Por Federico Türpe
02 Abril 2016
El martes a la noche, mientras la selección argentina jugaba el segundo tiempo frente a Bolivia, los vecinos de Italia y Muñecas salieron a la calle sobresaltados por los alaridos de una mujer. En la calle había un hombre sentado en una moto sin luces y otro hombre con un revólver en la mano, que forcejeaba con una chica para quitarle el bolso. A los gritos de la mujer se le sumaron los gritos de los vecinos y los delincuentes tuvieron que emprender un veloz escape ante un inminente linchamiento.
En la otra esquina, en Italia y 25 de Mayo, había un joven policía que no se percató de lo que pasaba. Cuando un vecino fue a buscarlo y le avisó lo que había ocurrido, el uniformado se acercó a la víctima y comenzó a interrogarla. Al cabo de 10 minutos de anotar en una libretita todo lo que la mujer le contaba, le dijo, “señora, tiene que hacer la denuncia en la comisaría”.
Diez minutos perdidos, para la mujer y para el policía, en los que quizás el 911 podría haber sido alertado con la descripción de dos sujetos armados que seguro estaban a minutos de cometer otro atraco.
Este es sólo un fotograma de una película que se proyecta todos los días, mal titulada “inseguridad”.
Mal titulada porque lo contrario de inseguridad es seguridad. Y la seguridad ciudadana, según la Real Academia Española, es la “situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público”. Es decir, si fallan las fuerzas del orden habrá inseguridad y si actúan bien habrá seguridad. Sin embargo, este razonamiento parte de un grave error, porque surge de un reduccionismo tan primario que imposibilita cualquier intento de solución.
Por ejemplo, ¿qué tienen que ver las fuerzas del orden con la desigualdad social? ¿Tiene alguna relación la Policía con la falta de educación, la pobreza, la marginalidad o la discriminación? ¿Pueden los uniformados combatir el desempleo, la denegación de justicia, la violencia de género o las debilidades institucionales? Sólo por citar algunos ejemplos de la decena de factores que intervienen en un complejísimo problema mal simplificado con “inseguridad”.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) mide la inseguridad mundial en relación a la tasa de homicidios, que es el delito que más se denuncia o descubre. Y la Onudd demuestra que es imposible relacionar la inseguridad con una única causa. Y así ejemplifica, comparando las tasas de homicidios de los países:
Si sólo se atribuye la inseguridad a la economía, no se entiende que España sea tan segura como Alemania (1,4) y Grecia más segura que Bélgica (1,7). Eso para no hablar de EE.UU. (4,8). Si se la atribuye a la injusticia social, no se entiende que Suecia (1,0) sea más insegura que Singapur (0,3). Si se la atribuye a las crisis, no se entiende que Irlanda (1,2) sea el país más seguro de Europa del norte (1,5). Aunque su PBI por habitante es dos veces y medio el de la Argentina, y tiene sólo 5% de pobreza, ha sufrido una profunda crisis financiera.
Si se la atribuye a factores socioculturales, no se entiende que en la Argentina haya más homicidios (3,4) que en Somalia (1,5) o Marruecos (1,4).
Si se la atribuye a conmociones políticas, no se entiende que en Libia (2,9) o en Egipto (1,2) haya menos asesinatos que en Chile (3,2).
Si se la atribuye a penas benignas, no se entiende cómo en Uganda, donde por hurtar cortan la mano, haya una tasa tan alta: 36,3.
Si se atribuye a la falta de pena capital, no se entiende que los países del hemisferio donde hay pena de muerte estén entre los diez más peligrosos del mundo. Son Jamaica (52,2), Belice (41,4) y Trinidad y Tobago (35,2).
Estas comparaciones de la Onudd demuestran todo lo contrario de lo que livianamente se afirma y que en sociedades con instituciones débiles, las cosas no mejoran precisamente con más policías, sino que a más “mano dura” peores son los resultados. Porque la inseguridad no obedece a ninguno de los factores antes mencionados, sino a todos ellos.
Según estadísticas oficiales, los homicidios en ocasión de robo han bajado un 60% en Tucumán en los últimos cinco años, y los delitos contra la propiedad han mermado, dependiendo la zona, en un 43%, 23% y 21%.
