Amaya garantiza que continuará el Promeba

“El Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba), continúa. Lo que sucede es que vamos a priorizar la inversión en obras y no en recursos humanos”. El secretario de Vivienda y Habitat de la Nación, Domingo Amaya, justificó de esta manera la decisión de rescindir contratos de trabajadores que se desempeñaban en este programa en todo el país. En Tucumán, la reestructuración del plan de urbanización dejó 25 desempleados. Los ahora ex trabajadores criticaron que, además de perder su empleo, la revisión del programa generará un parate en las obras que se llevan adelante en villas y asentamientos del área metropolitana, afectando a 5.000 familias que subsisten en la más cruda pobreza.

Desde la secretaría nacional, informaron que se buscará elevar la eficiencia del programa, destinando la totalidad de los fondos para obras. “Vamos a pedir a los diferentes municipios y provincias que se hagan cargo de los recursos humanos, así como hice en el municipio cuando estuve al frente de la intendencia: toda la gente del Promeba, en las obras que se realizaron en la capital, los contrató la Intendencia. A estos empleados (por los 25 desocupados tucumanos) los contrató la Nación cuando correspondía que los contrate la Provincia”, explicó Amaya.

El Promeba articula desde hace 13 años proyectos de urbanización en diferentes barriadas de la provincia, con fondos no reintegrables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En nuestra provincia, el proyecto era coordinado por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Los profesionales técnicos despedidos trabajaban con contratos de locación de obras, como monotributistas, por convenios anuales.

Con la asunción del presidente Mauricio Macri, desde Vivienda de la Nación renovaron los contratos a los trabajadores, pero por tres meses. El 13 de enero, sin embargo, notificaron por correo electrónico desde la secretaría Nacional a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Promeba, informando que se rescindían los contratos. “No somos ‘ñoquis’, trabajo desde hace 11 años en este programa. Mientras la Nación y la Provincia se pelean por quién se hace cargo de los recursos humanos, ya hay costos por el parate de las obras”, había reclamado Marcos Mendoza, ahora ex auxiliar social de la UEP. Adelantaron que realizarán una conferencia de prensa la semana que viene para insistir en su reclamo.

“Tenemos el objetido de optimizar los recursos: se deben emplear los fondos para obras en beneficio de los vecinos, y no para honorarios”, insistió Amaya. “No hay ninguna disputa política, si ellos trabajaron en el Instituto de Vivienda Provincial, que los nombre la Provincia. La verdad es que deben dejar de dar contratos por cuestiones políticas y que nombren la gente que se necesita para programas de desarrollo”, respondió el ex intendente cuando se le consultó si la medida respondía a un conflicto político con el gobernador Juan Manzur. Amaya se distanció del alperovichismo y finalmente se alió al radical José Cano para pugnar por la gobernación en 2015.

“Creo que la Provincia, sea el Ipvdu o la Secretaría de Obras Públicas, tiene que aceptar y contratar los empleados. Nosotras tenemos que priorizar la obra pública”, finalizó Amaya.