27 Diciembre 2015
EL Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNT salió al cruce de la postura de las autoridades de esa unidad académica acerca de la implementación del acceso irrestricto a esa carrera.
La declaración oficial -publicada en LA GACETA el 17 de diciembre- llevaba la firma del decano, Ricardo Zelaya, y del vicedecano, José Remis. Ellos habían señalado que en esa facultad se cursa una carrera de alto riesgo social. “El derecho a la vida y salud de todas las personas tiene mayor jerarquía que el genuino derecho de acceso a la educación superior de los jóvenes”, sostuvieron.
El secretario gremial del Centro de Estudiantes de Medicina, Mariano Raed, denunció a las autoridades de esa facultad por incumplimiento de la Ley (N° 27.204) ante la Defensoría del Pueblo. Esta semana, según dijeron, presentarán un recurso de amparo en la Justicia para garantizar el acceso libre a los aspirantes 2016.
Consideran que el examen de ingreso solo garantiza que muy pocos entren: los que cuentan con los $ 25.000 que, según Raed, cuestan los cursos de preparación para rendir. “Es hora de terminar con el negociado”, sostuvo el dirigente.
La evaluación de las autoridades de la facultad es que el acceso irrestricto lesionará la calidad educativa y, por ende, las competencias de los profesionales que se gradúan, por lo que una medida así tendrá efectos perniciosos sobre la salud de la población. El Consejo Directivo de esa facultad dispuso que no están dadas las condiciones para implementar el acceso libre.
La ley de acceso irrestricto y gratuito a la universidad fue promulgada el 9 de noviembre. Modificó dos artículos de la Ley N° 24.521 (De Educación Superior): el 2°, sobre la gratuidad de la educación universitaria; y el 7°, sobre los exámenes eliminatorios.
Para las universidades más populosas, como la UNT, la adecuación implica cambios en lo presupuestario. Según los representantes del Centro de Estudiantes en las carreras de Odontología, de Educación Física y de Agronomía ya se eliminaron las evaluaciones de ingreso. Pero el caso de Medicina es el más paradigmático, ya que los cupos son de 240 desde hace años y el nivel de competencia que se requiere para acceder es muy alto.
En sucesivas entrevistas, las autoridades de la UNT reconocieron que para adecuarse a la norma nacional se necesitaría, ante todo, más presupuesto. Estimaron que se debería triplicar la planta docente. En el caso de Medicina, la estructura de los laboratorios y el sistema de prácticas funciona con una cantidad fijada de docentes por alumnos.
La universidad acaba de cerrar un año complicado. El monto del presupuesto y qué se hace con él ha sido tema de debate en el Consejo de Decanos la semana pasada. Reunión en la que se acordó que en febrero seguirán discutiendo la distribución que la UNT hace de los fondos. Además, se mezcla con el reclamo de varios decanos sobre la demora en las recategorizaciones de los docentes interinos y la imposibilidad de encarar obras de reparación de techos por falta de dinero.
En 2016, la UNT recibirá desde el gobierno Nacional $ 2.500 millones. Equivale al 4,8% del total presupuestado para los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, que es de casi $52.000 millones.
Según el vicerrector, José García, más de 90% se va solo en salarios. El remanente (unos $ 10 millones) es lo que queda para ser distribuido en las facultades, escuelas y otras áreas que dependen de la UNT. El margen de maniobra es escaso, reconoció García, y también deberán buscar la forma de disminuir el déficit de $37 millones que, según el vicerrector, han heredado de administraciones pasadas.
La declaración oficial -publicada en LA GACETA el 17 de diciembre- llevaba la firma del decano, Ricardo Zelaya, y del vicedecano, José Remis. Ellos habían señalado que en esa facultad se cursa una carrera de alto riesgo social. “El derecho a la vida y salud de todas las personas tiene mayor jerarquía que el genuino derecho de acceso a la educación superior de los jóvenes”, sostuvieron.
El secretario gremial del Centro de Estudiantes de Medicina, Mariano Raed, denunció a las autoridades de esa facultad por incumplimiento de la Ley (N° 27.204) ante la Defensoría del Pueblo. Esta semana, según dijeron, presentarán un recurso de amparo en la Justicia para garantizar el acceso libre a los aspirantes 2016.
Consideran que el examen de ingreso solo garantiza que muy pocos entren: los que cuentan con los $ 25.000 que, según Raed, cuestan los cursos de preparación para rendir. “Es hora de terminar con el negociado”, sostuvo el dirigente.
La evaluación de las autoridades de la facultad es que el acceso irrestricto lesionará la calidad educativa y, por ende, las competencias de los profesionales que se gradúan, por lo que una medida así tendrá efectos perniciosos sobre la salud de la población. El Consejo Directivo de esa facultad dispuso que no están dadas las condiciones para implementar el acceso libre.
La ley de acceso irrestricto y gratuito a la universidad fue promulgada el 9 de noviembre. Modificó dos artículos de la Ley N° 24.521 (De Educación Superior): el 2°, sobre la gratuidad de la educación universitaria; y el 7°, sobre los exámenes eliminatorios.
Para las universidades más populosas, como la UNT, la adecuación implica cambios en lo presupuestario. Según los representantes del Centro de Estudiantes en las carreras de Odontología, de Educación Física y de Agronomía ya se eliminaron las evaluaciones de ingreso. Pero el caso de Medicina es el más paradigmático, ya que los cupos son de 240 desde hace años y el nivel de competencia que se requiere para acceder es muy alto.
En sucesivas entrevistas, las autoridades de la UNT reconocieron que para adecuarse a la norma nacional se necesitaría, ante todo, más presupuesto. Estimaron que se debería triplicar la planta docente. En el caso de Medicina, la estructura de los laboratorios y el sistema de prácticas funciona con una cantidad fijada de docentes por alumnos.
La universidad acaba de cerrar un año complicado. El monto del presupuesto y qué se hace con él ha sido tema de debate en el Consejo de Decanos la semana pasada. Reunión en la que se acordó que en febrero seguirán discutiendo la distribución que la UNT hace de los fondos. Además, se mezcla con el reclamo de varios decanos sobre la demora en las recategorizaciones de los docentes interinos y la imposibilidad de encarar obras de reparación de techos por falta de dinero.
En 2016, la UNT recibirá desde el gobierno Nacional $ 2.500 millones. Equivale al 4,8% del total presupuestado para los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, que es de casi $52.000 millones.
Según el vicerrector, José García, más de 90% se va solo en salarios. El remanente (unos $ 10 millones) es lo que queda para ser distribuido en las facultades, escuelas y otras áreas que dependen de la UNT. El margen de maniobra es escaso, reconoció García, y también deberán buscar la forma de disminuir el déficit de $37 millones que, según el vicerrector, han heredado de administraciones pasadas.
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