Sin embargo, los homicidios en general han aumentado, a raíz de la violencia doméstica e intravecinal. Esto demuestra que es mucho antes un problema sociocultural antes que policial. Lo mismo que si han disminuido los delitos contra la propiedad, ¿por qué cada día detienen a más personas? Porque han aumentado otro tipo de delitos, con el motoarrebato a la cabeza, que no están vinculados a bandas organizadas ni a delincuentes profesionales, sino a jóvenes víctimas de varios factores: desempleo, marginalidad, droga y alcohol, falta de contención familiar y escasa o nula educación.
El 60% de los asesinatos en Tucumán corresponden a conflictos entre vecinos o dentro de las viviendas. El 31% ocurre los domingos, en situaciones vinculadas al alcohol y a la violencia de género, y el 38% se debe a conflictos previos, denunciados o advertidos, es decir, que podrían haberse evitado.
Esto muestra de forma contundente que una parte importante de la sociedad está padeciendo privaciones, trastornos y alteraciones graves. Y esto no se soluciona con más policías ni con más cárceles. Si no se ataca la raíz del problema, cada vez harán falta más y más policías y más y más cárceles hasta que lleguemos a tener toda la sociedad uniformada y amurallada.
De hecho, hoy el sistema de administración de justicia está colapsado y hace rato que ya no puede atender ni resolver semejante cantidad de delitos de todo tipo.
La puerta giratoria
El Ministerio de Seguridad informó que la Policía realiza unas 1.000 detenciones por mes y secuestra unos 4.000 vehículos. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, explicó que la mayoría de los detenidos son personas que ya han sido apresadas dos, tres o más veces antes. “Los detenemos y a los dos días están libres, y eso es muy desmoralizante para la fuerza. No culpo a los fiscales ni a los jueces, que la mayoría son honestos y trabajan mucho, sino a que todo está desbordado”.
Según un informe en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, por ejemplo, sólo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2015 se les otorgó la libertad a 584 detenidos. Representan 35 días hábiles, lo que significa que se liberó a casi 17 delincuentes por día.
De ese total, 123 estaban detenidos por delitos contra la propiedad, robo agravado (con armas) y tenían frondosos prontuarios.
Las diez fiscalías de la capital otorgaron 352 libertades, distribuidas de la siguiente manera: I° (3), II° (20), III° (14), IV° (32), V° (66), VI° (96), VII° (53), VIII° (53), IX° (11), y X° (4). Sólo la Fiscalía VII° liberó a 2,7 delincuentes por día entre noviembre y diciembre del año pasado. En el mismo período, los cinco juzgados de instrucción soltaron a 70 detenidos: I° (8), II° (11), III° (20), IV° (19), y V° (12).
Por su parte, las seis cámaras penales liberaron en 35 días hábiles a 56 delincuentes: Sala I (9), Sala II (7), Sala III (11), Sala IV (2), Sala V (12), y Sala VI (15).
Por último, los dos juzgados de menores liberaron a nueve detenidos: I° (8) y II° (1).
Ahora los legisladores quieren pedirle explicaciones al Gobierno y quieren declarar la emergencia en seguridad. Los mismos legisladores que cobran millones de pesos de gastos sociales en negro y con destino desconocido, y que tienen entre sus filas desde punteros hasta barrabravas y conocidos delincuentes.
Esta tragedia que ya es la inseguridad necesita mucho más que gestos hipócritas para apenas empezar a atacarse.
Como escribió Rodolfo Terragno en 2013, en un informe sobre inseguridad: “podemos competir y diferenciarnos en mil cosas, pero en materia de seguridad debemos tirar todos para el mismo lado. No importa quién promueva el acuerdo. Su búsqueda debe ser un ejercicio paritario, sin voz cantante, en el que todos nos abstengamos de sacar ventaja. El diálogo debe estar protegido de partidismos y tácticas electorales. O es una tarea colectiva en pie de igualdad o carece de sentido”.
El flagelo de la inseguridad no se soluciona con una ley de emergencia ni con los timonazos que suelen dar los gobiernos cada tanto para mostrar que hacen algo.
