07 Abril 2016
El oficialismo reimpulsa la reforma procesal penal
En medio de los reclamos de la oposición para interpelar a funcionarios pasó por mesa de entradas un proyecto que lleva años de estudio Tal como había anunciado el vicegobernador Jaldo, fue presentado el proyecto para modificar el Código Procesal Penal. Críticas opositoras
CON LA CORTE SUPREMA. Jaldo (cabecera), en una reunión que se hizo el 10 de febrero con Sbdar, Posse, Gassenbauer, Caponio, Silman, Estofán y Gandur. la gaceta / foto de FLORENCIA ZURITA (archivo)
Los opositores de la Legislatura insisten: es necesario declarar el estado de emergencia en seguridad en Tucumán y convocar a los funcionarios de esa área del Poder Ejecutivo (PE) para que expliquen sus planes contra el delito.
El oficialismo, en paralelo, puso en marcha otra propuesta. Tal como lo había anunciado el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, esta semana fue presentado el proyecto para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia (CPPT), normativa que regula el inicio, la tramitación y la conclusión de las causas penales en el fuero local. Si bien la iniciativa lleva la firma del legislador Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el texto es producto de un trabajo conjunto con representantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, del Poder Ejecutivo, de los abogados colegiados, de docentes universitarios y de otros organismos y profesionales especializados en materia penal.
Según fuentes legislativas, existe la intención de concretar en el corto plazo la sanción del nuevo Código Procesal Penal. De todas formas, la iniciativa sería sometida a una nueva rueda de consultas con expertos. Además, la implementación de la futura normativa dependerá de los plazos que fije la Corte Suprema, ya que implicará la creación de oficinas, la puesta en marca de novedosos mecanismos de resolución de conflictos y diversas modificaciones en el organigrama del Poder Judicial de Tucumán.
La reforma del proceso penal comenzó en 2012, cuando un sector del alto tribunal trató de impulsar una modificación parcial y una experiencia con una prueba piloto. El oficialismo de la Legislatura salió al cruce del proyecto de la Corte Suprema, y alegó que era función del cuerpo parlamentario cualquier cambio normativo, aunque se tratara de una prueba piloto.
Así, se convocó a la creación de una comisión especial que contó con representantes de los tres poderes del Estado, de letrados colegiados y de expertos. El proceso concluyó tras dos años de recolectar aportes. A mediados de 2015, antes de que la anterior conformación legislativa concluyera su mandato, el hoy ex legislador oficialista Ramiro González Navarro elevó a la Legislatura el anteproyecto para la modificación del Código Procesal Penal. La semana pasada, Jaldo anunció que la intención del cuerpo colegiado era comenzar este mes con el debate oficial para esa reforma. Caponio, que había sido el presidente original de la comisión especial, cumplió con esa misión el martes pasado.
El proyecto de ley, que tiene 102 páginas, incorpora capítulos referidos al enjuiciamiento rápido de determinados delitos (por ejemplo, en casos de flagrancia), a la oralización del proceso de instrucción mediante la celebración de audiencias y a la puesta en marcha de institutos alternativos de resolución de conflictos.
Medidas urgentes
La oposición hace énfasis en la necesidad de medidas urgentes por la crecida de hechos violentos. Si bien el Gobierno anunció la declaración de la emergencia en seguridad, hubo críticas por los objetivos que busca el oficialismo con esa iniciativa. Además, volvieron a escucharse reclamos para que asistan al edificio de la Cámara el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, y el secretario del área, Paul Hofer.
Según el bussista Claudio Viña, hay una “especie de berretín en declarar la emergencia en seguridad”. “Al parecer, se cree que con la sola mención de esa palabra se soluciona todo. Sólo así se explica que se reúna tanta gente: la cúpula de Seguridad, legisladores oficialistas y funcionarios del PE para vender como una gran noticia la adhesión a un decreto dictado en enero pasado por la Nación”, indicó el representante de Fuerza Republicana (FR). Enfatizó en que el régimen federal de excepción está destinado a áreas concretas, como narcotráfico y control de fronteras. “Eso nada tiene que ver con los delitos que sufren los tucumanos día a día. Sería penoso que se busque la adhesión sólo por la porción de la torta de los $ 800 millones que prevé la norma”, agregó Viña.
