31 Octubre 2015
GRATUIDAD. Queda prohibido cobrar cualquier tipo de gravamen en las universidades públicas del país. la gaceta / foto de josé nuno (archivo)
Se terminaron los exámenes de ingreso a la universidad. Así lo dispone la reforma a la Ley de Educación Superior (LES) sancionada el miércoles por la noche en el Senado, que también garantiza la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones públicas. Los cambios ponen en situación complicada a las facultades con carreras consideradas de riesgo (medicina, odontología, bioquímica o psicología), tanto por la demanda presupuestaria que la iniciativa implicaría, como también por la falta de infraestructura para hacer frente a un ingreso irrestricto de estudiantes al ciclo superior.
Los dos principales artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995 (modificados por el proyecto presentado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós) son el segundo, sobre la gratuidad de la educación universitaria; y el séptimo, sobre los “exámenes eliminatorios”.
En cuanto a este último, la norma -que había recibido media sanción en Diputados en 2013- establece el acceso a la universidad como “libre e irrestricto”, es decir que se prohibirán los “exámenes eliminatorios” u “otros mecanismos de exclusión”.
“Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”, dice el artículo 7.
Por otro lado, en el artículo 2° queda explicitado que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”.
La normativa también, garantiza que sean “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización” de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales.
Además, el incorporado artículo 2 bis dispone la “prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa” sobre las carreras de grado en las universidades públicas. Por otro lado, por la nueva ley, cada universidad podrá definir los requisitos que deben cumplir los estudiantes para ser alumnos regulares. Hasta ahora, en las universidades con menos de 50.000 alumnos, debían aprobar como mínimo una materia por año y en algunos casos dos. Los expertos explicaron que esta modificación echa por tierra los cursos de nivelación que realizan algunas facultades. Puiggrós, destacó que “está garantizada la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la educación superior y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas”.
Postura tucumana
“Hasta ahora no hay nada firme; sólo sabemos lo que salió en los medios. Considero, no obstante, que hay que tomar en cuenta la situación de cada universidad pública, que es diferente, y analizar si es aplicable a sus propias realidades”, dijo ayer Ricardo Zelaya, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ante la consulta de LA GACETA. El profesional dijo que es prematuro hablar sobre el tema, ya que la norma falta ser reglamentada y aún no fue comunicada por el Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo, reconoció que ha generado “opiniones diversas” en ámbitos académicos.
“Una carrera de riesgo, como medicina, requiere de calidad de la salud. Y es importante formar médicos en esa orientación. Un ingreso irrestricto puede llegar a colmar la capacidad de infraestructura de las escuelas de medicina, además de su impacto en los costos financieros y en los recursos humanos que se precisan para su atención”, opinó.
El año pasado, en Medicina se presentaron cerca de 900 aspirantes para el ingreso, pero sólo había cupos para 240 de ellos.
Actualmente se están dictando cursos introductorios de nivelación para el ingreso 2016, con los exámenes que se tomarán entre abril y mayo próximos.
Los dos principales artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995 (modificados por el proyecto presentado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós) son el segundo, sobre la gratuidad de la educación universitaria; y el séptimo, sobre los “exámenes eliminatorios”.
En cuanto a este último, la norma -que había recibido media sanción en Diputados en 2013- establece el acceso a la universidad como “libre e irrestricto”, es decir que se prohibirán los “exámenes eliminatorios” u “otros mecanismos de exclusión”.
“Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”, dice el artículo 7.
Por otro lado, en el artículo 2° queda explicitado que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”.
La normativa también, garantiza que sean “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización” de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales.
Además, el incorporado artículo 2 bis dispone la “prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa” sobre las carreras de grado en las universidades públicas. Por otro lado, por la nueva ley, cada universidad podrá definir los requisitos que deben cumplir los estudiantes para ser alumnos regulares. Hasta ahora, en las universidades con menos de 50.000 alumnos, debían aprobar como mínimo una materia por año y en algunos casos dos. Los expertos explicaron que esta modificación echa por tierra los cursos de nivelación que realizan algunas facultades. Puiggrós, destacó que “está garantizada la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la educación superior y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas”.
Postura tucumana
“Hasta ahora no hay nada firme; sólo sabemos lo que salió en los medios. Considero, no obstante, que hay que tomar en cuenta la situación de cada universidad pública, que es diferente, y analizar si es aplicable a sus propias realidades”, dijo ayer Ricardo Zelaya, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ante la consulta de LA GACETA. El profesional dijo que es prematuro hablar sobre el tema, ya que la norma falta ser reglamentada y aún no fue comunicada por el Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo, reconoció que ha generado “opiniones diversas” en ámbitos académicos.
“Una carrera de riesgo, como medicina, requiere de calidad de la salud. Y es importante formar médicos en esa orientación. Un ingreso irrestricto puede llegar a colmar la capacidad de infraestructura de las escuelas de medicina, además de su impacto en los costos financieros y en los recursos humanos que se precisan para su atención”, opinó.
El año pasado, en Medicina se presentaron cerca de 900 aspirantes para el ingreso, pero sólo había cupos para 240 de ellos.
Actualmente se están dictando cursos introductorios de nivelación para el ingreso 2016, con los exámenes que se tomarán entre abril y mayo próximos.
Lo más popular