La única salida para volver a tener una sociedad libre y en paz es la más compleja: inclusión, educación y trabajo, es decir, varias décadas de un mismo plan, sostenido por varios gobiernos.
Y si se comienza ahora, probablemente a la solución no llegue a verla ninguno de los que leyó esta columna.
En la otra esquina, en Italia y 25 de Mayo, había un joven policía que no se percató de lo que pasaba. Cuando un vecino fue a buscarlo y le avisó lo que había ocurrido, el uniformado se acercó a la víctima y comenzó a interrogarla. Al cabo de 10 minutos de anotar en una libretita todo lo que la mujer le contaba, le dijo, “señora, tiene que hacer la denuncia en la comisaría”.
Diez minutos perdidos, para la mujer y para el policía, en los que quizás el 911 podría haber sido alertado con la descripción de dos sujetos armados que seguro estaban a minutos de cometer otro atraco.
Este es sólo un fotograma de una película que se proyecta todos los días, mal titulada “inseguridad”.
Mal titulada porque lo contrario de inseguridad es seguridad. Y la seguridad ciudadana, según la Real Academia Española, es la “situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público”. Es decir, si fallan las fuerzas del orden habrá inseguridad y si actúan bien habrá seguridad. Sin embargo, este razonamiento parte de un grave error, porque surge de un reduccionismo tan primario que imposibilita cualquier intento de solución.
Por ejemplo, ¿qué tienen que ver las fuerzas del orden con la desigualdad social? ¿Tiene alguna relación la Policía con la falta de educación, la pobreza, la marginalidad o la discriminación? ¿Pueden los uniformados combatir el desempleo, la denegación de justicia, la violencia de género o las debilidades institucionales? Sólo por citar algunos ejemplos de la decena de factores que intervienen en un complejísimo problema mal simplificado con “inseguridad”.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) mide la inseguridad mundial en relación a la tasa de homicidios, que es el delito que más se denuncia o descubre. Y la Onudd demuestra que es imposible relacionar la inseguridad con una única causa. Y así ejemplifica, comparando las tasas de homicidios de los países:
Si sólo se atribuye la inseguridad a la economía, no se entiende que España sea tan segura como Alemania (1,4) y Grecia más segura que Bélgica (1,7). Eso para no hablar de EE.UU. (4,8). Si se la atribuye a la injusticia social, no se entiende que Suecia (1,0) sea más insegura que Singapur (0,3). Si se la atribuye a las crisis, no se entiende que Irlanda (1,2) sea el país más seguro de Europa del norte (1,5). Aunque su PBI por habitante es dos veces y medio el de la Argentina, y tiene sólo 5% de pobreza, ha sufrido una profunda crisis financiera.
Si se la atribuye a factores socioculturales, no se entiende que en la Argentina haya más homicidios (3,4) que en Somalia (1,5) o Marruecos (1,4).
Si se la atribuye a conmociones políticas, no se entiende que en Libia (2,9) o en Egipto (1,2) haya menos asesinatos que en Chile (3,2).
Si se la atribuye a penas benignas, no se entiende cómo en Uganda, donde por hurtar cortan la mano, haya una tasa tan alta: 36,3.
Si se atribuye a la falta de pena capital, no se entiende que los países del hemisferio donde hay pena de muerte estén entre los diez más peligrosos del mundo. Son Jamaica (52,2), Belice (41,4) y Trinidad y Tobago (35,2).
Estas comparaciones de la Onudd demuestran todo lo contrario de lo que livianamente se afirma y que en sociedades con instituciones débiles, las cosas no mejoran precisamente con más policías, sino que a más “mano dura” peores son los resultados. Porque la inseguridad no obedece a ninguno de los factores antes mencionados, sino a todos ellos.
Según estadísticas oficiales, los homicidios en ocasión de robo han bajado un 60% en Tucumán en los últimos cinco años, y los delitos contra la propiedad han mermado, dependiendo la zona, en un 43%, 23% y 21%.
