisión Temprana, para el análisis de los casos ingresados y la aplicación de criterios de oportunidad, y otra de Salidas Alternativas, para los acuerdos de conciliación y de reparación.
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