Nada para festejar
Lo que sucede en Tucumán es grave. Las instituciones quedaron definitivamente mutiladas en medio de una atropellada sucesión de hechos judiciales y políticos que pusieron en duda el más sagrado de los actos de la democracia: el electoral.

La sensación de vulnerabilidad de la decisión popular será difícil de borrar. La cicatriz perdurará durante años y cada vez que se vote en estas tierras los ojos se dirigirán hacia esa marca. El Estado fracasó. Porque ninguno de sus poderes -ni los integrantes de ninguno de ellos- logró evitar que se llegara a la bochornosa situación actual.

El desfile de bolsones y de acciones clientelares es tan repetitivo como los corsos de Aguilares y así fue tomado por los representantes del pueblo: como un hecho folclórico. Jamás se hizo nada para evitar esa actividad que claramente actúa como condicionante de la decisión popular. Tampoco actuaron para modificar un sistema que per se tergiversa y malversa el voto. Hay candidatos a mansalva, acoples por doquier y prevalece el mandato del dinero por sobre la representatividad y el imperio de los partidos políticos. Las elecciones generales se convierten en grandes internas, donde muchos tributan votos para que unos pocos lleguen al poder. Así, los que ganan en un distrito una intendencia terminan perdiendo para la Gobernación y viceversa. Y lo que culmina importando es de cuántos fondos se dispone para armar la mayor cantidad posible de esas pequeñas usinas de votos que aportan para la corona.

La escandalosa conformación de la Junta Electoral Provincial fue otro ingrediente para la bomba que parece no acabar de estallar nunca. Se dieron mil vueltas para que el cuerpo se integrara. ¿Por qué? Porque prevalece el privilegio de un puñado de dirigentes que ocupan alternativamente los cargos públicos. Originalmente debían formar parte del organismo tripartito el presidente de la Corte Suprema, el ministro Fiscal y el titular de la Legislatura. El segundo fue recusado porque acababa de dejar tras una decena de años el Ministerio de Gobierno de Alperovich, y el tercero es el candidato a gobernador. Encima, ningún integrante de la Cámara podía suplantar al vicegobernador porque todos o pugnaban por cargos o algún familiar suyo lo hacía. Más ruido y deslegitimación.

La propia JEP sumó incertidumbre. ¿Cómo un órgano con tremenda responsabilidad a cuestas no garantizó la vigilancia por video de las urnas? ¿Por qué no hizo público en el mismo momento de producido el hecho de que había urnas que ya llegaban abiertas y que por eso refajaban? ¿Por qué no pidió el auxilio de las fuerzas de seguridad para evitar el clientelismo durante el día de votación? ¿Por qué jamás explicó el motivo de la extensa demora en el cargado de datos en el día de los comicios? Todas preguntas que, no respondidas oportunamente, ahora aportan al caos.

Si efectivamente la dupla Manzur-Jaldo triunfó en las urnas, la falta de previsión o el abuso de “pequeñas irregularidades” (como calificaron algunos dirigentes de ese espacio a las “pocas” urnas quemadas, a los “escasos” telegramas observados o a las “apenas” algunas urnas de las abiertas con irregularidades del tipo que estaban vacías) hoy conspiran contra ese resultado.

La reacción del peronismo comarcano es tildar a la denuncia y al fallo de la Justicia como un golpe de Estado judicial. Sí así fuera, antes ya se había asestado un artero martillazo al sistema representativo de Gobierno con un sistema electoral vulnerable al fraude.

La oposición también sufre hoy por su connivencia con ese sistema electoral que luego cuestionó. Podría haber luchado con fuerza y ahínco años antes de los comicios para exigir cambios o soluciones. Eligió un tibio silencio sobre esas cuestiones. Decidió jugar con esas reglas, convencida que esa cancha embarrada podría ser dominada por sus jugadores. Perdió y fue a reclamar los puntos al escritorio. Ahora, los que obtuvieron intendencias y bancas se muerden los labios. También perdieron.

Ni oficialistas ni opositores pueden cantar victoria, pero los tucumanos sí sienten la derrota. Los que votaron por unos y por otros fueron defraudados. Su sufragio fue violentado.

El fallo de la Cámara abre otra puerta que, en vez de a una salida, conduce a un laberinto: de ahora en más, se puede esperar desde que se confirme a Manzur como gobernador electo, pasando por un llamado a nuevas elecciones y hasta llegando a una intervención federal. El último “remedio” aparece como el más nefasto, porque quien se siente en el sillón de Lucas Córdoba no sería un elegido directamente por el pueblo. Muchos hablan de que es el camino más cercano y conveniente para unos u otros, según quién llegue en diciembre a la Casa Rosada.

En los comandos de ambos grupos comenzaron ayer a mencionar esa palabra. La promesa oficialista es que, si eso sucede, abarcará también a los jueces. A estas alturas, muchos especulan con que es lo mejor que podría pasarle al Gobierno, en especial a los ultraalperovichistas que sueñan con la posibilidad que se le abriría a su líder de volver a luchar por la gobernación culminado ese mandato intervencionista.

A la postre, Tucumán se convirtió en una suerte de “tonto del medio”: de una punta juega el kirchnerismo, de la otra el macrismo y en el centro el “caso tucumano”, que está siendo utilizado como carne de cañón en la batalla por la Presidencia.

Esta madrugada, en la plaza y en la sede del PJ se escucharon redoblantes y gritos. No eran de algarabía, sino más bien de guerra. La sociedad profundiza su quiebre.

No hay nada para festejar.

Galería 23 fotos La plaza Yrigoyen es el centro de las protestas de los militantes alprovichistas contra los integrantes del Poder Judicial, por el el fallo que anula la elecciones en Tucumán. LA GACETA / Foto de Juan Pablo Sánchez Noli
LA GACETA / Foto de Jorge Olmos Sgrosso
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LA GACETA / Foto de Juan Pablo Sánchez Noli
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