Sin embargo, los homicidios en general han aumentado, a raíz de la violencia doméstica e intravecinal. Esto demuestra que es mucho antes un problema sociocultural antes que policial. Lo mismo que si han disminuido los delitos contra la propiedad, ¿por qué cada día detienen a más personas? Porque han aumentado otro tipo de delitos, con el motoarrebato a la cabeza, que no están vinculados a bandas organizadas ni a delincuentes profesionales, sino a jóvenes víctimas de varios factores: desempleo, marginalidad, droga y alcohol, falta de contención familiar y escasa o nula educación.
El 60% de los asesinatos en Tucumán corresponden a conflictos entre vecinos o dentro de las viviendas. El 31% ocurre los domingos, en situaciones vinculadas al alcohol y a la violencia de género, y el 38% se debe a conflictos previos, denunciados o advertidos, es decir, que podrían haberse evitado.
Esto muestra de forma contundente que una parte importante de la sociedad está padeciendo privaciones, trastornos y alteraciones graves. Y esto no se soluciona con más policías ni con más cárceles. Si no se ataca la raíz del problema, cada vez harán falta más y más policías y más y más cárceles hasta que lleguemos a tener toda la sociedad uniformada y amurallada.
De hecho, hoy el sistema de administración de justicia está colapsado y hace rato que ya no puede atender ni resolver semejante cantidad de delitos de todo tipo.
La puerta giratoria
El Ministerio de Seguridad informó que la Policía realiza unas 1.000 detenciones por mes y secuestra unos 4.000 vehículos. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, explicó que la mayoría de los detenidos son personas que ya han sido apresadas dos, tres o más veces antes. “Los detenemos y a los dos días están libres, y eso es muy desmoralizante para la fuerza. No culpo a los fiscales ni a los jueces, que la mayoría son honestos y trabajan mucho, sino a que todo está desbordado”.
Según un informe en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, por ejemplo, sólo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2015 se les otorgó la libertad a 584 detenidos. Representan 35 días hábiles, lo que significa que se liberó a casi 17 delincuentes por día.
De ese total, 123 estaban detenidos por delitos contra la propiedad, robo agravado (con armas) y tenían frondosos prontuarios.
Las diez fiscalías de la capital otorgaron 352 libertades, distribuidas de la siguiente manera: I° (3), II° (20), III° (14), IV° (32), V° (66), VI° (96), VII° (53), VIII° (53), IX° (11), y X° (4). Sólo la Fiscalía VII° liberó a 2,7 delincuentes por día entre noviembre y diciembre del año pasado. En el mismo período, los cinco juzgados de instrucción soltaron a 70 detenidos: I° (8), II° (11), III° (20), IV° (19), y V° (12).
Por su parte, las seis cámaras penales liberaron en 35 días hábiles a 56 delincuentes: Sala I (9), Sala II (7), Sala III (11), Sala IV (2), Sala V (12), y Sala VI (15).
Por último, los dos juzgados de menores liberaron a nueve detenidos: I° (8) y II° (1).
Ahora los legisladores quieren pedirle explicaciones al Gobierno y quieren declarar la emergencia en seguridad. Los mismos legisladores que cobran millones de pesos de gastos sociales en negro y con destino desconocido, y que tienen entre sus filas desde punteros hasta barrabravas y conocidos delincuentes.
Esta tragedia que ya es la inseguridad necesita mucho más que gestos hipócritas para apenas empezar a atacarse.
Como escribió Rodolfo Terragno en 2013, en un informe sobre inseguridad: “podemos competir y diferenciarnos en mil cosas, pero en materia de seguridad debemos tirar todos para el mismo lado. No importa quién promueva el acuerdo. Su búsqueda debe ser un ejercicio paritario, sin voz cantante, en el que todos nos abstengamos de sacar ventaja. El diálogo debe estar protegido de partidismos y tácticas electorales. O es una tarea colectiva en pie de igualdad o carece de sentido”.
El flagelo de la inseguridad no se soluciona con una ley de emergencia ni con los timonazos que suelen dar los gobiernos cada tanto para mostrar que hacen algo.
La única salida para volver a tener una sociedad libre y en paz es la más compleja: inclusión, educación y trabajo, es decir, varias décadas de un mismo plan, sostenido por varios gobiernos.
Y si se comienza ahora, probablemente a la solución no llegue a verla ninguno de los que leyó esta columna.
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