Una a una, todas las causas que deben enfrentar los k

Tras 12 años de gobierno kirchnerista, el cambio de gestión dispuso a la Justicia a acelerar los tiempos e ir a fondo contra los funcionarios y empresarios cercanos a la anterior administración. La lista incluye a la mismísima ex Presidenta, a los ministros más fuertes del Frente para la Victoria, como Axel Kicillof y Julio de Vido, y a los empresarios y beneficiarios por los contratos y pauta: Lázaro Báez, Cristobal López y Sergio Szpolski. Los números en cuestión acumulan una suma inconmensurable y aunque algunos ya están detenidos, otros continúan siendo investigados.

Entre los números ya comprobados, la Justicia avanza sobre el gobierno anterior por una suma parcial de $ 104.000 millones que se verían atravesados por la corrupción, destaca Perfil.com. El listado de causas judiciales es extenso: 

La ex presidenta, Cristina Kirchner, deberá declarar mañana ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa "dólar a futuro", donde también están vinculados Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. Según Bonadio, la operatoria le generó al Banco Central una pérdida de más de $ 77.000 millones de por vender la divisa norteamericana con un precio fijado a futuro. Cristina Fernández ya está imputada como "autora de la decisión expresa".

La detención de Lázaro Báez, el presunto socio de la familia Kirchner, podría complicar aún más la situación de Cristina Fernández con respecto al caso Hotesur, denunciado por la diputada de GEN Margarita Stolbizer. La denuncia establece que la familia Kirchner construyó hoteles con lujosas habitaciones que eran reservadas por varios empresarios allegados -entre ellos Lázaro Báez-, pero se comprobó que estaban vacías. El juez Mariano Rafecas investiga la causa aunque aún no citó a nadie de la exfamilia presidencial. Se habla de miles de reservas injustificadas. Lázaro llegó a pagar 10 millones de pesos por esas habitaciones.

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, está procesado por el presunto sobreprecio del 15% del Plan Qunita, donde se cobraron 350 millones de pesos más de lo que valían éstos kits para embarazadas. El total daba una suma de 1.100 millones de pesos por una licitación que fue aprobada más rápido de lo habitual a seis empresas sin experiencia en el rubro. Junto con Fernández, los ex ministros de Salud Daniel Gollán y Juan Manzur también fueron procesados.

El ex vicepresidente, Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habría adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- y César Guido Forcieri -jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos dudoso en AFIP. Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda. El ex presidente del Senado fue procesado por el juez Ariel Lijo y lo embargó por 200.000 pesos. 

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue procesado por el juez Bonadio, acusado de incitación a la violencia contra el Grupo Clarín, ya que repartió dentro en el Indec lapiceras, gorros, folletos, gigantografías, entre otros útiles, con la insignia "Clarín miente", utilizando fondos públicos por 350.000 pesos. En esta misma causa está implicado también el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, con quien comparte otro procesamiento del mismo magistrado por "abuso de la autoridad".

Venta de inmuebles, fideicomisos, alquileres de hoteles, gerenciamiento de los mismos, terrenos compartidos, cesión de tierras fiscales, forman solo una parte del entramado que unió a la familia Kirchner con el Lázaro Báez. La obra pública habría sido el vehículo por excelencia para favorecer a Báez. Desde 2004, Santa Cruz fue una de las provincias más beneficiadas con fondos para obra pública, donde Báez concentró el 78,4% de las licitaciones. El grupo Austral bajo el gobierno de Cristina recibió más de $ 16.000 millones en obra pública, la mitad de ellas quedó sin terminar pero el dinero se cobró igual. Ahora deberá declarar ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el posible lavado de dinero tras los videos que se conocieron en la cueva financiera SGI, conocida como "La Rosadita", donde se observa a su hijo contando millones y millones de dólares. Cristina Kirchner fue imputada en la Justicia por esta causa. Se dio luego de que la ex presidenta fuera mencionada por el "valijero" Leonardo Fariña como parte de la operatoria que supuestamente lavaba dinero a través de "La Rosadita".

Los Sauces SA es una de las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. La sociedad presenta contradicciones entre lo que declaró ante la AFIP y lo que dejó asentado en los documentos públicos del Registro de la Propiedad Inmueble. Estas inconsistencias fueron parte de una denuncia que presentó Margarita Stolbizer por "falsificación de documentos públicos".

