09 Abril 2016
BUENOS AIRES.- “Hay mucha informalidad con la ley que tenemos hoy. Estamos abocados a combatir la ilegalidad en las semillas”. Así lo sostuvo el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Raimundo Lavignolle, en un encuentro con la prensa Según dijo, cuando exista una nueva ley de semillas habrá que adecuarse, pero hasta entonces hay que trabajar con la norma vigente. “La ilegalidad no permite una industria semillera sustentable”, señaló.
Días pasados, un diario publicó que las declaraciones juradas de los productores sobre el origen de la semilla (programa que terminó el 31 de marzo) alcanzaba un 10% del área total de soja, que se calcula en 20 millones de hectáreas. Sin embargo, Lavignolle aseguró que ese porcentaje es sustancialmente menor al que se llegará.
Aún están terminando de hacer el registro de todas las declaraciones presentadas. “Estamos mucho más arriba de ese número”, afirmó. Estiman que el lunes próximo presentarán al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, un detalle sobre las semillas declaradas y, unos días después, harán una presentación a la prensa.
En una primera etapa, la resolución por la que se obligaba a los productores a declarar el origen de la semilla utilizada en la campaña actual (para verificar el uso propio e intentar detectar la ilegalidad) era a través de internet.
Luego sumaron la posibilidad de presentar una planilla directamente en las oficinas del Inase. De esta manera, no quedaban expuestos ante alguna informalidad en la manera de producir (muchos no están inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios- Renspa).
Según dijo Lavignolle, quien esté obligado a declarar y no haya enviado la información será sancionado. “Sólo el 20% de la semilla de soja es legal. Estamos buscando saber qué es el 80% restante. Estamos convencidos de que la solución pasa por ahí y no por pelear”, sentenció.
El diálogo se dio en el marco de la presentación de la aprobación de un maíz genéticamente modificado.
Días pasados, un diario publicó que las declaraciones juradas de los productores sobre el origen de la semilla (programa que terminó el 31 de marzo) alcanzaba un 10% del área total de soja, que se calcula en 20 millones de hectáreas. Sin embargo, Lavignolle aseguró que ese porcentaje es sustancialmente menor al que se llegará.
Aún están terminando de hacer el registro de todas las declaraciones presentadas. “Estamos mucho más arriba de ese número”, afirmó. Estiman que el lunes próximo presentarán al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, un detalle sobre las semillas declaradas y, unos días después, harán una presentación a la prensa.
En una primera etapa, la resolución por la que se obligaba a los productores a declarar el origen de la semilla utilizada en la campaña actual (para verificar el uso propio e intentar detectar la ilegalidad) era a través de internet.
Luego sumaron la posibilidad de presentar una planilla directamente en las oficinas del Inase. De esta manera, no quedaban expuestos ante alguna informalidad en la manera de producir (muchos no están inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios- Renspa).
Según dijo Lavignolle, quien esté obligado a declarar y no haya enviado la información será sancionado. “Sólo el 20% de la semilla de soja es legal. Estamos buscando saber qué es el 80% restante. Estamos convencidos de que la solución pasa por ahí y no por pelear”, sentenció.
El diálogo se dio en el marco de la presentación de la aprobación de un maíz genéticamente modificado.
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