El radical Eudoro Aráoz, uno de los impulsores del proyecto de ley para establecer la emergencia en seguridad, coincidió con Viña en ese sentido. “Celebramos que el PE reconozca la situación. Pero es lamentable que lo haya hecho con el aparente objetivo de recibir fondos”, expresó. Y criticó a la Casa de Gobierno por evadir su propuesta para la creación de una comisión especial abocada a estudiar medidas urgentes. “Hicimos una invitación para trabajar en conjunto, pero se prefiere una mirada parcial”, indicó Aráoz. El macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A) calificó la estrategia del gobierno como “una reacción espasmódica”. “Se actúa cuando el hecho está consumado. Incluso para declarar la emergencia esperaron a que los opositores la planteáramos”, agregó.
El oficialismo, en paralelo, puso en marcha otra propuesta. Tal como lo había anunciado el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, esta semana fue presentado el proyecto para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia (CPPT), normativa que regula el inicio, la tramitación y la conclusión de las causas penales en el fuero local. Si bien la iniciativa lleva la firma del legislador Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el texto es producto de un trabajo conjunto con representantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, del Poder Ejecutivo, de los abogados colegiados, de docentes universitarios y de otros organismos y profesionales especializados en materia penal.
Según fuentes legislativas, existe la intención de concretar en el corto plazo la sanción del nuevo Código Procesal Penal. De todas formas, la iniciativa sería sometida a una nueva rueda de consultas con expertos. Además, la implementación de la futura normativa dependerá de los plazos que fije la Corte Suprema, ya que implicará la creación de oficinas, la puesta en marca de novedosos mecanismos de resolución de conflictos y diversas modificaciones en el organigrama del Poder Judicial de Tucumán.
La reforma del proceso penal comenzó en 2012, cuando un sector del alto tribunal trató de impulsar una modificación parcial y una experiencia con una prueba piloto. El oficialismo de la Legislatura salió al cruce del proyecto de la Corte Suprema, y alegó que era función del cuerpo parlamentario cualquier cambio normativo, aunque se tratara de una prueba piloto.
Así, se convocó a la creación de una comisión especial que contó con representantes de los tres poderes del Estado, de letrados colegiados y de expertos. El proceso concluyó tras dos años de recolectar aportes. A mediados de 2015, antes de que la anterior conformación legislativa concluyera su mandato, el hoy ex legislador oficialista Ramiro González Navarro elevó a la Legislatura el anteproyecto para la modificación del Código Procesal Penal. La semana pasada, Jaldo anunció que la intención del cuerpo colegiado era comenzar este mes con el debate oficial para esa reforma. Caponio, que había sido el presidente original de la comisión especial, cumplió con esa misión el martes pasado.
El proyecto de ley, que tiene 102 páginas, incorpora capítulos referidos al enjuiciamiento rápido de determinados delitos (por ejemplo, en casos de flagrancia), a la oralización del proceso de instrucción mediante la celebración de audiencias y a la puesta en marcha de institutos alternativos de resolución de conflictos.
Medidas urgentes
La oposición hace énfasis en la necesidad de medidas urgentes por la crecida de hechos violentos. Si bien el Gobierno anunció la declaración de la emergencia en seguridad, hubo críticas por los objetivos que busca el oficialismo con esa iniciativa. Además, volvieron a escucharse reclamos para que asistan al edificio de la Cámara el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, y el secretario del área, Paul Hofer.
Según el bussista Claudio Viña, hay una “especie de berretín en declarar la emergencia en seguridad”. “Al parecer, se cree que con la sola mención de esa palabra se soluciona todo. Sólo así se explica que se reúna tanta gente: la cúpula de Seguridad, legisladores oficialistas y funcionarios del PE para vender como una gran noticia la adhesión a un decreto dictado en enero pasado por la Nación”, indicó el representante de Fuerza Republicana (FR). Enfatizó en que el régimen federal de excepción está destinado a áreas concretas, como narcotráfico y control de fronteras. “Eso nada tiene que ver con los delitos que sufren los tucumanos día a día. Sería penoso que se busque la adhesión sólo por la porción de la torta de los $ 800 millones que prevé la norma”, agregó Viña.
El radical Eudoro Aráoz, uno de los impulsores del proyecto de ley para establecer la emergencia en seguridad, coincidió con Viña en ese sentido. “Celebramos que el PE reconozca la situación. Pero es lamentable que lo haya hecho con el aparente objetivo de recibir fondos”, expresó. Y criticó a la Casa de Gobierno por evadir su propuesta para la creación de una comisión especial abocada a estudiar medidas urgentes. “Hicimos una invitación para trabajar en conjunto, pero se prefiere una mirada parcial”, indicó Aráoz. El macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A) calificó la estrategia del gobierno como “una reacción espasmódica”. “Se actúa cuando el hecho está consumado. Incluso para declarar la emergencia esperaron a que los opositores la planteáramos”, agregó.
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