El empresario Cristóbal López, dueño del multimedios kirchnerista y de empresas en diversos rubros es presionado por la AFIP para pagar una deuda impositiva de 7.600 millones de pesos. A esto hay que sumarle los 160 millones de pesos que adquirió sólo de pauta oficial desde el 2009 hasta el año pasado con su empresa productora Indalo. Ricardo Echegaray fue denunciado en la Justicia por permitir que López no pague impuestos de su empresa Oil, y dejando que se acumule una deuda que ascendió a los 7.600 millones.

Sergio Szpolski, otro empresario dueño de medios y cercano a la gestión K, deberá rendir cuentas ante la Justicia. El negocio -en este caso- se focalizó directamente en la pauta oficial: 850 millones de pesos cobró en los últimos seis años el Grupo 23. Fue el más beneficiado por este método ampliamente, con una diferencia de 500 millones por sobre el Grupo Albavisión del misterioso González González.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está preso por la causa que investiga el juez Ercolini por irregularidades en la compra de trenes a Portugal y España, por una suma de 407 millones de pesos en total. Dichos trenes no estaban en condiciones de ser utilizados. Por lejos el funcionario más complicado en la Justicia, Jaime acumula causas por dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), la misma que debía controlar, que le pagó 16 vuelos para que el funcionario se tomara días de descanso. También tiene una causa por alquileres de un departamento de lujo en la Avenida Libertador, que era pagado por la Terminal de Ómnibus de Retiro (TEBA). Por esta misma causa ya fue citado a declarar el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

La causa por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas, también pone en aprietos a Jaime. También involucra a De Vido. 

El ex secretario de Transporte tiene pendiente un juicio oral y público por presunta defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública en la línea ferroviaria Belgrano Cargas. 

Jaime, a su vez, es investigado por presunto pago de sobreprecios en la compra de vagones de subte a la empresa china CITIC, la incorporación de locomotoras japonesas, coimas en la adquisición de aviones para Aerolíneas a Embraer y la adquisición de vagones a la española Renfe. El exponencial crecimiento de su patrimonio lo expuso a un procesamiento por enriquecimiento ilícito y nunca pudo justificar con certezas ni sus cuentas ni las de su mujer ante el juez Sebastián Casanello. 

El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en una investigación para saber si el exministro participó del pago de una coima en la compra supuestamente irregular de la empresa Transener por parte de la firma Electroingeniería. La Justicia reabrió en 2015 una causa por corrupción contra De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli. La sala IV de la Cámara de Casación consideró que hay graves inconsistencias entre el nivel de vida que presentan los acusados y sus ingresos.

De Vido también fue denunciado por la compra de un barco de gas licuado por 57 millones de dólares que nunca llegó.  

Gabriel Mariotto, quien estuvo al frente del Comité de Coordinación de Gestión del Fútbol Para Todos, fue citado por la jueza federal María Servini de Cubría, pero su abogado Alejandro Rúa pidió la postergación para el día 12 de abril (es decir, mañana) para poder tener acceso a la totalidad de la causa penal, explicaron fuentes judiciales. Los delitos que se le imputan son los de “violación de deberes de funcionario público y administración fraudulenta”. En la causa están citados también a indagatoria el ex coordinador del programa Pablo Paladino, el ex miembro del comité de coordinación Juan Gancerain y el ex secretario de coordinación Mariano Delorenzi.

El ex director de Análisis de la Secretaría de Inteligencia Alberto Massino es una de las últimas personas que tuvo contacto con el fiscal Alberto Nisman y será indagado por la muerte del fiscal. En febrero de 2015 declaró en el despacho de la fiscal Viviana Fein en absoluto secreto para preservar su identidad. Según Jaime Stiuso, algunas de las llamadas que se detectaron de Nisman las horas previas a su muerte habían sido hechas a un teléfono que, en realidad, utilizaba Massino. Fernando Pocino, ex director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia, aparece en decenas de llamadas telefónicas con Stiuso, César Milani (ex jefe del Ejército) y otras personas el 18 de enero de 2015, el día en cuya noche se descubrió el cuerpo de Nisman. El ex jefe de la SIDE Héctor Icazuriaga también fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la muerte del fiscal federal Nisman.